Por Amalfi Rosales
#Miopinión
Hay una pregunta incómoda que merece abrir el debate público: ¿por qué las movilizaciones propalestinas consiguen convocar multitudes en distintas ciudades del mundo, ocupar titulares y dominar las redes sociales, mientras las víctimas de la violencia en Colombia siguen esperando que su tragedia provoque una indignación de la misma magnitud?
No se trata de desconocer el sufrimiento del pueblo palestino ni de negar el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Se trata de cuestionar las prioridades, los intereses políticos y las asimetrías mediáticas que determinan qué tragedias conmueven al mundo y cuáles terminan convertidas en una estadística.
La fuerza de la convocatoria y el poder de la narrativa
Las campañas propalestinas han demostrado una enorme capacidad de movilización. Organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, colectivos políticos, sindicatos y redes internacionales han contribuido a extender sus mensajes por diferentes continentes. Las imágenes de la destrucción en Gaza, el sufrimiento de los niños y el desplazamiento de familias han alimentado una indignación que trasciende fronteras.
Pero también hay una disputa por el relato. En buena parte del debate público internacional, Israel aparece presentado exclusivamente desde las actuaciones de su Gobierno y sus operaciones militares, mientras que la historia del conflicto, los ataques de Hamás contra civiles israelíes, los secuestros y las amenazas contra la población de Israel reciben, en determinados espacios, una atención mucho menor.
¿Existe manipulación mediática? Puede existir selección interesada de imágenes, desinformación y propaganda de diferentes actores. Sin embargo, no sería riguroso afirmar que todos los medios del mundo ocultan deliberadamente una misma realidad. Lo que sí debemos exigir es información completa, verificación de los hechos y el mismo rigor para examinar las actuaciones de todos los involucrados.
Israel no está por encima de la crítica. Sus decisiones militares deben someterse al escrutinio público y al derecho internacional. Pero tampoco puede convertirse en el único responsable de una historia compleja en la que Hamás ha cometido graves crímenes contra civiles. Defender a la población palestina no exige justificar el terrorismo, del mismo modo que reconocer el derecho de Israel a existir no obliga a respaldar todas las decisiones de su Gobierno.
¿Quién financia las convocatorias?
Esta es otra pregunta legítima que merece respuestas sustentadas en documentos.
Las grandes movilizaciones necesitan organización, comunicaciones, transporte, materiales, redes de voluntarios y, en algunos casos, recursos económicos importantes. En Estados Unidos existen registros públicos que permiten rastrear aportes y gastos de determinadas campañas. También hay investigaciones y sanciones oficiales relacionadas con organizaciones concretas a las que se atribuyen vínculos con grupos terroristas.
Pero una cosa es demostrar que una organización financió una convocatoria y otra, muy diferente, afirmar que financia a Hamás o que paga a los manifestantes. Esas acusaciones necesitan pruebas individualizadas.
Por eso debemos preguntar: ¿quién aporta los recursos?, ¿a través de qué entidades circula el dinero?, ¿qué actividades financia?, ¿qué intereses políticos existen detrás de las campañas? La transparencia debe exigirse sin excepciones y sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
¿Y quién marcha por los niños de Colombia?
Aquí aparece la contradicción que más me preocupa.
En Colombia tenemos comunidades sometidas a la intimidación de grupos armados, familias desplazadas, líderes sociales asesinados y menores de edad reclutados por organizaciones ilegales. La guerrilla y otros grupos armados, incluidas estructuras criminales que se identifican o se han identificado como paramilitares, han protagonizado graves violaciones contra la población civil.
PAZ TOTAL: ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS NIÑOS RECLUTADOS Y ASESINADOS?
Mientras el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y la bancada de la oposición habla de paz, la niñez colombiana sigue atrapada en la guerra. Según Naciones Unidas, los casos verificados de reclutamiento y utilización de menores pasaron de 130 en 2022 a 453 en 2024. Además, entre 2022 y 2024 se verificaron 44 homicidios de niños y niñas en el contexto del reclutamiento o la utilización por grupos armados.
¿Dónde están las garantías para nuestros niños? La paz no puede medirse en discursos ni mesas de negociación, sino en vidas protegidas. ¡Los niños deben estar en las escuelas, no en las filas de los grupos armados! Colombia merece respuestas, resultados y responsabilidades.
Nuestros niños siguen expuestos al reclutamiento y la utilización por grupos armados, a la violencia sexual, al desplazamiento y a la pérdida de sus hogares. Detrás de cada cifra hay una infancia arrebatada, una madre que busca a su hijo y una comunidad que vive bajo amenazas.
¿Por qué esa tragedia no consigue siempre la misma capacidad de convocatoria internacional?
¿Por qué no vemos de manera sostenida movilizaciones multitudinarias, campañas universitarias internacionales y grandes redes de solidaridad dedicadas a exigir que cesen el reclutamiento infantil, las amenazas, los secuestros y los asesinatos en Colombia?
No debemos asumir que nadie protesta por Colombia: existen organizaciones nacionales e internacionales que denuncian estos crímenes y acompañan a las víctimas. La pregunta es por qué esa solidaridad no alcanza, en muchos momentos, la misma visibilidad pública que otras causas internacionales.
¿Será porque unas narrativas conectan mejor con determinadas corrientes ideológicas? ¿Porque algunas causas cuentan con redes internacionales más consolidadas? ¿Porque las imágenes de una guerra internacional generan una respuesta emocional inmediata, mientras nuestros conflictos prolongados terminan normalizados? Son preguntas que merecen investigación, no respuestas prefabricadas.
La solidaridad no puede tener fronteras ideológicas
No quiero un mundo indiferente a Palestina. Quiero un mundo que también mire a Colombia. Que condene el asesinato de civiles en Israel y el sufrimiento de los palestinos, pero que no olvide a los niños colombianos reclutados por grupos armados. Que denuncie la violencia de los ejércitos cuando corresponda, pero que también señale sin ambigüedades los crímenes de las guerrillas, las estructuras paramilitares y las organizaciones criminales.
La indignación selectiva termina convirtiéndose en otra forma de injusticia cuando las víctimas importan más o menos según la bandera que las rodea.
Si una causa es humanitaria, debe defender a los seres humanos sin discriminación. Si se marcha por los niños de Gaza, también debe existir voluntad de alzar la voz por los niños del Catatumbo, el Cauca, el Chocó y tantas otras regiones colombianas golpeadas por la violencia.
No se trata de competir por el dolor ni de enfrentar a unas víctimas con otras. Se trata de exigir coherencia.
Que el mundo mire a Palestina, sí. Pero que no cierre los ojos ante Colombia.
Porque nuestros niños también merecen marchas, titulares, solidaridad internacional y una indignación que no desaparezca cuando dejan de ser noticia.
La pregunta final sigue en pie: ¿quién financia las campañas que alcanzan una enorme capacidad de movilización, qué intereses promueven sus narrativas y qué debemos hacer para que la tragedia colombiana reciba una atención proporcional a la gravedad de sus víctimas?
Investigar esas preguntas es legítimo. Responderlas con rigor es una obligación. Y recordar a nuestros niños no debería depender de la agenda política de nadie.
