El Gobierno anuncia nuevos controles contra empresas de vigilancia. Sin embargo, los señalamientos iniciales deben ser contrastados con las decisiones definitivas de las autoridades y con el derecho de las compañías a defenderse.
El debate sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional después de que el Gobierno anunciara una ofensiva para identificar compañías que eventualmente puedan estar siendo utilizadas como fachada por organizaciones criminales.
El presidente Abelardo de La Espriella aseguró que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe avanzar “departamento por departamento” para fortalecer los controles y establecer el destino de las armas que se encuentren bajo responsabilidad de estas compañías.
De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, Maximus tiene cancelada su licencia, mientras que en los casos de Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación que están pendientes de quedar en firme.
En cuanto a OL Security Group–Servisecurity, el Gobierno informó que permanece suspendida y que el procedimiento relacionado con su eventual cancelación continúa en trámite.
Estas diferencias son importantes porque jurídicamente no es lo mismo una suspensión, una decisión administrativa susceptible de recursos y una cancelación que ya se encuentre ejecutoriada. Pero para entender el actual escenario es necesario mirar hacia atrás.
Durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adoptó una serie de medidas contra empresas del sector.
En abril de 2026, por ejemplo, la entidad anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento en diferentes regiones del país, argumentando que había detectado posibles irregularidades y presuntos riesgos de infiltración criminal. La propia Supervigilancia aclaró que no todas las suspensiones estaban relacionadas con una supuesta infiltración criminal y que algunas obedecían a asuntos administrativos o financieros.
El anuncio generó preocupación, pero también llamados a evitar generalizaciones. Representantes gremiales recordaron que Colombia cuenta con más de 800 empresas de vigilancia y que las compañías involucradas en aquellas actuaciones constituían una parte minoritaria del sector.
Entre las empresas que quedaron en el centro de esa controversia estuvo Atenas Seguridad Privada Ltda., con sede en Barranquilla.
Atenas y los señalamientos públicos
El caso Atenas adquirió una dimensión política y mediática después de que el entonces presidente Gustavo Petro hiciera declaraciones públicas en las que relacionó a trabajadores de la compañía con organizaciones criminales.
La empresa rechazó públicamente esas afirmaciones y sostuvo que no correspondían a la realidad jurídica ni probatoria. manifestando que los señalamientos estigmatizaban a sus trabajadores y sostuvo que las autoridades no habían demostrado que sus empleados pertenecieran a estructuras criminales ni que las armas utilizadas por la compañía fueran ilegales.
En paralelo, el senador Antonio José Correa intervino públicamente alrededor del caso y realizó señalamientos relacionados con la compañía. Estas afirmaciones forman parte de la controversia pública que rodeó a Atenas y deben distinguirse de las decisiones que posteriormente adoptaron las autoridades administrativas.
También hubo actuaciones de la Supervigilancia
La controversia no se limitó a declaraciones políticas.
La entidad señaló entonces posibles fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, además de otros asuntos administrativos y de selección de personal. Las cinco compañías tenían, según la Supervigilancia, 696 hombres en servicio y 483 armas bajo su operación en diferentes departamentos de la Costa Caribe.
El caso Atenas tuvo posteriormente un giro
Después de que la Supervigilancia adoptara inicialmente una decisión de cancelación de la licencia de Atenas, la empresa presentó los recursos correspondientes y ejerció su derecho de defensa.
El resultado posterior modificó sustancialmente el escenario.
La Supervigilancia resolvió el recurso de reposición y determinó que las conductas administrativas analizadas no tenían la gravedad suficiente para mantener la cancelación de la licencia. Toca aclarar si la desicion fue apegada a la ley. Ya que para el Senador Correa ese reversazo de la supeseguridad le parecio sospechoso.
La entidad sustituyó la cancelación por una amonestación escrita y dejó sin efecto las medidas asociadas a la pérdida de la autorización para operar.
La resolución analizó diez cargos relacionados con diferentes aspectos de la operación administrativa de la compañía. De acuerdo con la decisión divulgada, algunos cargos fueron desestimados y otros fueron objeto de subsanación o valoración como atenuantes.
La Supervigilancia también señaló que la culpabilidad bajo la modalidad de negligencia o culpa grave no se encontraba plenamente acreditada dentro de la actuación administrativa.
Porque una cosa es que una empresa haya sido objeto de una investigación o haya recibido una sanción administrativa y otra muy diferente es afirmar que quedó demostrado que la compañía era una fachada de organizaciones criminales.
Para mediado del primer semestre de este año el entonces superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada Larry Álvarez Morales anunció la suspensión de 31 licencias y habló públicamente de una posible infiltración criminal en algunas empresas del sector.
La Supervigilancia explicó que las decisiones incluían diferentes tipos de situaciones y que no todas las compañías habían sido sancionadas por la misma causa.
La propia Supervigilancia posteriormente publicó alcances y rectificaciones sobre la información relacionada con Atenas y modificó la sanción inicial después de estudiar los recursos de la empresa. Segun lo revisado por Super.
La controversia política
El caso también quedó atravesado por acusaciones y contraacusaciones de carácter político.
Mientras desde distintos sectores se cuestionó la situación de la empresa y se plantearon posibles vínculos con estructuras criminales, Atenas rechazó los señalamientos y sostuvo que se trataba de acusaciones que no habían sido demostradas judicialmente.
La discusión involucró además al senador Antonio Correa, cuya intervención pública fue cuestionada por sectores relacionados con la empresa.
¿Qué ocurre ahora con las empresas de seguridad?
El nuevo Gobierno anuncia que continuará revisando el sector y que pondrá especial atención en el control de armas, el personal vinculado a las compañías y los posibles vínculos con estructuras criminales.
La medida puede representar un fortalecimiento de los controles estatales, pero los casos anteriores muestran también la importancia de que cada actuación respete el debido proceso.
Las empresas investigadas deben tener la posibilidad de presentar documentos, controvertir los hallazgos y recurrir las decisiones.
Y si después de ese procedimiento se establece que hubo irregularidades, deberán responder ante las autoridades correspondientes.
Pero si los señalamientos no logran ser demostrados, también debe existir la posibilidad de que las compañías recuperen su autorización y preserven su buen nombre.
Un sector que no puede ser estigmatizado
La vigilancia privada representa una actividad de gran importancia para la seguridad y el empleo en Colombia.
El propio entonces superintendente Larry Álvarez reconoció durante la presentación de las medidas de 2026 que la mayoría de las empresas del sector operan dentro de la legalidad y que la actividad genera empleo para cientos de miles de personas.
Por eso, el debate no debería plantearse como una confrontación entre “empresas legales” y “empresas criminales” sin que existan decisiones definitivas que permitan hacer esa diferenciación.
El Estado debe investigar.
Las empresas deben responder por sus actuaciones.
Y cuando existan señalamientos, deben ser probados.
La pregunta que queda para las autoridades es cómo fortalecer los controles sobre el sector sin permitir la infiltración criminal, pero garantizando al mismo tiempo el debido proceso, el derecho a la defensa y el buen nombre de las empresas y de los miles de trabajadores que dependen de esta actividad.
Las empresas también tienen derecho a defenderse
Las compañías involucradas han tenido que afrontar señalamientos relacionados principalmente con el control de armas y con las personas que han estado vinculadas laboral o administrativamente con ellas.
Frente a este tipo de situaciones, resulta necesario diferenciar entre la conducta de una persona determinada y la responsabilidad de la empresa para la cual trabaja o trabajó.
Que un empleado, contratista, socio o antiguo trabajador tenga una investigación o aparezca mencionado en un proceso judicial no significa automáticamente que la compañía sea responsable de los hechos investigados.
De la misma manera, la existencia de antecedentes o investigaciones contra trabajadores debe ser analizada teniendo en cuenta la fecha de vinculación, las funciones que desempeñaban, los controles realizados por la empresa y las decisiones adoptadas cuando se conocieron determinadas circunstancias.
Este aspecto deberá ser esclarecido mediante documentos, registros de entrega y devolución, inventarios físicos, permisos, reportes ante las autoridades y demás elementos probatorios.
Para las empresas, este también representa un punto central de su defensa, pues deberán poder acreditar, cuando corresponda, cuáles armas estaban bajo su custodia, cuáles fueron entregadas a los servicios autorizados y qué procedimientos internos aplicaron para garantizar su control.
Señalamientos sobre Los Costeños y el Clan Vega Daza
En algunas investigaciones periodísticas se han mencionado presuntos vínculos entre personas relacionadas con determinadas empresas de vigilancia y estructuras criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza.
No obstante, la Fiscalía ha investigado a Lost Prevention dentro de una línea relacionada con el Clan Vega Daza. En el expediente mencionado públicamente se examinó la relación que tuvieron integrantes de esa familia con la empresa y el eventual uso de servicios de seguridad y armas. Noticias Caracol reportó que la Fiscalía investigaba si integrantes de la organización habían utilizado estructuras de la empresa para protección y para adquirir o movilizar armas.
En diciembre de 2024, además, durante el descubrimiento probatorio del proceso contra Nicolás Petro, la Fiscalía confirmó que había ordenado hacerle seguimiento a la compañia, incluyendo la revisión de su carpeta mercantil y de información registrada en RUES, Confecámaras, SECOP y Supervigilancia.
Por ello, corresponde a las autoridades competentes determinar, con pruebas y dentro de los respectivos procesos, si existieron efectivamente vínculos delictivos y si alguna empresa tuvo participación o responsabilidad.
La posición de las empresas será determinante
El desarrollo de estos procesos permitirá establecer cuáles de los hallazgos de las autoridades se mantienen después de que las empresas ejerzan su derecho de defensa y cuáles pueden ser aclarados o desvirtuados mediante documentación y pruebas.
En ese sentido, será importante conocer los argumentos presentados por cada compañía, las respuestas a los requerimientos de la Supervigilancia y las decisiones definitivas que adopte la entidad después de valorar las pruebas.
También será relevante establecer si las decisiones administrativas quedan en firme, son modificadas, revocadas o eventualmente controvertidas ante la jurisdicción correspondiente.
Un sector que requiere controles, pero también garantías
El debate trasciende los nombres de las empresas involucradas.
La vigilancia privada cumple una función importante dentro del sistema de seguridad del país y maneja elementos especialmente sensibles, entre ellos armas de fuego. Por esa razón, las autoridades tienen la obligación de realizar controles rigurosos.
El desafío consiste en lograr que quien incumpla la ley responda ante las autoridades, mientras quienes puedan demostrar que actuaron correctamente tengan la posibilidad efectiva de defenderse y limpiar su nombre.
El Gobierno anunció que las inspecciones continuarán en diferentes departamentos del país.
