El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció una revisión de los esquemas asignados a firmantes del Acuerdo de Paz. Mientras el Gobierno cuestiona posibles abusos en el uso de vehículos blindados y escoltas, la JEP advierte sobre la gravedad de la violencia que continúa amenazando a los excombatientes y sus familias.
La política de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quedó nuevamente en el centro de la controversia nacional. Esta vez, por cuenta del anuncio del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien planteó revisar más de 600 esquemas de seguridad asignados a firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El anuncio fue realizado durante una audiencia pública convocada por la JEP para evaluar las garantías de seguridad de quienes dejaron las armas en el marco del proceso de paz de 2016.
El funcionario aseguró que la entrega de vehículos blindados, escoltas y demás mecanismos de protección deberá responder a estudios técnicos que permitan establecer el nivel de riesgo de cada beneficiario.
Su declaración más contundente fue: “En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, una expresión con la que cuestionó el posible uso indebido de recursos públicos destinados a proteger personas amenazadas.
Ordóñez sostuvo que no se puede permitir que los vehículos y los hombres asignados para proteger a determinadas personas terminen siendo utilizados para transportar armas, drogas o integrantes de organizaciones criminales.
Una revisión que plantea interrogantes
Aunque el Gobierno argumenta que busca garantizar transparencia y evitar irregularidades, el anuncio también abre una discusión sobre los criterios que utilizará la UNP para determinar quién conserva su esquema y quién podría perderlo.
La protección no puede depender de decisiones políticas ni de apreciaciones generales. Cada caso requiere una evaluación individual, con información actualizada sobre amenazas, antecedentes, exposición y condiciones territoriales.
El desafío institucional será establecer controles efectivos sin poner en peligro a quienes enfrentan amenazas reales por su participación política, sus denuncias o su pasado dentro del conflicto armado.
Las cifras de violencia contradicen cualquier sensación de tranquilidad
Durante la audiencia se expuso la gravedad de la situación que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz.
Según los datos presentados por el ministro, desde la firma del acuerdo se han registrado 501 asesinatos de excombatientes, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.
Estas cifras muestran que la implementación del proceso de paz continúa enfrentando enormes dificultades en materia de seguridad.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los firmantes y las comunidades en territorios afectados por disputas entre organizaciones armadas y economías ilegales.
Choque entre el Gobierno y la JEP
La audiencia también estuvo marcada por un enfrentamiento verbal entre el ministro Ordóñez y el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.
El desacuerdo se produjo cuando el jefe de la cartera del Interior cuestionó la legitimidad de la JEP y afirmó que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, el tribunal tiene el desafío de demostrar resultados y transparencia.
El magistrado lo interrumpió y le pidió concentrarse en el propósito de la audiencia, señalando que la diligencia estaba destinada a examinar las medidas de protección y no a discutir la legitimidad de la jurisdicción.
El episodio dejó en evidencia las diferencias entre el Gobierno y la justicia transicional sobre la interpretación del Acuerdo de Paz y el papel de las instituciones encargadas de garantizar su cumplimiento.
La gran pregunta: ¿quién protege a quienes denuncian amenazas?
La revisión de los esquemas de la UNP no solamente interesa a los firmantes de paz. También pone sobre la mesa la situación de periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, autoridades locales y personas que enfrentan amenazas por denunciar corrupción, narcotráfico y estructuras criminales.
La experiencia ha demostrado que una evaluación deficiente del riesgo puede tener consecuencias irreparables.
Por eso, el Gobierno tendrá que explicar cómo garantizará que los controles anunciados no se conviertan en recortes indiscriminados de protección y qué mecanismos existirán para responder cuando aparezcan nuevas amenazas.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos es indispensable, pero también lo es la obligación constitucional de proteger la vida.
El debate que deja esta audiencia va mucho más allá de los carros blindados y los escoltas: Colombia necesita saber quién utiliza indebidamente los esquemas de seguridad, pero también quién responde cuando el Estado retira una protección y deja expuesta la vida de una persona amenazada.
