Las denuncias periodísticas que durante más de un año alertaron sobre presuntas irregularidades dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Riohacha finalmente derivaron en un proceso judicial que hoy sacude a la seccional de la Dian en La Guajira.
Lo que circuló entre denuncias periodísticas, testimonios reservados y señalamientos sobre presuntos cobros irregulares dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Riohacha, finalmente estalló en los estrados judiciales. La Fiscalía General de la Nación asestó uno de los golpes más contundentes contra la presunta corrupción administrativa en La Guajira, tras la captura de cuatro personas vinculadas a la Dian, señaladas de integrar un supuesto entramado de manipulación de sanciones tributarias, cobros ilegales y actuaciones administrativas irregulares.
Se trata de tres funcionarios y una pensionada de la entidad, quienes fueron presentados ante la jueza quinta penal municipal con funciones de control de garantías de Riohacha, Viviana Zafra, durante una audiencia virtual liderada por el fiscal especializado de Bogotá, Juan David Huepes.
Los capturados enfrentan imputaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por acción, en medio de una investigación que busca determinar si desde oficinas de la Dian en Riohacha se habría estructurado un esquema para manipular sanciones tributarias, alterar actuaciones administrativas y presuntamente exigir dinero a contribuyentes a cambio de beneficios.
La decisión judicial incluyó la legalización de las capturas y una medida preventiva de privación de la libertad mientras avanza el proceso. Los procesados permanecen recluidos en el antiguo Caimeg.
El origen: denuncias públicas y presiones tributarias
Uno de los casos tiene como punto de partida denuncias conocidas desde enero de 2025, cuando el noticiero nacional Noticias Uno reveló información sobre presuntas exigencias económicas realizadas a ciudadanos y empresas investigadas por inconsistencias tributarias, principalmente relacionadas con el IVA.
Detrás de las alertas iniciales estuvo la suscrita periodista Amalfi Rosales, quien puso en conocimiento de la propia Dian las supuestas irregularidades que según varias denuncias ciudadanas y empresariales venían ocurriendo desde años anteriores en la seccional de Riohacha.
Uno de los episodios más sensibles involucra a una IPS, cuyos representantes denunciaron presuntas irregularidades tras una visita de inspección realizada por funcionarios de la Dian.
Según la información expuesta en el proceso, después de revisar libros contables y documentación financiera, la entidad habría recibido notificaciones por supuestas inconsistencias en facturación que, según sus directivos, no correspondían a la realidad administrativa de la IPS.
La sanción inicialmente habría alcanzado los 560 millones de pesos. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, el monto fue reducido a cerca de 386 millones en medio de presuntas propuestas irregulares para “arreglar” el proceso mediante pagos ilegales.
Los representantes de la IPS habrían rechazado cualquier entrega de dinero. Tiempo después, una cuenta bancaria de la entidad fue embargada, aunque posteriormente la medida habría sido levantada.
El temor a denunciar este tipo de actuaciones en La Guajira, según varias fuentes consultadas, terminó convirtiéndose en una especie de mecanismo de silencio alrededor de las presuntas irregularidades que hoy investiga la Fiscalía.
El caso de la IPS no sería el único bajo la lupa de las autoridades, pues también existirían comerciantes y empresarios que habrían sido afectados por supuestas presiones, cobros irregulares y actuaciones cuestionadas dentro de la Dian en Riohacha.
Muchos de ellos han preferido mantener sus identidades en reserva por miedo a posibles represalias en su contra, mientras otros aseguran temer por su integridad y describen a los presuntos responsables como personas “peligrosas” y con capacidad de influir en procesos administrativos y tributarios.
Aunque varias denuncias aún no han salido públicamente, fuentes cercanas al caso sostienen que la lista de posibles afectados sería mucho más amplia de lo que hasta ahora se conoce.
Capturas simultáneas en Riohacha
Las diligencias judiciales fueron ejecutadas por funcionarios de la DIJIN desplazados desde Bogotá hasta La Guajira durante la mañana del miércoles 20 de mayo.
De manera informal, trascendió que entre los capturados figuran Carlos Andrés Pérez y Jorge Ariza, detenidos dentro de instalaciones de la Dian en Riohacha. También aparecen Ladys Benítez, pensionada de la entidad, y Erwin Escudero, capturados en sus residencias.
Sobre Benítez, se indicó que los hechos investigados corresponderían a actuaciones ocurridas entre 2021 y 2022, durante la pandemia, cuando presuntamente se habrían presentado varias de las irregularidades bajo análisis.
En el caso de Escudero, su defensa sostuvo durante la audiencia que la imputación estaría relacionada con otro expediente distinto y cuestionó la conexión planteada por la Fiscalía con los demás procesados.
La abogada Mauren Puente Vidal, defensora de Erwin Escudero, aseguró que a su cliente le imputaron concierto para delinquir y cohecho propio, aunque según argumentó la Fiscalía no habría demostrado de forma clara un vínculo directo con los otros capturados.
La jurista también señaló que existe otro proceso judicial en etapa de juicio en Barranquilla y afirmó que Escudero siempre estuvo atento a los requerimientos judiciales y mantuvo contacto con el fiscal del caso.
Por su parte, el abogado Iván Fuentes Acosta asumió la representación de Carlos Andrés Pérez durante las diligencias preliminares.
Un golpe a la corrupción tras meses de silencio institucional
El proceso revive cuestionamientos sobre posibles redes internas de corrupción en entidades públicas de La Guajira y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de actuaciones tributarias en la región.
Durante meses las denuncias periodísticas y los testimonios de ciudadanos apuntaron a presuntas prácticas irregulares dentro de oficinas de la Dian en Riohacha.
Sin embargo, solo ahora la investigación comenzó a tomar forma judicial con capturas, imputaciones y medidas restrictivas. El avance del proceso, liderado por el fiscal especializado Juan David Huepes, terminó rompiendo entre muchas de las presuntas víctimas el temor instalado durante años de que denunciar “solo empeoraba las cosas” y que, pese a las quejas, nada ocurría.
Para varios denunciantes, las actuaciones recientes de la Fiscalía representan la primera señal concreta de que las acusaciones sobre supuestos cobros irregulares, presiones tributarias y posibles manipulaciones administrativas finalmente comenzaron a ser escuchadas por las autoridades judiciales.
La Fiscalía deberá establecer si efectivamente existió una estructura dedicada a modificar sanciones, ejercer presión sobre contribuyentes y utilizar funciones públicas para obtener beneficios económicos ilegales y además desmantelar una red de funcionarios que siguen atornillados en las entidades publicas.
Mientras el proceso avanza, los capturados continúan amparados por la presunción de inocencia, principio que se mantiene vigente hasta que exista una decisión judicial definitiva. Mañana viernes continua la audiencia, donde se espera que la juez tome una decisión en derecho.
