Colfecar lanzó una alerta por la situación de seguridad que enfrenta el transporte de carga en Colombia. El gremio reportó 273 novedades de seguridad durante los últimos cuatro años, entre ellas vehículos quemados, asesinatos y ataques con explosivos.
La seguridad en las carreteras volvió a convertirse en uno de los principales reclamos del sector transportador colombiano.
Durante el Congreso de Colfecar, que se realiza en Cartagena, la presidenta del gremio, Nidia Hernández, presentó un balance sobre las condiciones de seguridad que han enfrentado los transportadores durante los últimos cuatro años.
Según las cifras expuestas por Colfecar, 158 vehículos fueron incinerados, 56 personas fueron asesinadas y se registraron 86 artefactos explosivos en las carreteras nacionales, para un total de 273 novedades de seguridad reportadas por el sector.
Cinco departamentos concentran parte de la preocupación
Colfecar identificó a Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Cesar entre los departamentos que presentan mayores riesgos para el transporte de carga.
A la violencia se suma la extorsión, que, según la presidenta del gremio, afecta tanto a propietarios de vehículos como a empresarios del sector.
Hernández también señaló que la presencia de grupos armados habría aumentado 90 % entre 2022 y 2026, llegando actualmente a 804 municipios, una situación que, de acuerdo con el gremio, incrementa los riesgos para conductores y mercancías en diferentes regiones del país.
Colfecar pide más inteligencia y presencia en las vías
Ante este panorama, el gremio pidió al Gobierno y a la Fuerza Pública fortalecer las capacidades de inteligencia, aumentar el pie de fuerza y desarrollar acciones preventivas.
La presidenta de Colfecar planteó la necesidad de recuperar una mayor coordinación entre Policía y Ejército para anticiparse a los ataques y no limitar la respuesta institucional a actuar después de que ocurran los hechos.
El gremio también cuestionó la situación de algunas herramientas de vigilancia utilizadas anteriormente en las carreteras y pidió fortalecer los sistemas de reacción y monitoreo.
2.841 bloqueos y pérdidas por $12,9 billones
La inseguridad no es el único problema.
Colfecar informó que entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de agosto de 2026 se registraron 2.841 bloqueos en las vías nacionales, con pérdidas estimadas para el sector transporte en $12,9 billones.
El número de bloqueos pasó de 780 en 2023 a 801 en 2024 y 833 en 2025, según el balance presentado por el gremio.
Entre las causas identificadas aparecen reclamos relacionados con incumplimientos del Gobierno Nacional, problemas de energía, deterioro de las vías, dificultades con el servicio de agua y protestas de comunidades y sectores agrícolas.
El Caribe aparece entre las regiones más afectadas
El problema tiene un fuerte componente regional.
Según las cifras presentadas por Colfecar, Córdoba registró 385 bloqueos, Bolívar 324, Atlántico 238 y La Guajira 229 entre enero de 2023 y agosto de 2026.
Esto ubica a varios departamentos de la región Caribe entre los territorios con mayor número de afectaciones para el transporte de carga.
¿Quién termina pagando los costos?
El gremio advierte que las consecuencias de la inseguridad y los bloqueos no recaen únicamente sobre los transportadores.
Cuando una carretera permanece cerrada, los vehículos quedan detenidos, aumentan los tiempos de viaje y se generan costos adicionales de operación. Esto puede terminar repercutiendo en la cadena logística y en el precio final de los productos.
A esto se suma el aumento de varios componentes de la operación. Durante el Congreso de Colfecar se señaló que en los últimos cuatro años el diésel aumentó 25 %, los salarios más el auxilio de transporte 79 % y los peajes 40 %.
El sector transportador sostiene que estos factores están ejerciendo una fuerte presión sobre sus costos y sobre la competitividad del país.
El llamado del gremio
Colfecar plantea que la solución no puede limitarse a despejar las vías después de un bloqueo o responder una vez ocurre un ataque.
El gremio reclama mayor inteligencia, presencia permanente de la Fuerza Pública, prevención y atención anticipada de las problemáticas sociales que terminan provocando cierres de carreteras.
El debate queda abierto: mientras las comunidades reclaman soluciones a problemas de infraestructura y servicios públicos, los transportadores advierten que los bloqueos y la inseguridad están afectando la movilidad de mercancías y aumentando los costos de la cadena logística nacional.
El desafío para las autoridades será encontrar mecanismos que permitan atender los reclamos sociales sin que las carreteras nacionales terminen convertidas en escenarios permanentes de confrontación o presión.
