La decisión del Departamento de Estado estadounidense alcanza a siete figuras de la política y el sector público colombiano, así como a sus familiares. Entre los afectados se encuentra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Bogotá, 22 de octubre de 2026. El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias contra ciudadanos colombianos, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa internacional a figuras de la política nacional y a funcionarios vinculados a investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
La medida, comunicada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, contempla restricciones de visa para 21 personas en Colombia. En el listado divulgado oficialmente aparecen siete ciudadanos identificados por Washington: Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett; Karen Astrith Manrique Olarte; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, y el excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa Betancur.
Las restricciones también se extienden a sus familiares. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha divulgado públicamente los nombres de las otras personas incluidas en la medida ni ha detallado las razones particulares que sustentan cada decisión.
La acción hace parte de la política de la administración de Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental, bajo el argumento de que estas actividades pueden debilitar las instituciones democráticas y afectar la seguridad regional.
Ricardo Roa, nuevamente en el centro de la controversia
Uno de los nombres que más atención genera es el de Ricardo Roa, quien presidió Ecopetrol durante el Gobierno de Gustavo Petro y fue gerente de la campaña presidencial que llevó al mandatario al poder en 2022.
Roa enfrenta investigaciones judiciales en Colombia. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, en un proceso relacionado con la adquisición de un apartamento en Bogotá y posibles conexiones con contratos de la petrolera estatal.
Adicionalmente, el exdirectivo fue imputado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, particularmente por la posible superación de los límites legales de gastos electorales.
Estas investigaciones han generado cuestionamientos sobre su gestión al frente de Ecopetrol y sobre la transparencia de los recursos utilizados durante la campaña presidencial.
No obstante, es importante precisar que las imputaciones corresponden a procesos judiciales en curso y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad. El comunicado estadounidense tampoco establece que las restricciones migratorias contra Roa estén directamente relacionadas con esos expedientes.
El escándalo de la UNGRD salpica a dirigentes políticos
La decisión de Washington también incluye a figuras vinculadas a las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los nombres señalados se encuentran Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, quienes han sido relacionados con las investigaciones sobre presuntos acuerdos irregulares entre congresistas y funcionarios públicos.
Las autoridades colombianas buscan establecer si existieron compromisos para favorecer proyectos y contratos a cambio de beneficios políticos o económicos.
En el caso de Wadith Manzur y Karen Manrique, la Corte Suprema de Justicia ha adelantado actuaciones judiciales relacionadas con el presunto delito de cohecho impropio. Ambos han sido vinculados al proceso por el escándalo de la UNGRD.
Las investigaciones continúan y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.
Yahir Acuña también aparece en la lista
Otro de los nombres que genera impacto político en la región Caribe es el de Yahir Fernando Acuña Cardales, actual alcalde de Sincelejo, Sucre.
El mandatario local enfrenta investigaciones y cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción y otros asuntos judiciales.
Su inclusión en la decisión estadounidense representa un nuevo episodio de presión internacional sobre dirigentes políticos de la región Caribe.
La medida, sin embargo, no constituye una condena penal ni permite establecer por sí sola la responsabilidad de Acuña en los procesos que se adelantan en Colombia.
¿Qué busca Estados Unidos con estas restricciones?
Las medidas se fundamentan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, disposición que permite negar visas cuando existen motivos razonables para considerar que el ingreso de una persona podría tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
Washington sostiene que su estrategia busca combatir la influencia de redes criminales y de corrupción en instituciones democráticas, incluidos los organismos judiciales, las fuerzas policiales y los poderes legislativos.
La decisión también se relaciona con los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y con la iniciativa regional Escudo de las Américas.
En este contexto, Estados Unidos ha ampliado las restricciones migratorias contra personas de distintos países de la región, bajo una política que afirma aplicar independientemente de la afiliación política de los afectados.
Una decisión que genera interrogantes
La revocatoria o restricción de visas representa una decisión administrativa de Estados Unidos y no equivale a una condena judicial en Colombia.
Sin embargo, el anuncio abre interrogantes sobre el alcance de las medidas de Washington, los criterios utilizados para identificar a los ciudadanos afectados y las consecuencias políticas que podrían derivarse de esta decisión.
También queda pendiente conocer las respuestas de los dirigentes incluidos en el listado y si alguno de ellos presentará aclaraciones o cuestionamientos frente a la medida.
Por ahora, el Departamento de Estado no ha publicado información individualizada que permita conocer las pruebas o circunstancias específicas consideradas en cada caso.
