Señor Didier Blanco: la revisión de los esquemas debe corregir posibles irregularidades, destrabar los casos pendientes y garantizar que periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz no queden expuestos por decisiones administrativas.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene por delante una tarea que exige rigor, transparencia y sentido de urgencia: revisar las medidas asignadas, verificar que los recursos públicos se utilicen correctamente y resolver los trámites que puedan comprometer la vida y la integridad de quienes solicitan protección.
Pero hay una advertencia que la nueva dirección no puede pasar por alto: desmontar esquemas no debe convertirse en disminuir indiscriminadamente el número de personas protegidas. Depurar el programa significa identificar y corregir posibles irregularidades, fortalecer las evaluaciones de riesgo y garantizar que las medidas respondan a las necesidades reales de cada beneficiario.
Los datos oficiales muestran la magnitud del trabajo que enfrenta la entidad. Según el informe de gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano de la UNP, durante el primer semestre de 2025 se recibieron 31.077 solicitudes y requerimientos. De ese total, 23.616 correspondían a trámites relacionados con evaluaciones o reevaluaciones del riesgo, mientras que 7.461 correspondían a solicitudes informativas, transferencias y consultas sobre trámites.
Estas cifras no significan que todos esos casos estuvieran represados, pero sí muestran el volumen de solicitudes que la entidad debe gestionar y la necesidad de conocer cuántas permanecen pendientes, cuánto tiempo llevan esperando y cuáles requieren atención prioritaria.
La pregunta para el director Didier Blanco es concreta: ¿cuál es el inventario real de solicitudes pendientes que recibió la nueva administración y qué plan existe para resolver los casos más urgentes?
Las medidas deben responder al riesgo, no a una política de recortes
Durante la administración anterior, encabezada por Augusto Rodríguez, corresponde establecer documentalmente qué solicitudes quedaron pendientes, qué recursos de reposición no fueron contestados, qué órdenes judiciales siguen sin cumplirse y si hubo demoras injustificadas en la implementación de medidas.
Si existen denuncias sobre esquemas asignados sin suficiente sustento técnico, posibles favoritismos o decisiones irregulares, deben investigarse con expedientes y pruebas. Sin embargo, una depuración seria no puede consistir en retirar medidas de manera automática ni en sustituirlas sin verificar que la nueva decisión sea suficiente para enfrentar las amenazas.
El propósito debe ser corregir los posibles abusos sin castigar a quienes necesitan protección. Cada caso exige una evaluación individualizada, actualizada y debidamente motivada.
La Corte Constitucional reiteró esta obligación en la Sentencia T-109 de 2026, al estudiar los casos de un defensor de derechos humanos y un periodista que cuestionaron decisiones de la UNP relacionadas con sus esquemas. La Corte recordó que las modificaciones de las medidas deben considerar integralmente los factores de riesgo y explicar por qué la protección adoptada es adecuada. También destacó el deber reforzado del Estado frente a quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Este precedente deja claro que la revisión administrativa no puede ignorar las circunstancias particulares de cada persona ni convertirse en una decisión meramente formal.
Tutelas, desacatos y recursos pendientes: hay que conocer las cifras
Otro asunto que requiere especial atención es el estado de las órdenes judiciales relacionadas con la protección. La nueva dirección debe informar cuántas tutelas ordenaron actuaciones a la entidad, cuántas decisiones continúan pendientes de cumplimiento y cuántos incidentes de desacato están en trámite.
También es necesario conocer el número de recursos de reposición sin respuesta, las solicitudes de reevaluación del riesgo pendientes y las medidas aprobadas que todavía no se han implementado.
La información debe presentarse con cifras consolidadas y fechas de corte, diferenciando cada clase de trámite. No sería correcto sumar solicitudes, recursos, tutelas y personas protegidas como si fueran una sola categoría, pues pueden corresponder a etapas diferentes de un mismo caso.
La ciudadanía necesita saber qué encontró la nueva administración, qué ha logrado resolver y cuáles son los obstáculos que todavía impiden una respuesta oportuna.
Señor Didier Blanco, la prioridad debe ser evitar que sea demasiado tarde
La UNP debe revisar si existen casos urgentes entre periodistas amenazados, líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz y funcionarios que hayan solicitado protección. En esas situaciones, las demoras deben examinarse con especial cuidado y de acuerdo con el riesgo acreditado.
También es necesario verificar si las personas cuyas medidas se pretende desmontar continúan enfrentando amenazas y si la decisión está respaldada por una evaluación técnica suficiente. Si el riesgo persiste, cualquier modificación debe garantizar una protección adecuada conforme a las circunstancias particulares del caso.
La revisión de esquemas puede ser necesaria para controlar el gasto y corregir irregularidades. Pero el éxito de ese proceso no debe medirse únicamente por la cantidad de medidas retiradas, sino por la capacidad de la entidad para proteger a quienes realmente lo necesitan y responder a tiempo.
Señor Didier Blanco: depurar sí, desproteger no. Revisar sí, improvisar tampoco. Si hubo asignaciones irregulares durante la administración anterior, que se investiguen y se corrijan. Si hay expedientes represados, que se destraben. Si existen recursos sin respuesta u órdenes judiciales pendientes, que se determine su estado y se actúe conforme a la ley.
El país necesita una UNP más rigurosa, transparente y eficaz, no una institución que confunda la depuración administrativa con la reducción de la protección.
La pregunta final es inevitable: ¿cuántos casos pendientes recibió la nueva dirección, cuántos ha resuelto y qué medidas concretas está tomando para garantizar que ninguna persona amenazada quede esperando una respuesta cuando su vida puede estar en peligro?
Señor Didier Blanco, ojo con esto: la negligencia, la omisión y la burocracia no pueden repetirse en este nuevo gobierno. No permita que la historia se repita. La vida de las personas no puede esperar a que la burocracia reaccione.
Fuentes documentales: Informe de gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano de la UNP, primer semestre de 2025; Corte Constitucional, Sentencia T-109 de 2026.
