Por: José Obdulio Espejo Muñoz
Conocí a Alejandro Ramelli Arteaga, el mediático presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, en calidad de director de una especialización sobre derecho internacional humanitario que realizó la Universidad Externado de Colombia en 2002 con recursos del Plan Colombia.
Pese a la prevención que eventualmente podemos tener algunos soldados con respecto a la academia, especialmente en entornos latinoamericanos de epistemología y dialéctica social, me pareció que Ramelli era un catedrático sensato que entendía la verdadera naturaleza del conflicto armado colombiano, lógicamente bajo el faro luminoso del ius in bellum o derecho en la guerra.
De hecho, disfruté mucho la lectura de un texto de su autoría que le quitaba el velo de misterio al reconocimiento de beligerancia, figura jurídica en desueto que, por aquellos días, generaba urticaria en los altos mandos militares y que estoy convencido que muchos jamás llegaron a colocar en su justa dimensión.
A manera de anécdota debo decir que la especialización fue enriquecedora y única. Los «gringos» corrieron con los costos del proceso educativo de uniformados, funcionarios estatales y de militantes de colectivos y organizaciones de derechos humanos que veían en la guerra un despropósito de los seres humanos.
La proporción entre fachos y zurdos –como nos percibíamos en ese singular colectivo– era de 50 y 50. Incluso, meses después de haber culminado nuestros estudios, nos enteramos de que un juez de Cúcuta que compartía aula con nosotros había sido detenido por nexos con el ELN.
Regresando al tema, confieso que sentí un gran alivio cuando Ramelli Arteaga fue designado como magistrado en los Tribunales de Paz del acuerdo Santos – Farc. Un verdadero oasis, pensé, en ese desierto de togados y comisionados de la verdad con pensamiento woke que nos heredó el tristemente célebre Comité de Escogencia.
A Ramelli le sobran pergaminos y en su portafolio tiene una prolija producción de libros y artículos de gran factura sobre el derecho aplicable en los conflictos armados. Quizás por eso creí ingenuamente que su presencia en la JEP –como estoy seguro sí ha sido la de otros magistrados de quienes conozco su trayectoria, como el brillante abogado penalista Camilo Suárez Aldana– iba a ser prenda de garantía de equilibrio y claridad jurídica meridiana.
Al parecer me equivoqué de cabo a rabo. El brillante profesor de quien aprendí en las aulas del Externado se transformó en el arrogante togado salido de tono y de formas ante la posibilidad de que a la JEP le recorten $100 mil millones del exorbitante presupuesto de más de $821 mil millones que tendría para la vigencia 2027. Afirmar que sin ese dinero “quedarían inoperantes” raya con la insensatez en un país de bajos ingresos y donde los funcionarios del tribunal, incluido él, se embolsan varios millones de pesos mensuales de salario.
Para ir más allá, sería bueno revisar con lupa los contratos de prestación de servicios que la JEP firmó con Petra Sociedad de Teatro Fundación Artística, organización a cargo de las funciones del Teatro Petra, en Bogotá, por un monto de $441.805.000.
De este colectivo teatral hacen parte, entre otros, los reconocidos actores Fabio Rubiano y Marcela Valencia, activistas del progresismo petrista. La piel se eriza cuando uno lee el objeto de este contrato: “realizar acciones comunicativas que permitan, a través del lenguaje del arte dramático, generar la comprensión social y la aprobación de los desafíos misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Con esta danza de los millones de telón, no sé si además Ramelli es realmente consciente de la ineficacia del tribunal transicional que preside –el cual lleva ya ocho años y medio de funcionamiento–, para que también se atreva a vociferar sin sonrojarse que ellos no tienen que rendir cuentas a ninguna de las tres ramas del poder público en Colombia, excusando esta torpeza conceptual en la salvaguarda de la “independencia y autonomía judicial” de la JEP en nuestro Estado Social de Derecho.
Se suponía que la JEP aportaría verdad jurídica sobre el qué, el cómo y el por qué de nuestra guerra intestina, pero terminó convirtiéndose en una especie de extensión de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad –CEV–, asumiendo tareas que no le corresponderían y extralimitándose en su misionalidad. Basta con examinar los once macrocasos de los Tribunales de Paz para entender el zambapalo en el que se metieron.
La equidad y la objetividad no hacen parte del ADN de la JEP. La desproporción entre las sesiones de reconocimiento de la verdad entre unos y otros comparecientes, verbo y gracia, me retrotrae al moderno tribunal de la santa inquisición de De Roux y sus áulicos y su ideologizado Informe Final.
Mientras que el show está presente cuando se abordan los macrocasos que involucran a exintegrantes de las Fuerzas Militares con la particular presencia de los familiares de las víctimas –con el dedo acusador señalando siempre a los “máximos responsables” (léase generales)–, la mesura es la protagonista en las sesiones a las que asisten ‘Timochenko’ y sus lugartenientes en jornadas donde las víctimas de esta guerrilla son revictimizadas.
Ojalá Ramelli y su corte recapaciten sobre esa actitud mezquina que él ha exhibido en sus últimas declaraciones a la prensa.
Convendría que uno de sus asesores le recordara que el país está a las puertas de una crisis fiscal sin precedentes heredada de cuatro años de desgobierno y que en ciudades como Cali y Pereira sus autoridades y ciudadanos todavía afrontan los estragos del terremoto del pasado 10 de agosto.
