La libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, puso fin a un prolongado episodio de cautiverio que durante 18 meses mantuvo en angustia a sus familias y generó preocupación en las instituciones judiciales y organismos internacionales de derechos humanos.
Los dos servidores públicos fueron entregados este jueves a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el departamento de Arauca.
La liberación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo y reportada por Caracol Radio. Ambos permanecían secuestrados desde el 8 de mayo de 2025, cuando fueron interceptados por hombres armados en jurisdicción del municipio de Fortul, en hechos atribuidos al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Así comenzó el secuestro
De acuerdo con información de la Gobernación de Arauca, Jesús Antonio Pacheco Oviedo se desempeñaba como responsable de la Unidad de Infraestructura y Personas de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, mientras que Rodrigo Antonio López Estrada trabajaba como agente de protección.
Los funcionarios realizaban actividades relacionadas con sus responsabilidades institucionales cuando fueron interceptados por hombres armados.
Desde entonces, sus familias emprendieron una prolongada lucha para conseguir su liberación, mientras las autoridades nacionales e internacionales adelantaban gestiones humanitarias para conocer su situación y lograr su regreso.
El polémico «juicio revolucionario» del ELN
Uno de los episodios más delicados durante el cautiverio ocurrió cuando el Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que había sometido a los dos funcionarios a un denominado «juicio revolucionario».
Según la información recogida posteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el grupo armado les impuso una supuesta sanción de 55 meses de privación de la libertad.
Este anuncio provocó fuertes cuestionamientos institucionales. El Consejo Superior de la Judicatura rechazó categóricamente la pretensión del grupo armado de juzgar a funcionarios públicos, recordando que ninguna organización ilegal tiene autoridad para procesar o imponer condenas a ciudadanos.
El secuestro y la pretendida imposición de una condena por parte de una organización armada constituyen hechos de extrema gravedad frente al orden constitucional y los derechos humanos.
La CIDH intervino por el riesgo para sus vidas
La situación llegó al ámbito internacional. El 11 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares a favor de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, mediante la Resolución 61/2026.
La CIDH consideró que ambos se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables.
Entre los elementos examinados se encontraban las pruebas de supervivencia difundidas durante el cautiverio y las denuncias sobre un deterioro progresivo de sus condiciones físicas y psicológicas, así como las dificultades para recibir atención médica frente a condiciones de salud preexistentes.
La Comisión solicitó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger sus vidas, verificar sus condiciones de salud, garantizar la atención médica necesaria y redoblar los esfuerzos para conseguir su liberación.
La intervención internacional puso de manifiesto la dimensión humanitaria del caso y la preocupación por la suerte de los dos investigadores judiciales.
Las familias nunca dejaron de pedir su libertad
Durante los meses de cautiverio, los familiares hicieron reiterados llamados al Gobierno nacional y a los organismos humanitarios para que se intensificaran las gestiones.
En julio de 2026, el ELN divulgó nuevas pruebas de supervivencia en video. En ellas, los dos funcionarios solicitaron la intervención de las autoridades para recuperar su libertad.
En septiembre, cuando se cumplieron 16 meses del secuestro, sus allegados volvieron a visibilizar el drama que enfrentaban, insistiendo en que no se olvidara a los dos servidores públicos.
El caso también llegó hasta la Presidencia de la República. En octubre, el mandatario Abelardo de la Espriella se reunió con familiares de los funcionarios y anunció instrucciones para intensificar las acciones encaminadas a lograr su liberación.
Un regreso que vuelve a poner el secuestro en el centro del debate nacional
La liberación de Pacheco Oviedo y López Estrada representa un resultado importante de la gestión humanitaria y un alivio para sus familias.
Sin embargo, el episodio deja interrogantes sobre la capacidad de los grupos armados ilegales para mantener durante largos periodos a funcionarios públicos bajo su poder, así como sobre las garantías de seguridad para quienes trabajan en instituciones encargadas de investigar delitos y proteger a la ciudadanía.
También vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado de garantizar la vida, la libertad y la integridad de todas las personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto armado.
Después de 18 meses de incertidumbre, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada recuperaron su libertad. Ahora, el país espera conocer más detalles sobre su estado de salud, las circunstancias de la entrega y el reencuentro con sus familias.
