El oficial asegura que fue víctima de presuntos hostigamientos, señalamientos infundados y estigmatización por su trabajo en inteligencia militar. En una carta pública fechada el 26 de octubre de 2026, solicita la reivindicación de su dignidad, la recuperación de su honra y que se estudie su reincorporación al servicio activo.
El coronel retirado Tito Nelson González Cepeda acudió a un pronunciamiento público dirigido al presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Abelardo De La Espriella, para solicitar la reivindicación de su honor militar y una revisión de su situación profesional, después de quedar por fuera del proceso de ascenso al grado de brigadier general.
En la carta, el oficial expuso las circunstancias que, según su versión, rodearon su retiro voluntario del Ejército Nacional, así como los presuntos hostigamientos, señalamientos y actos de estigmatización que, afirma, afectaron su trayectoria militar y su entorno familiar.
Su petición se conoce después de que el Gobierno ordenara la reincorporación de cuatro coroneles al servicio activo mediante el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, incluyéndolos en el proceso de ascenso al grado de brigadier general, de acuerdo con información publicada por medios de comunicación.
Sin embargo, González sostiene que su situación continúa pendiente y que las solicitudes que presentó ante los canales institucionales no le han permitido obtener una respuesta satisfactoria. Pues una de la promesas en campaña asegurando estudiaria los procesos de cada miembro de la fuerza publica que fueron afectados por decisiones administrativas o señalamientos por parte del Gobierno anterior.
González afirma que fue víctima de hostigamiento y estigmatización
En su carta, el coronel sostiene que fue seleccionado para realizar el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) 2024, una etapa de formación relevante dentro de la carrera de los oficiales que aspiran a los más altos grados de responsabilidad.
Según su relato que subio a su cuenta de X, explica que pese a haber culminado satisfactoriamente el curso, el contexto institucional y político lo llevó a solicitar su retiro voluntario, en lugar de continuar buscando una solución por otras vías.
González afirma que durante su carrera actuó bajo principios de legalidad, transparencia, lealtad institucional e independencia profesional. También niega haber pertenecido o cedido ante intereses particulares, presiones políticas o sesgos ideológicos.
La situación plantea interrogantes sobre el destino de otros integrantes y exintegrantes de distintas instituciones de la Fuerza Pública que aseguran haber sido víctimas de desinformación, calumnias y expresiones humillantes que atribuyen al expresidente Gustavo Petro. Según sus denuncias, estos señalamientos habrían afectado su reputación y trayectoria profesional, mientras algunos continúan a la espera de una revisión de sus casos y no han regresado al servicio activo.
Por ello, la atención no debe centrarse exclusivamente en los cuatro coroneles reincorporados ni en la situación particular de Tito N. González. También resulta necesario conocer los casos de otros uniformados que solicitan la revisión de sus expedientes, el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon sus retiros y la determinación de posibles vulneraciones de sus derechos.
Cada situación requiere un análisis individual, basado en los antecedentes, las decisiones administrativas, las pruebas disponibles y las respuestas de las instituciones competentes. Dado que las circunstancias de cada retiro pueden ser diferentes, cualquier decisión sobre una eventual reincorporación debe ajustarse a los requisitos legales y sustentarse en criterios objetivos y verificables.
Entre los hechos que expone se encuentran presuntos señalamientos infundados y la cancelación temporal de una comisión diplomática como adjunto militar a finales de 2022. Asimismo, menciona presuntos intentos de obtener información de contrainteligencia bajo circunstancias que, según su versión, habrían afectado su reputación.
Confió en los canales institucionales, pero asegura que no obtuvo respuestas suficientes
El oficial explica que una de las decisiones más difíciles fue abstenerse inicialmente de acudir a los tribunales para buscar el restablecimiento de sus derechos. Según señala, decidió confiar en los mecanismos administrativos y en la posibilidad de que la propia institución revisara su situación de manera objetiva.
Posteriormente, presentó dos solicitudes formales de reincorporación y reivindicación de su honor militar.
Sin embargo, afirma que las respuestas recibidas no ofrecieron explicaciones suficientemente claras ni le permitieron exponer personalmente sus argumentos ante integrantes de la línea de mando del sector Defensa o del Ejército Nacional.
La falta de una solución que considerara satisfactoria lo llevó a hacer pública su reclamación, con la esperanza de que las autoridades revisen nuevamente su expediente.
Una respuesta pendiente del sector Defensa
El pronunciamiento de González pone sobre la mesa la necesidad de conocer la posición del Ministerio de Defensa y del Comando del Ejército frente a sus reclamaciones. También sería pertinente que las instituciones correspondientes expliquen qué procedimientos existen para atender casos similares de otros integrantes y exintegrantes de la Fuerza Pública.
La pregunta no se limita a quién regresa al servicio activo, sino también a cuáles son los criterios utilizados para evaluar las solicitudes, cómo se garantiza la objetividad de las decisiones y qué vías tienen quienes consideran que su reputación o su trayectoria fueron afectadas injustamente.
Por ahora, los señalamientos contenidos en la carta corresponden a la versión del oficial y deben ser contrastados con las autoridades y la documentación pertinente.
El caso de Tito N. González, junto con las reclamaciones de otros uniformados que esperan una revisión de sus situaciones, plantea un desafío institucional: garantizar que las decisiones sobre la carrera militar y policial respondan a criterios verificables, respeten el debido proceso y permitan esclarecer cualquier posible irregularidad, sin anticipar conclusiones que todavía no estén respaldadas por pruebas.
