Por: Jorge Vergara Carbo
El servicio de salud a los pensionados, docentes y administrativos de la Universidad del Atlántico se lo presta la Unidad de Salud de la Universidad, que funciona con un régimen especial que se puede asimilar al de una EPS, que funciona con su propio reglamento aprobado por acuerdos del Consejo Superior. Ese régimen especial opera en varias de las universidades públicas del país y fue creado por la Ley 647 de 2001 y el artículo 69 de la Constitución Nacional.
Lo hace con una planta de personal reducida, contratos de OPS y prestación de servicios por terceros.
Cuenta con una Junta Administradora, cuyos miembros son elegidos democráticamente por profesores, trabajadores y pensionados.
La Unidad venía operando con control de la Junta Administradora, conformada por un principal y suplente de los pensionados, docentes y administrativos, el rector, el vicerrector Administrativo y el de Salud. Al director de la Unidad lo nombra el rector, cuando lo correcto es que debería ser escogido por la Junta.
Con la llegada a la rectoría del contador público Danilo Hernández, la situación de la Unidad se complicó, hasta el punto de que logró convencer al Consejo Superior para que le aprobaran el Acuerdo No. 003, el cual le entregaba el control y manejo de la Unidad de Salud.
Con ese acuerdo se convirtió en amo y señor de la Unidad. Danilo desconoció por completo a la Junta Administradora y no fue capaz de hacer las reformas necesarias para que la Unidad operara mejor de lo que venía operando.
No aplicó las recomendaciones que en su momento hizo la Superintendencia de Salud, ni tampoco pagó la totalidad de la deuda vieja de la Unidad: $14.000 millones, que, con compañía de Eliecer Peña, logramos que la gobernadora Elsa Noguera los aportara. Solo pagó un 50%, y el resto, a pesar de haber contratado dos auditorías para esas cuentas, no las pagó, como tampoco lo han hecho quienes lo sucedieron en el cargo.
Desidia total, incapacidad total.
A los rectores que reemplazaron a Danilo les gustó ejercer la dictadura administrativa, nombrando a su director y personal y, por supuesto, contratando a su antojo, sin tener en cuenta a su director y menos a la Junta Administradora.
Salió Danilo, entró Leyton; salió Leyton, entró Rafael Castillo Pacheco; volvió Leyton, y todo continuó igual: el rector hace lo que le da la gana, el Consejo Superior no dice nada, guarda silencio.
Como consecuencia de lo anterior, la Unidad de Salud está en una crisis profunda. No hay medicinas, no hay clínicas, no hay médicos especialistas, ni sicoterapias, ni exámenes de laboratorio.
La Unidad, señor Gobernador, señores del Consejo Superior, no está prestando servicio, lo que pone en riesgo la vida de los pensionados, cuya edad promedio supera los 75 años. Todo por negligencia y desidia del rector de turno, ya que, como emperador que es, al ser amo y señor de la Unidad de Salud, debería ponerla a funcionar y lo que ha hecho es todo lo contrario: paralizarla, al no buscar una salida urgente a los problemas que heredó de Rafael Castillo Pacheco, un rector nefasto, mentiroso y politiquero que no solo le hizo daño a la Unidad de Salud, sino también a toda la Universidad.
El primer acto administrativo del rector Leyton Barrios fue declarar insubsistente a la directora médica Claudia SanJuanelo, con más de 20 años de servicio en la Unidad y respaldada por todos los usuarios de la Unidad. En segunda instancia, decide parar todos los contratos y no pagarlos.
Como resultado de lo anterior, hoy la Unidad no tiene remedios para entregar, tampoco presta servicios y tampoco le paga al personal que labora bajo una OPS, sino solo a los de planta.
Rector Leyton, usted fue reintegrado al cargo por fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico. Por ello, su responsabilidad es no lavarse las manos echándoles la culpa de todo al señor Castillo, que hizo barbaridades. Su deber es corregir y poner a funcionar la Universidad y, en especial, la Unidad de Salud, no entrabarla como lo viene haciendo. Su obligación es buscar urgentemente una salida con su equipo jurídico y administrativo.
La vida de los pensionados corre peligro y está en sus manos resolver los problemas.
Por último, es bueno que la comunidad sepa que la Universidad no aporta un solo peso a la Unidad. Los aportantes principales son los pensionados y quien maneja la Unidad es el rector.
Hay un acuerdo del Consejo Superior vigente que establece que la Universidad está obligada a aportar el 5% de su presupuesto a la Unidad de Salud y nunca lo ha hecho. Incluso sobre ese tema, los pensionados le han propuesto a los rectores de turno, como al Consejo Superior, que le aporten el 0,7% o 1%, que con ese dinero la Unidad funciona bien.
Los usuarios de la Unidad de Salud no tienen que pagar con sus vidas por la ineficacia de un rector, que piensa más en sus intereses políticos que en el bienestar y salud de los pensionados y de los activos afiliados a la Unidad.
Ningún rector de los últimos cuatro años ha sido capaz de incentivar a los profesores y trabajadores de la planta de personal para que se vinculen a la Unidad de Salud, que, pese al manejo errado de los rectores, presta un servicio mejor que el de cualquier EPS.
El rector y el Consejo Superior son los únicos responsables de lo que pueda suceder con la vida de un pensionado por la falta de atención y entrega de medicamentos a tiempo.
A los pensionados les interesa es que se les preste un buen servicio y que los medicamentos que le recetan se los entreguen puntualmente.
¿Eso es mucho pedir, señor rector?
