La ministra Ana María Vesga solicitó la intervención de la Contraloría y la Procuraduría para revisar la asignación de recursos destinados a infraestructura y equipos básicos de salud durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro. También reportó proyectos sin soportes técnicos y presuntas presiones para acelerar trámites.
Una nueva alerta sobre el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud quedó bajo la lupa de los organismos de control. La ministra de Salud, Ana María Vesga, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para investigar presuntas irregularidades en la asignación de $885.000 millones para proyectos de infraestructura y equipos básicos de salud.
Según informó la funcionaria, entre el primero y el 6 de agosto de 2026 se aprobaron recursos por ese monto. De acuerdo con la revisión presentada por el Ministerio, $403.000 millones no contaban con registro presupuestal al momento de su aprobación, una situación que requiere establecer bajo qué condiciones se autorizaron los recursos y si se cumplieron los procedimientos correspondientes. <Cite refs={[«turn596562search5″,»turn596562search6»]}/>
La denuncia abre interrogantes sobre los controles aplicados a las decisiones presupuestales, los documentos que respaldaron los proyectos y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en los procesos de aprobación.
Proyectos sin soportes técnicos y aprobaciones cuestionadas
Los hallazgos divulgados por la ministra incluyen otros aspectos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.
Según Vesga, se identificaron $57.000 millones asignados sin propuesta técnica y otros $45.000 millones cuyas propuestas fueron radicadas después de que los recursos ya habían sido aprobados.
La funcionaria también alertó sobre obras que, según la revisión interna, habrían sido aprobadas sin estudios ni diseños previos, así como proyectos autorizados por montos superiores a los solicitados inicialmente.
A estas situaciones se suman denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los trámites administrativos y los desembolsos.
Los señalamientos no constituyen por sí solos una declaración de responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria. Corresponde a los organismos de control revisar los expedientes, verificar los soportes y determinar si hubo incumplimientos o conductas irregulares.
$4,8 billones comprometidos sin obligar
Otro de los puntos expuestos por el Ministerio tiene que ver con el estado de ejecución presupuestal de los recursos destinados al sector.
La ministra aseguró que, a agosto de 2026, existían $4,8 billones comprometidos sin obligar y que algunos proyectos habían recibido desembolsos sin cumplir las metas previstas. <Cite refs={[«turn596562search5″,»turn596562search9»]}/>
Esta cifra requiere una explicación técnica y detallada. Un recurso comprometido no significa necesariamente que el dinero haya sido pagado, perdido o utilizado irregularmente. Por ello, es necesario establecer qué proyectos respaldan esos compromisos, cuánto se ha ejecutado, cuáles son los pagos realizados y qué resultados se han obtenido.
La revisión deberá permitir determinar si los recursos fueron destinados conforme a sus objetivos y si las inversiones financiadas han producido los beneficios previstos para los pacientes y las comunidades.
Recursos para salud: ¿quién responde por las decisiones?
El asunto adquiere especial relevancia porque los recursos cuestionados estaban destinados a infraestructura y equipos básicos, componentes fundamentales para fortalecer la atención sanitaria, especialmente en territorios con dificultades de acceso a los servicios.
La pregunta central es si las decisiones de asignación estuvieron respaldadas por los requisitos técnicos y presupuestales exigidos y si los mecanismos de supervisión funcionaron adecuadamente.
También será necesario conocer qué proyectos recibieron los recursos, cuáles fueron sus beneficiarios, qué funcionarios participaron en las aprobaciones y si se presentaron advertencias antes de autorizar los desembolsos.
La transparencia exige que estas preguntas se respondan con documentos verificables y no solamente con declaraciones institucionales.
El reto de los organismos de control
El Ministerio anunció que pondrá los expedientes a disposición de la Contraloría y la Procuraduría para que adelanten las revisiones correspondientes.
La Contraloría deberá examinar los posibles efectos sobre los recursos públicos dentro de sus competencias, mientras que la Procuraduría podrá evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias. Si durante las verificaciones aparecen elementos que puedan constituir delitos, corresponderá a la Fiscalía investigar las posibles responsabilidades penales.
Hasta que concluyan las actuaciones, los señalamientos deben entenderse como alertas que requieren comprobación.
El Espacio Noticias considera que el país necesita respuestas claras sobre el destino de cada peso asignado a la salud. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se aprobó, con qué respaldo presupuestal, quién tomó las decisiones y cuáles fueron los resultados de las inversiones.
La investigación apenas abre una nueva etapa de vigilancia sobre los recursos sanitarios. El resultado de las auditorías será determinante para establecer si existieron irregularidades y quiénes, en caso de comprobarse, deberán responder ante la ley.
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social; declaraciones de la ministra Ana María Vesga, difundidas el 27 de octubre de 2026, y reportes de Caracol Radio y El Espectador.
