La diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidió que el Presupuesto General de la Nación para 2027 se convirtiera en ley dentro del plazo establecido. El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que expedirá el documento por decreto, por un monto de $634,9 billones.
Bogotá, 22 de octubre de 2026. El Presupuesto General de la Nación para 2027 será expedido por decreto, luego de que el Congreso de la República no lograra completar el trámite legislativo dentro del plazo legal. Aunque el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto, las dos corporaciones terminaron respaldando textos diferentes, lo que obligaba a realizar una conciliación que no se concretó a tiempo.
El anuncio fue confirmado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien explicó que el Ejecutivo acudirá al mecanismo previsto en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. De acuerdo con esa disposición, cuando el Congreso no expide el presupuesto dentro del término establecido, el Gobierno puede adoptar el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas conjuntas.
El monto global del presupuesto será de $634,9 billones, una cifra que marcará el marco de gasto del Estado colombiano para el próximo año.
El artículo 65 desató la controversia
La diferencia entre los textos aprobados por ambas cámaras se concentró en el artículo 65, relacionado con mecanismos de cobertura financiera para enfrentar posibles variaciones en los precios del petróleo y los combustibles, así como en la tasa de cambio.
Según los reportes sobre el trámite, la Cámara de Representantes incorporó una modificación que no estaba incluida en el texto aprobado por el Senado. Esa diferencia obligaba a conformar una comisión de conciliación y someter el texto unificado a consideración de las plenarias.
Sin embargo, el procedimiento no se completó antes del vencimiento del plazo legal. La situación abrió un debate político y jurídico sobre la validez del trámite y sobre las consecuencias de que el presupuesto termine siendo expedido con base en el texto aprobado durante el primer debate.
¿Qué recursos podrían quedar por fuera?
La decisión del Gobierno también genera inquietudes sobre las modificaciones introducidas durante las discusiones finales en el Congreso. Algunas de esas propuestas estaban relacionadas con recursos para entidades públicas, programas sociales y necesidades regionales.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, sostuvo que las diferencias entre los textos dejaron sin efecto el trámite de las plenarias y advirtió que varias partidas incorporadas posteriormente podrían no quedar incluidas en el decreto.
Entre los recursos mencionados en el debate aparecen asignaciones para las EPS, el Sena, subsidios de energía y gas, y otras partidas destinadas a entidades y programas públicos. No obstante, el alcance definitivo de las modificaciones que quedarían por fuera dependerá del texto que expida oficialmente el Gobierno.
Por su parte, el representante Óscar Darío Pérez señaló que el Ejecutivo podría estudiar alternativas posteriores para ajustar las apropiaciones presupuestales, mediante los procedimientos legislativos correspondientes.
El Gobierno defiende la expedición por decreto
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el presupuesto no fue rechazado políticamente por el Congreso, sino que el trámite no pudo culminar debido a la falta de coincidencia entre los textos aprobados.
El Gobierno sostiene que la expedición por decreto permitirá garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado durante 2027 y mantener el marco financiero de la administración nacional.
La controversia, sin embargo, deja preguntas sobre la coordinación entre las cámaras, el seguimiento jurídico al trámite presupuestal y la manera en que se incorporaron las modificaciones durante las últimas sesiones.
El Presupuesto General de la Nación es uno de los instrumentos más importantes de la administración pública, pues define los recursos destinados al funcionamiento estatal, el servicio de la deuda y la inversión. Por eso, la expedición por decreto no solo tiene implicaciones técnicas, sino también políticas y económicas.
La atención ahora se centra en el documento definitivo que será expedido por el Gobierno y en las posibles acciones o debates que puedan surgir frente al procedimiento utilizado para establecer las cuentas públicas de 2027.
