Por: Jorge Vergara Carbó
Con el debido respeto, señor presidente ADLE, nos permitimos pedirle que le solicite al señor Manuel Fernández que le explique a usted y a los barranquilleros el papel que desempeñó la Cámara de Comercio de Barranquilla como mayor accionista de la concesión del aeropuerto, entregada por la Aerocivil a la empresa ACSA durante 15 años, concesión que se canceló en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos al vencerse y considerar, mediante un estudio técnico, el Gobierno que esa concesión era leonina para el país y, especialmente, para Barranquilla.
Para su conocimiento, le informamos que Barranquilla perdió la oportunidad de convertirse en HUB de Suramérica al no invertir ACSA los $25.000 millones en efectivo que le entregó la Aerocivil a ellos, para que los invirtieran en las pistas de aterrizaje y en adecuación del edificio. Los señores de ACSA se quedaron con la plata que, hasta el día de hoy, la Aerocivil no ha podido recuperar.
Ese dinero, a valor presente, equivale a unos $200.000 millones o más. Dinero de los colombianos en manos de unos avivatos liderados por la CCB (24,2%), el Intergremial (3,21%), Guido Nule Amin (3,50%), Raúl Riveira (3,21%), la Sociedad Portuaria (7,87%), Terpel (9,62%), Promigas (9,62%), Argos (4,66%), entre otros, manejan el 60% de ACSA; el 40% está en manos de los españoles de AENA. La concesión se entregó en el año 1997, por 15 años, hasta el año 2012.
De ese dinero, la Aerocivil solo ha recuperado $1.219 millones, en un proceso jurídico, el 819 del 28 de febrero del 2012. No han valido las denuncias ante los órganos de control del país para poder recuperar esa plata que es de todos los colombianos. Definitivamente, señor presidente ADLE, la justicia en Colombia es para los de ruana. No ha podido la Aerocivil, ni la CGR, ni la FGR, ni la PGN embargar las cuentas de los implicados, ni sancionar a persona alguna, porque en este proceso son culpables los socios de la concesión, como los funcionarios de la Aerocivil y de los organismos de control.
Ya que la justicia ha sido incapaz de judicializarlos, creemos que usted sí le puede pedir al señor Manuel Fernández, a quien acaba de nombrar en Bancóldex, que le explique a los barranquilleros dónde está ese dinero; si la CCB lo depositó en una fiducia para garantizar el pago cuando se termine el conflicto jurídico, que por el tiempo ha podido prescribir, y además nos diga cuál es la posición de la CCB en este conflicto y el porqué no ha hecho lo posible por solucionarlo o, por lo menos, arreglar su situación ante la Aerocivil.
Su silencio, en estos seis (6) años que lleva el señor Fernández al frente de la CCB, es tiempo suficiente para que los barranquilleros conociéramos los motivos que llevaron a la CCB y demás socios de ACSA a quedarse con la plata de los colombianos y no dar explicación alguna.
No podemos olvidarnos, señor presidente ADLE, que la CCB maneja dineros públicos, los cuales fueron modificados por el Decreto 0470 de mayo 7 de 2026, que modifica el artículo 98 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1074 de 2015, por lo que su manejo debe ser transparente y, por supuesto, brindar confianza a los comerciantes y a la ciudadanía.
Este no es el caso de la CCB, que ha guardado silencio ante este caso de ACSA, como también en la segunda concesión del aeropuerto, entregada a las familias Gerleín, Navarro y Azout por la ANI el 30 de diciembre de 2014, por un valor de $345.000 millones. Quienes crearon la empresa Grupo Empresarial del Caribe (GAC), siendo el mayor accionista la empresa Valorcon, 41,5%, de propiedad de la familia Gerleín. La misma empresa del contrato que nunca se investigó a fondo de Cormagdalena con Odebrecht para la recuperación del río Magdalena.
Esta concesión terminó costando $610.153 millones, y con ese dinero dejaron obras inconclusas, problemas en el aire acondicionado, todo un desastre y, a pesar de ello, ni la CCB, ni el Intergremial, ni los hoy llamados cívicos que reclaman para que la ANI les entregue en concesión el aeropuerto, o el mismo alcalde Alex Char, que quiere manejar el aeropuerto, fueron capaces de decir algo.
Nunca recriminaron a los Gerleín por el mal manejo de esa concesión; solo ahora, cuando el presidente Gustavo Petro decidió, el 1 de septiembre de 2024, intervenirla y manejarla directamente la Aerocivil, es que levantaron sus voces. Callaron todo ese tiempo y formaron una veeduría para controlar las obras que haría el Gobierno y, por supuesto, detrás de la concesión.
Finalmente, señor presidente ADLE, usted es la única persona que puede pedirle al señor Manuel Fernández, como a los demás socios de ACSA, que le aclaren a la ciudad su proceder y exigirle a la doctora Elsa Noguera, nuestra apreciada ministra de Transporte, y al director de la Aeronáutica, como a la Fiscalía y Procuraduría, que actúen y recuperen ese dinero, que no se puede quedar en el bolsillo de los concesionarios.
Usted se ganó el apoyo de los colombianos porque en su gobierno no permitirá que se roben un solo peso. En estos dos casos relacionados con el aeropuerto Ernesto Cortizos, el dinero extraviado supera los $400.000 millones, cifra importante que hoy necesita el país, dada la situación fiscal en la que lo recibió de manos del gobierno Petro.
