El video del comerciante de 67 años, encadenado y con un candado alrededor del cuello, genera rechazo y revive las exigencias de la comunidad de Caquetá. La Defensoría del Pueblo y las autoridades deben pronunciarse y priorizar su liberación.
Colombia vuelve a enfrentarse a una imagen que estremece y despierta indignación. La difusión de una prueba de supervivencia del ganadero y comerciante Jaime Cutiva, de 67 años, desaparecido desde el pasado 15 de octubre en San Vicente del Caguán, Caquetá, ha generado un profundo rechazo por las condiciones en las que aparece retenido.
En la grabación, Cutiva se observa encadenado, con un candado alrededor del cuello y las manos, mientras envía un mensaje a sus familiares. Su imagen plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede un ser humano ser sometido a semejantes condiciones?
No se trata solamente de un caso de desaparición o de una familia que lleva días esperando noticias. Se trata de la libertad, la dignidad y la integridad de una persona que debe regresar sana y salva a su hogar.
Rechazo a la barbarie y exigencia de respeto por la vida
Si se confirma que detrás de este secuestro está una estructura guerrillera, sus responsables deberán responder por sus actuaciones ante la justicia. Ninguna ideología, causa política ni argumento armado puede justificar el secuestro de un civil o el trato degradante contra una persona privada de la libertad.
El secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario. Quienes mantienen cautiva a una persona tienen la obligación de respetar su vida, su integridad y su dignidad. La población civil no puede convertirse en instrumento de presión ni quedar sometida al poder de los grupos armados ilegales.
La prueba de supervivencia ha permitido conocer que Cutiva aparece con vida en la grabación. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente el lugar exacto del cautiverio ni se ha confirmado la identidad de sus captores.
Por eso, además del rechazo ciudadano, se requiere una respuesta efectiva de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y conseguir su liberación.
¿Dónde está la defensora del Pueblo?
La difusión de estas imágenes también plantea un interrogante institucional: ¿dónde está la Defensoría del Pueblo frente a este caso y qué gestiones humanitarias está adelantando para proteger a Jaime Cutiva y acompañar a su familia?
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha rechazado anteriormente el secuestro de personas y ha exigido la liberación inmediata de ciudadanos retenidos por grupos armados ilegales. La entidad también ha sostenido que ninguna causa justifica privar a una persona de su libertad.
Ante la gravedad de las imágenes conocidas, la ciudadanía espera que la Defensoría informe si está en contacto con la familia, si ha activado canales humanitarios y qué acciones puede impulsar, dentro de sus competencias, para contribuir a la protección del comerciante.
La pregunta no busca reemplazar las labores de los organismos de investigación ni interferir con las operaciones de seguridad. Busca exigir que las instituciones encargadas de defender los derechos humanos mantengan su atención sobre una persona cuya situación genera alarma nacional.
También es necesario que la Fiscalía y las autoridades responsables de la búsqueda informen, en la medida en que la investigación lo permita, sobre los avances del caso y las acciones para ubicar a los responsables.
Una familia que espera respuestas
Jaime Cutiva desapareció el 15 de octubre. Durante la búsqueda, sus familiares identificaron como suyo un vehículo que fue encontrado incinerado en una zona rural de Caquetá. Posteriormente se difundió la grabación en la que aparece encadenado y envía un mensaje a sus seres queridos.
Cada día sin noticias claras prolonga la angustia de su familia y mantiene a la comunidad pendiente de su suerte. La movilización de familiares, comerciantes, ganaderos y habitantes de San Vicente del Caguán refleja la exigencia de respuestas y la esperanza de que el hombre regrese a casa.
La prioridad debe ser preservar su vida y lograr su liberación, sin convertir el caso en una disputa política ni anticipar responsabilidades que aún deben ser establecidas por las autoridades.
Colombia no puede normalizar el secuestro
Las imágenes de Jaime Cutiva son un llamado de atención sobre la persistencia de la violencia y la vulnerabilidad de quienes quedan en manos de estructuras armadas ilegales.
El país necesita respuestas concretas: que sus captores respeten su vida, que las autoridades actúen y que las instituciones de derechos humanos informen qué están haciendo ante esta situación.
La pregunta sigue en pie: ¿dónde está la Defensoría del Pueblo y qué acciones está adelantando para contribuir a proteger a Jaime Cutiva?
La familia merece respuestas. La sociedad merece conocer los avances de la investigación. Y Jaime Cutiva merece recuperar su libertad y volver a casa.
