El Juez Décimo Administrativo de Barranquilla, despacho donde se encuentra un desacato impetrado por ASOJUA hace 8 años, en contra del ministerio de Hacienda y la Gobernación del Atlantico por no darle cumplimiento a la sentencia en primera y segunda instancia de la Acción Popular que puso la asociación de pensionados de la universidad, ante el incumplimiento por parte de Hacienda y Gobernación de girarle mensualmente a la universidad el porcentaje que por ley 100 del 93, y ley 30 de 1.992, le corresponde.
Para evadir esa responsabilidad, forzaron a la universidad a firmar un acuerdo de concurrencia en el año 2003, fijando unos %, que desvirtuaban la realidad de los hechos. ASOJUA demostró con firmeza y consistencia que esos %, no eran los que cada institución debería pagar, y el Tribunal del Atlantico y el Consejo de Estado le dieron la razón.
Ese fallo, le ha permitido a la universidad recuperar $300.000 millones, dinero que con sus recursos le pagó a los pensionados y que no fueron reconocidos por el ministerio.
Pero esto no solucionó el problema en su totalidad, por la sencilla razón que el ministerio de Hacienda secundado por la gobernación no reconocen unas pensiones porque fueron otorgadas por la convención colectiva desconociendo el fallo de la Acción Popular, que dice “que todas las pensiones otorgadas por la universidad son legales, y que el único que puede decir en Colombia si un acto administrativo es legales o ilegal es un juez de la República”. ASOJUA a esos funcionarios de Hacienda los denunció ante la Fiscalía por desconocer fallo judicial , por supuesto sin resultado alguno ya que estas entidades como casi todos en el país , le tienen temor al ministerio de Hacienda.
Ante ese desconocimiento del fallo, al dejar de reconocer unas pensiones ASOJUA impetro el desacato, que el juez se ha demorado en fallar por culpa de los rectores y administrativos de la universidad . Esa es la triste realidad y prueba de ello, es el requerimiento que le hace el juez a la universidad, para que entregue en cinco (5) días la información para poder fallar.
Este fallo, le puede generar a la universidad alrededor de $200.000 millones o más, dinero de libre destinación, como los $300.000 ya recibidos.
Es que no podemos entender tanta desidia en la universidad para entregar la información que le solicitan cuando es la única beneficiaria de ese fallo, por qué los pensionados no recibimos un solo peso de la Acción Popular que pagamos con nuestros ingresos y con el fallo de desacato. Procesos a los cuales la universidad si tuviera otra clase de dirigentes colaboraría con su equipo jurídico para sacar esos fallos lo antes posible. Nunca lo hizo, nunca ASOJUA ha recibido un agradecimiento de los rectores de turno, ni del Consejo Superior de la universidad.
Pero a pesar de ello, los pensionados que además hoy estamos recibiendo un mal servicio de salud, donde no hay entrega de medicamentos, ni especialistas, no da su brazo a torcer y sigue en la brega solicitándole al juez que no dilate más el proceso y falle, por supuesto a favor de ASOJUA porque hemos demostrado que tanto el ministerio como la gobernación están en desacato.
Anexamos misiva del juez Décimo Administrativo.
Tamarac-Florida octubre 22 de 2026
