Los bienes, entre inmuebles y sociedades, están avaluados preliminarmente en cerca de $20.000 millones. Entre los afectados figuran Iván Name, Andrés Calle, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este jueves 1 de octubre de 2026 en la investigación patrimonial relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 bienes, cuyo valor preliminar se aproxima a los $20.000 millones.
La actuación comprende 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos del país. La Fiscalía señala que estos activos estarían relacionados con seis personas vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de contratos y la desviación de recursos destinados a la atención de emergencias.
Entre los afectados aparecen el expresidente del Senado Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Un inmueble en Juan de Acosta
Uno de los elementos que llama la atención en el Caribe colombiano es que uno de los cuatro activos atribuidos a Iván Name está ubicado en Juan de Acosta, Atlántico.
Los otros tres bienes relacionados con Name se encuentran en Bogotá, Villavicencio y Sopó, Cundinamarca. En el caso de uno de estos últimos, la medida cautelar recaería únicamente sobre el 33 % de la propiedad que correspondería al exsenador.
Por su parte, a Andrés Calle se le atribuyen cuatro inmuebles ubicados en Montería; Olmedo López tendría un inmueble en Medellín y Sneyder Pinilla uno en Sabana de Torres, Santander.
El mayor número de activos corresponde al contratista Luis Eduardo López Rosero, con siete bienes ubicados entre Pasto, Chachagüí y Cúcuta. Según la información divulgada sobre la investigación, entre estos aparecen sociedades que habrían sido utilizadas para participar en la contratación de la UNGRD y para dar tránsito a recursos recibidos.
¿Qué significa la medida?
La Fiscalía explicó que las medidas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios, diligencias que son materializadas por funcionarios del CTI, en coordinación con el Ejército Nacional.
Sin embargo, la medida cautelar no significa que los bienes ya hayan pasado definitivamente al Estado. El proceso de extinción de dominio debe continuar y será la autoridad judicial competente la que determine si procede la extinción definitiva de los derechos sobre los activos.
La actuación constituye un nuevo frente dentro del caso UNGRD: además de establecer responsabilidades penales, las autoridades buscan determinar qué patrimonio podría estar relacionado con los hechos investigados y eventualmente recuperar activos para el Estado.
