La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026. El Gobierno sostiene que busca garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos que cumplen la ley, mientras mantiene los controles sobre el porte de armas de fuego.
El presidente Abelardo De la Espriella firmó este martes el Decreto 1368 de 2026, con el que el Gobierno Nacional puso fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La medida restablece la eficacia de los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes, siempre que no exista una suspensión, cancelación, revocatoria, vencimiento o prohibición legal o judicial que impida su utilización.
La decisión representa un cambio frente a la política que había mantenido restringido el porte de armas durante los últimos años.
No significa porte indiscriminado
El Gobierno aclaró que el decreto no autoriza a cualquier ciudadano a portar un arma.
Quienes pretendan llevar un arma deberán contar con el permiso correspondiente expedido por la autoridad militar competente y cumplir las condiciones establecidas en la legislación colombiana.
El decreto también establece que el permiso debe estar vigente y corresponder específicamente al arma que se pretende portar. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni quienes estén cobijados por una prohibición legal o judicial.
La explicación del Gobierno
De la Espriella defendió la decisión como parte de su política de seguridad y aseguró que durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras las organizaciones criminales continuaron utilizando armas ilegales.
El mandatario señaló que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De acuerdo con las cifras divulgadas por la Presidencia, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Según el Gobierno, además, 980 armas incautadas estarían vinculadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, sostuvo el presidente al defender su nueva política de seguridad.
Una promesa de campaña
El levantamiento de la suspensión también representa el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña de De la Espriella: permitir que los ciudadanos que cumplen los requisitos legales puedan ejercer nuevamente los derechos derivados de sus permisos de porte.
La medida entrará en aplicación a partir del 9 de septiembre de 2026, según lo informado por el Gobierno y los medios que revisaron el decreto.
La decisión ya genera debate entre sectores políticos y expertos en seguridad. Sus defensores consideran que un ciudadano legalmente autorizado debe poder contar con mecanismos de defensa, mientras sus críticos advierten sobre los riesgos que puede generar una mayor presencia de armas de fuego en la población civil.
Con el decreto, el Gobierno de De la Espriella cambia nuevamente el enfoque de la política de armas en Colombia: no se trata de entregar armas libremente, sino de levantar la suspensión general y permitir el porte a quienes ya cuentan con una autorización vigente y cumplen las condiciones legales.
