El canciller Omar Bula solicitó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación concentre su trabajo en la reincorporación de los excombatientes de las FARC y las garantías de seguridad. La propuesta abre un nuevo debate sobre el seguimiento internacional al cumplimiento del acuerdo firmado en 2016.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó a las Naciones Unidas excluir la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, con el argumento de que su implementación debe quedar bajo la responsabilidad directa de las instituciones colombianas.
La propuesta fue presentada el lunes 12 de octubre por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión en la que se abordó el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP.
El Ejecutivo manifestó que mantiene su compromiso con las obligaciones del acuerdo, pero considera necesario ajustar el alcance de la verificación internacional para concentrarla en dos componentes: la reincorporación política, económica y social de los excombatientes y las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas.
La decisión final corresponde al Consejo de Seguridad, que debe examinar el alcance del mandato de la misión antes de su vencimiento, previsto para el 31 de octubre de 2026.
¿Por qué el Gobierno quiere retirar la reforma rural del mandato?
La administración de De La Espriella sostiene que la Reforma Rural Integral constituye una política pública estructural y de largo plazo, que comprende el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural, el desarrollo productivo, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos.
Según la posición expuesta por el canciller Bula, estos compromisos deben ser atendidos por las instituciones permanentes del Estado, con participación de las entidades responsables del sector agrícola y del desarrollo rural.
El Gobierno asegura que el país cuenta con instrumentos jurídicos e institucionales para continuar las políticas de acceso a tierras y formalización de la propiedad, incluso si la misión internacional deja de verificar ese componente.
La propuesta, por tanto, no plantea formalmente eliminar la reforma rural ni desconocer las obligaciones del Estado, sino modificar el mecanismo de seguimiento internacional.
¿Qué papel cumple la Misión de Verificación de la ONU?
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue establecida para acompañar y verificar aspectos específicos de la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Su mandato vigente contempla tres áreas principales:
- Reforma Rural Integral: seguimiento a compromisos relacionados con el desarrollo rural y el acceso a la tierra.
- Reincorporación: verificación de las condiciones para que los antiguos integrantes de las FARC desarrollen una vida política, económica y social en la legalidad.
- Garantías de seguridad: seguimiento a las medidas de protección para firmantes de paz, sus familias y comunidades en los territorios.
La propuesta del Gobierno busca mantener los dos últimos componentes y retirar el primero. Actualmente, la decisión depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La reforma rural, uno de los compromisos centrales del acuerdo
La Reforma Rural Integral corresponde al primer punto del Acuerdo de Paz de 2016. Su propósito es transformar las condiciones del campo colombiano, reducir las brechas entre las zonas rurales y urbanas y ampliar las oportunidades económicas y sociales para las comunidades campesinas.
Entre sus objetivos se encuentran facilitar el acceso a la tierra, formalizar la propiedad, mejorar la infraestructura rural y promover alternativas productivas en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
La discusión sobre el papel de la ONU adquiere relevancia porque el seguimiento internacional permite evaluar los avances, identificar retrasos y advertir sobre obstáculos en la implementación.
Por ello, la eventual exclusión de este componente del mandato plantea una pregunta central: ¿qué mecanismos garantizarán que los compromisos rurales continúen ejecutándose y que sus resultados puedan ser evaluados de manera independiente?
¿Qué posiciones se escucharon en Naciones Unidas?
Durante la sesión, varios países reiteraron la importancia de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con los reportes de la reunión publicados por El Espectador, Dinamarca defendió la relevancia de mantener la reforma rural dentro de los esfuerzos de consolidación de la paz, al considerar que contribuye al desarrollo económico y a la reducción de factores asociados con las economías ilícitas.
Estados Unidos, por su parte, destacó la importancia de cumplir los compromisos del acuerdo y de fortalecer la presencia efectiva del Estado en el territorio.
Estas posiciones muestran que el debate no se limita al diseño administrativo de una misión internacional: también involucra la manera en que Colombia garantizará el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante las comunidades rurales y la comunidad internacional.
Seguridad y reincorporación: las prioridades que plantea el Ejecutivo
El Gobierno argumenta que la reincorporación y las garantías de seguridad tienen una relación directa con la transición de los excombatientes a la vida civil.
La protección de los firmantes de paz, sus familias y las comunidades es fundamental para evitar nuevos ciclos de violencia y permitir que quienes dejaron las armas puedan desarrollar proyectos productivos y participar en la vida social y política.
El Ejecutivo ha insistido en que la seguridad es una condición indispensable para la construcción de una paz duradera. Sin embargo, la continuidad de estos componentes no elimina la discusión sobre la reforma rural, que forma parte integral del acuerdo.
Una decisión con implicaciones para la implementación de la paz
La solicitud del Gobierno de Abelardo de la Espriella abre una nueva etapa en la discusión sobre el seguimiento internacional al Acuerdo de Paz de 2016.
Mientras el Ejecutivo defiende que la reforma rural debe ser asumida por las instituciones nacionales, la discusión internacional se centra en cómo garantizar que los compromisos adquiridos continúen cumpliéndose y que los avances puedan ser evaluados.
La decisión del Consejo de Seguridad será determinante para establecer el alcance futuro de la Misión de Verificación y las condiciones bajo las cuales continuará acompañando el proceso de paz en Colombia.
