La Fiscalía imputó cargos a un subintendente y un patrullero señalados de presionar a un ciudadano en Cali. Según la investigación, los uniformados habrían utilizado información relacionada con un proceso de extradición para obtener un beneficio económico.
Un nuevo caso que involucra a integrantes de la Policía Nacional quedó en manos de la justicia, luego de que la Fiscalía General de la Nación judicializara a dos uniformados señalados de presuntamente exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición.
Los procesados fueron identificados como el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, quienes fueron imputados por el delito de concusión, de acuerdo con la información oficial entregada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía.
Los hechos materia de investigación se habrían registrado entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, en el sur de Cali, Valle del Cauca.
Un supuesto caso de maltrato infantil habría sido el punto de partida
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos presentada por la Fiscalía, los dos uniformados habrían ingresado a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali, bajo el argumento de verificar una situación relacionada con un supuesto caso de maltrato infantil.
Esta actuación, según el organismo investigador, les habría permitido identificar a una persona que posteriormente se convertiría en el centro de sus presuntas exigencias económicas.
Durante ese primer acercamiento, los policías habrían obtenido información personal del ciudadano. La Fiscalía sostiene que, al parecer, los datos recopilados en esa oportunidad habrían sido utilizados posteriormente para establecer contacto con él.
Nueve días después, los uniformados habrían regresado al mismo conjunto residencial. En esta segunda ocasión, presuntamente abordaron al hombre para ofrecerle información relacionada con procesos judiciales que supuestamente se adelantaban en su contra.
La información que habrían ofrecido estaría vinculada con una investigación por tráfico de estupefacientes y un procedimiento de captura con fines de extradición.
La presunta exigencia económica
Según la Fiscalía, los dos policías habrían aprovechado su condición de servidores públicos para exigirle dinero al ciudadano, utilizando como argumento la posibilidad de suministrarle detalles reservados de los procesos judiciales.
La hipótesis investigativa apunta a que los uniformados habrían presentado el acceso a esa información como una oportunidad para que el hombre conociera aspectos de las actuaciones judiciales que supuestamente se adelantaban en su contra.
El caso es investigado bajo el delito de concusión, una conducta que se relaciona con el abuso de la función pública para obtener una ventaja indebida.
La Fiscalía no precisó en su comunicado el monto de dinero que presuntamente habría sido exigido, ni detalló si el ciudadano llegó a realizar algún pago.
Tampoco se entregaron mayores detalles sobre el contenido de la investigación por narcotráfico que supuestamente se adelantaba contra el hombre abordado por los uniformados.
Capturados en una estación de Policía
Tras adelantar varias actividades investigativas y establecer la posible comisión de la conducta ilícita, las autoridades procedieron a la captura del subintendente Carlos Hernando Figueroa y del patrullero Teodoro Ruiz Rojas.
La Fiscalía informó que ambos fueron capturados en la estación de Policía de El Caney, en Cali.
Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, donde se realizó la imputación correspondiente.
El organismo investigador les atribuyó el delito de concusión, en calidad de presuntos responsables. Sin embargo, la imputación de cargos no constituye una sentencia ni significa que su responsabilidad penal haya sido demostrada.
Información reservada bajo investigación
El caso tiene como uno de sus elementos centrales el supuesto uso de información reservada relacionada con una investigación por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición.
De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados habrían utilizado esa información como mecanismo de presión para obtener dinero de un ciudadano.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habría producido el acercamiento, la forma en que los policías habrían obtenido los datos personales del hombre y el alcance de la presunta exigencia económica.
El boletín oficial no establece si la información que los uniformados supuestamente ofrecían correspondía a documentos judiciales, datos operativos o detalles específicos de las actuaciones investigativas.
Tampoco señala que exista una relación comprobada entre los dos policías y otras personas vinculadas al proceso por narcotráfico.
Continuarán vinculados al proceso judicial
Por disposición de un juez de control de garantías, los dos uniformados continuarán vinculados a la investigación.
La Fiscalía indicó que el caso se encuentra en desarrollo y que la información divulgada corresponde a hechos de interés general.
La situación vuelve a poner en discusión la importancia de los mecanismos de control sobre el manejo de información reservada y el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos que participan en investigaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico.
Por ahora, la responsabilidad penal del subintendente Carlos Hernando Figueroa y del patrullero Teodoro Ruiz Rojas deberá ser determinada por las autoridades judiciales. Ambos se encuentran amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
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