El derrumbe ocurrió en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé. Siete personas resultaron heridas y la emergencia vuelve a poner bajo la lupa la minería ilegal, la falta de condiciones de seguridad y los retrasos en la formalización de pequeños mineros.
Una nueva tragedia enluta al Pacífico colombiano. Catorce personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de una mina artesanal de oro en el sector de Chambero, zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño.
La emergencia se registró el lunes 19 de octubre, cuando un deslizamiento de tierra sepultó a trabajadores que realizaban labores de extracción de oro. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades departamentales, entre las víctimas mortales hay 12 mujeres y dos hombres.
Detrás de esta tragedia hay una realidad que no puede pasar inadvertida: muchas de estas personas dependían de la minería artesanal para sostener a sus familias. Según el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, varias de las mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar que salieron a trabajar en busca del sustento diario.
Las autoridades confirmaron que las labores de búsqueda concluyeron y que la atención se concentra ahora en los heridos y en el acompañamiento a las familias que perdieron a sus seres queridos.
Una emergencia agravada por las dificultades de acceso
La atención de la tragedia estuvo marcada por las dificultades geográficas y las condiciones de seguridad de la zona, factores que complicaron la llegada de los equipos especializados y la asistencia a los afectados.
La Agencia Nacional de Minería manifestó su disposición para apoyar las labores de salvamento; sin embargo, las condiciones de acceso y de orden público dificultaron el ingreso de los equipos a la zona afectada.
De los siete heridos, cuatro fueron reportados con lesiones de gravedad, por lo que las autoridades adelantaron gestiones para facilitar su traslado a centros asistenciales con mayor capacidad de atención.
La emergencia vuelve a demostrar la vulnerabilidad de las comunidades rurales que desarrollan actividades económicas de alto riesgo en territorios donde la respuesta institucional enfrenta obstáculos.
La minería ilegal vuelve a quedar en el centro del debate
De acuerdo con los reportes oficiales, la explotación donde ocurrió el derrumbe operaba sin los permisos correspondientes. Esta circunstancia pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles sobre la actividad minera y determinar las condiciones en las que trabajaban las personas afectadas.
Sin embargo, el problema no puede reducirse únicamente a señalar la ilegalidad de una explotación. También es necesario investigar por qué tantas familias dependen de actividades mineras que pueden desarrollarse sin las garantías suficientes de seguridad y protección laboral.
El gobernador Luis Alfonso Escobar solicitó al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería revisar los procesos pendientes de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala.
Según el mandatario departamental, en Nariño existen 181 solicitudes de áreas de reserva especial minera, algunas de ellas con más de 20 años de espera.
Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para ofrecer alternativas legales y seguras a las comunidades que dependen de la extracción de oro para sobrevivir.
Veintisiete muertos en dos tragedias mineras en Nariño
La tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé no es un hecho aislado. El departamento ya había registrado otro accidente minero en agosto, en el municipio de Policarpa, donde murieron 13 personas.
Con los 14 fallecidos de esta nueva emergencia, el balance asciende a 27 víctimas mortales en dos derrumbes mineros registrados en Nariño en menos de tres meses, según la Gobernación departamental.
La repetición de estos accidentes obliga a preguntarse si las medidas de prevención y vigilancia están siendo suficientes y qué acciones concretas se han adoptado para evitar que más trabajadores pierdan la vida.
No basta con lamentar las víctimas después de cada emergencia. Se requieren inspecciones efectivas, evaluación de riesgos, controles sobre las explotaciones que operan sin autorización y avances reales en los procesos de formalización.
¿Quién responde por la seguridad de los pequeños mineros?
La tragedia deja varias preguntas que las autoridades deben responder: ¿qué controles se habían realizado en el lugar?, ¿se habían identificado previamente riesgos de deslizamiento?, ¿qué medidas se adoptaron para prevenir el accidente? y ¿qué alternativas tienen las familias que dependen de la minería artesanal?
La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del derrumbe y determinar si existieron fallas de prevención, vigilancia o actuación institucional. Cualquier responsabilidad deberá establecerse con base en las pruebas y los procedimientos correspondientes.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional debe revisar los obstáculos que mantienen represadas las solicitudes de formalización minera y garantizar que las comunidades puedan desarrollar sus actividades económicas en condiciones dignas y seguras.
La prioridad inmediata es acompañar a las familias de las víctimas y garantizar la atención de los sobrevivientes. Pero, una vez superada la emergencia, será indispensable que las autoridades presenten resultados y expliquen qué medidas se adoptarán para impedir que una tragedia similar vuelva a repetirse.
