La iniciativa contempla rebajas de penas de hasta el 50 % para determinados integrantes de organizaciones ilegales, condicionadas al cumplimiento de requisitos judiciales, la entrega de bienes ilícitos y la colaboración con la justicia.
Bogotá, 13 de octubre de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, denominado Ley de Acogimiento, con el propósito de establecer un marco jurídico para que organizaciones criminales abandonen las armas, desmantelen sus estructuras y respondan ante las autoridades judiciales.
La iniciativa fue presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, con mensaje de urgencia para acelerar su discusión legislativa.
El proyecto plantea un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria, diferenciado de una negociación política, mediante el cual los integrantes de las estructuras ilegales podrían acceder a beneficios penales si cumplen las condiciones establecidas en la ley.
Rebajas de penas condicionadas
Uno de los componentes centrales de la iniciativa contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para determinados integrantes de las organizaciones criminales y de hasta el 30 % para cabecillas, conforme a las condiciones previstas en el proyecto.
El acceso a estos beneficios estaría sujeto al cumplimiento de obligaciones judiciales, la colaboración efectiva con las autoridades, la entrega de bienes provenientes de actividades ilícitas y los compromisos de verdad y reparación a las víctimas.
Las reducciones propuestas no representan una absolución automática. Su aplicación dependerá de los requisitos legales y de las decisiones de las autoridades judiciales competentes.
Verdad, reparación y participación de las víctimas
La propuesta incorpora mecanismos para que las víctimas participen en los procedimientos relacionados con determinados beneficios judiciales, incluidos los que puedan incidir en la libertad de los responsables.
Asimismo, busca que los integrantes de las organizaciones ilegales contribuyan al esclarecimiento de los delitos, entreguen información útil para las investigaciones y faciliten la recuperación de bienes obtenidos mediante actividades criminales.
El proyecto también contempla obligaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, la localización de secuestrados y la entrega de menores de edad que permanezcan bajo control de las estructuras armadas ilegales.
Sin suspensión automática de extradiciones
El Gobierno sostiene que el sometimiento a la justicia no implicará la suspensión automática de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición.
La iniciativa pretende establecer reglas para que los integrantes de las organizaciones criminales comparezcan ante la justicia y accedan a beneficios condicionados, sin que el simple hecho de acogerse al procedimiento garantice su libertad o los exima de las responsabilidades penales correspondientes.
Alcance frente a las organizaciones criminales
El mecanismo busca ofrecer una alternativa judicial a estructuras vinculadas con actividades como narcotráfico, extorsión, minería ilegal, lavado de activos y otras economías ilícitas.
Su aplicación dependerá de los criterios de elegibilidad, las condiciones de sometimiento y la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada integrante.
La finalidad es promover el desmantelamiento efectivo de las organizaciones, recuperar bienes de origen ilegal y reducir su capacidad de continuar delinquiendo.
El proyecto pasa a discusión en el Congreso
La radicación de la Ley de Acogimiento abre una nueva etapa en la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El Congreso deberá estudiar el articulado, evaluar sus implicaciones jurídicas y determinar si las condiciones propuestas ofrecen garantías suficientes para las víctimas y la sociedad.
Durante el trámite legislativo podrán introducirse modificaciones a los beneficios penales, las obligaciones de los sometidos, los mecanismos de reparación y los controles judiciales.
La efectividad de la iniciativa dependerá de que el eventual marco legal garantice el desarme real de las estructuras criminales, la colaboración verificable con la justicia, la reparación de las víctimas y la prevención de la reincidencia.
