La Directiva Presidencial 01, expedida el pasado 3 de septiembre, establece lineamientos para coordinar la comunicación de las entidades del Gobierno Nacional y fortalecer el acceso de periodistas y ciudadanos a la información oficial.
Bogotá. “Gobernar es también informar”. Con esta premisa, Miller Soto explicó el alcance de la nueva Directiva Presidencial 01, expedida el pasado 3 de septiembre, mediante la cual el Gobierno Nacional establece nuevas reglas para coordinar y divulgar la comunicación institucional.
Durante su alocución, Soto sostuvo que detrás de cada decisión pública existen ciudadanos que necesitan conocer qué se decide, por qué se decide y qué impacto puede tener sobre sus vidas.
Según explicó, uno de los principales objetivos de la directiva es lograr que la información oficial sea difundida de manera ordenada, clara, verificable y coherente, evitando contradicciones entre las diferentes entidades del Estado.
La medida establece que las decisiones, anuncios, políticas públicas, resultados y cifras de gestión deberán tener como fuente principal los canales institucionales de la Presidencia de la República, la vocería, los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades competentes.
Una sola voz institucional
Uno de los aspectos centrales planteados por Soto es la necesidad de que las diferentes entidades del Gobierno mantengan una comunicación coordinada.
“La cifra que da un ministerio debe ser la misma que confirma otro”, explicó durante la intervención, al advertir sobre los riesgos que generan las declaraciones contradictorias, las informaciones incompletas o los anuncios anticipados.
La directiva contempla una coordinación permanente de los equipos de comunicación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, bajo el liderazgo de María Fernanda Sandoval.
Asimismo, frente a situaciones de emergencia, catástrofes, crisis o alteraciones del orden público, será la Presidencia la encargada de coordinar directamente la estrategia de divulgación oficial.
¿Qué cambia para los periodistas?
La nueva orientación también plantea fortalecer los canales institucionales de atención a periodistas y ciudadanos.
De acuerdo con Soto, se busca establecer mecanismos más ágiles para responder solicitudes de información, facilitar el acceso a las fuentes y garantizar que comunicados, documentos, cifras y declaraciones de interés público estén disponibles oportunamente.
El planteamiento adquiere especial importancia para los medios de comunicación, que requieren información oficial para contrastar, verificar y contextualizar las decisiones gubernamentales.
Soto destacó que los periodistas cumplen una función esencial dentro de una democracia y aseguró que la intención es ofrecer “puertas institucionales claras, fuentes identificables, información completa y respuestas oportunas”.
Funcionarios podrán seguir hablando con los medios
La directiva no significa, según lo expuesto en la alocución, que los funcionarios tengan prohibido conceder entrevistas o entregar declaraciones a los medios.
Sin embargo, esas intervenciones deberán desarrollarse dentro de una estrategia de comunicación institucional coordinada.
Uno de los puntos destacados es que las cuentas personales de los funcionarios no serán el canal primario ni la fuente oficial para anunciar decisiones, políticas, cifras o resultados del Gobierno.
La premisa expresada durante la intervención fue clara: “Lo institucional se dice por canales institucionales”, de manera que la información pueda ser consultada, verificada y permanezca disponible para todos.
Transparencia y libertad de prensa
Soto insistió en que la nueva política de comunicación busca que el Gobierno “hable mejor, no que hable menos”.
La directiva, según su explicación, pretende combinar transparencia, veracidad, oportunidad y coordinación, al tiempo que mantiene el respeto por la libertad de prensa y el derecho ciudadano de acceso a la información pública.
El desafío estará ahora en la aplicación práctica de estas reglas: que la coordinación institucional no termine convirtiéndose en una barrera para el acceso de los periodistas a funcionarios y fuentes, y que la búsqueda de una comunicación unificada sea compatible con la independencia de los medios y el derecho a contrastar las versiones oficiales.
La alocución de Miller Soto cerró con una idea que resume la apuesta comunicativa del Gobierno: una comunicación institucional con reglas claras, una voz oficial coordinada y la verdad como criterio central.
