El Ministerio Público consideró que el caso de los títulos irregulares podría no agotarse con la condena por fraude procesal. Un juez ordenó compulsar copias a la Fiscalía para determinar si existió falsedad ideológica en documento público.
El caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la exfuncionaria que reconoció su responsabilidad en el escándalo de los títulos universitarios irregulares, tomó un nuevo rumbo luego de una intervención de la Procuraduría General de la Nación durante la audiencia en la que se avaló el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitó que se compulsaran copias para que se investigara si Guerrero pudo haber incurrido en una conducta diferente a la que fue objeto del acuerdo judicial: falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora.
La petición fue acogida por el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien ordenó remitir las copias a la Fiscalía General de la Nación.
La Procuraduría cuestionó que el caso pudiera terminar allí
La intervención del Ministerio Público cobra especial importancia porque se produjo cuando Guerrero ya había aceptado su responsabilidad por fraude procesal y había alcanzado un preacuerdo con la Fiscalía.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la investigación que dio lugar al acuerdo estaba relacionada con el uso de documentos académicos irregulares para acreditar una formación que Guerrero no tenía y así cumplir los requisitos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
Sin embargo, para la Procuraduría existían elementos que ameritaban examinar si detrás de esos documentos podía existir una conducta penal adicional.
Por eso pidió que la Fiscalía investigara la posible falsedad.
¿Qué significa la decisión?
La decisión no significa que Juliana Guerrero haya sido condenada por un segundo delito.
El juez fue explícito en señalar que la compulsa de copias no constituye un prejuzgamiento ni una sentencia condenatoria. Lo que hace es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que determine si existe mérito para adelantar una investigación.
En otras palabras, ahora será la Fiscalía la que tendrá que establecer si existen elementos suficientes para demostrar una eventual participación de Guerrero en la falsedad documental.
El punto jurídico que ahora queda abierto es fundamental.
Una cosa es utilizar un documento irregular para obtener un beneficio o producir un efecto jurídico, conducta que fue objeto de la condena por fraude procesal.
Otra diferente es determinar si la persona tuvo participación en la elaboración, determinación o generación de la falsedad contenida en un documento público.
Precisamente esa segunda posibilidad es la que deberá examinar la Fiscalía.
El juez señaló que, aparentemente, la falsedad documental pudo haber servido como medio para cometer el fraude procesal y, por esa razón, consideró procedente compulsar las copias.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció haber cometido fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos ante el entonces Ministerio de la Igualdad con el propósito de quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La aceptación de responsabilidad permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
El juez impuso una pena de 36 meses de prisión, además de las consecuencias económicas y la inhabilidad correspondiente. La ejecución de la pena fue suspendida bajo las condiciones establecidas judicialmente, por lo que Guerrero no tendrá que cumplir esos tres años en un establecimiento carcelario.
La Procuraduría abre una nueva discusión
La actuación del Ministerio Público introduce ahora una pregunta que deberá responder la justicia:
¿Juliana Guerrero solamente utilizó los documentos académicos irregulares o tuvo alguna participación en la determinación de la falsedad contenida en ellos?
Esa pregunta no quedó resuelta con la condena por fraude procesal.
La Fiscalía deberá analizar las copias remitidas por el juez y determinar si existe mérito para iniciar una nueva actuación penal.
Mientras tanto, jurídicamente debe mantenerse la precisión: Guerrero ya fue condenada por fraude procesal, pero la posible falsedad ideológica en documento público es, por ahora, una conducta que deberá ser investigada y no una nueva condena.
La Procuraduría no dejó pasar el caso. Pidió investigar un posible delito adicional y consiguió que un juez compulsara copias a la Fiscalía. Por eso, el expediente de Juliana Guerrero podría tener todavía otro capítulo judicial.
