Por Amalfi Isabel Rosales Rambal
El Espacio Noticias – Información sin censuras
Durante 25 años, una isla perdida en el Pacífico colombiano fue sinónimo de castigo, aislamiento y miedo.
Gorgona funcionó como prisión de máxima seguridad entre 1960 y 1985. Allí fueron recluidos condenados considerados especialmente peligrosos, en un establecimiento rodeado por el océano Pacífico y por una selva que hacía extremadamente difícil cualquier intento de fuga.
En 1979, ante las frecuentes fugas de delincuentes peligrosos de otros establecimientos penitenciarios, una norma oficial calificó a Gorgona como “el centro penitenciario de mayor seguridad existente en el territorio nacional”.
La prisión fue cerrada durante el Gobierno de Belisario Betancur. El Decreto 1965 de 1985 argumentó que el aislamiento de los internos no era compatible con las políticas de resocialización. Paralelamente, el Estado avanzó en la transformación de Gorgona y Gorgonilla en Parque Nacional Natural.
Hoy, las ruinas del antiguo penal permanecen cubiertas por la vegetación y forman parte de la memoria histórica del país.
El crimen también cambió
Durante las últimas décadas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales desarrollaron estructuras más complejas, con capacidad para operar en distintos territorios y mantener conexiones con el exterior.
Para algunos cabecillas, la privación de la libertad no necesariamente significó el fin de su actividad criminal.
La utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación permitió mantener contacto con integrantes de las organizaciones que permanecen fuera de los establecimientos.
A este desafío tecnológico se suma otro aún más delicado: la corrupción de algunos funcionarios encargados de impedir el ingreso de elementos prohibidos y garantizar los controles internos.
La precisión es necesaria: no se puede generalizar sobre miles de servidores del INPEC que cumplen su trabajo en condiciones difíciles y bajo permanente exposición al riesgo.
Sin embargo, los procesos penales y disciplinarios conocidos durante los últimos años muestran que existen casos en los que funcionarios han sido señalados o procesados por facilitar irregularidades dentro de los establecimientos.
En 2024, el INPEC informó que 98 funcionarios fueron capturados por hechos relacionados con actividades ilícitas y corrupción y reportó, además, la incautación de más de 31.000 celulares.
La cifra revela que el problema trasciende las paredes y las rejas.
Los casos registrados en La Picota y La Paz, en Itagüí, volvieron a poner bajo la lupa los controles penitenciarios.
En La Picota, la Procuraduría formuló cargos contra ocho funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con conciertos no autorizados en el pabellón de alta seguridad de extraditables.
A esto se sumó una situación particularmente delicada: el sistema interno de videovigilancia de la cárcel de Itagüí presentaba fallas de funcionamiento que dejaron sin registro audiovisual parte de lo ocurrido durante una celebración irregular.
Para la exconcejal Claudia Carrasquilla, hoy viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, no fue fácil poner la mirada en esta entidad en Medellín, después de una extensa trayectoria en la Fiscalía, donde ocupó cargos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y dirigió las Fiscalías de Medellín. Sabe que las estructuras criminales mantienen poder desde los centros penitenciarios.
Fue precisamente ella quien hizo pública la existencia de una parranda vallenata en la cárcel de La Paz, en Itagüí, un episodio que involucró a cabecillas de organizaciones que se encontraban en procesos de negociación con el Estado. Su denuncia terminó provocando investigaciones disciplinarias contra funcionarios del sistema penitenciario.
Su experiencia resulta particularmente relevante: durante su paso por la Fiscalía participó en investigaciones contra organizaciones criminales de alto impacto y, según los perfiles publicados tras su designación, sus actuaciones judiciales contribuyeron a llevar ante la justicia a integrantes de estructuras como el Clan del Golfo.
Ahora, desde el Ministerio de Defensa, Carrasquilla enfrenta el desafío desde otra posición. Al asumir el cargo, fue categórica: “No llego a negociar con los criminales”, una declaración que marca la línea de seguridad que pretende impulsar desde el Gobierno nacional.
Este medio, además, documentó en su momento los privilegios que habría tenido el condenado empresario Emilio Tapia durante su permanencia en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, incluyendo cuestionamientos relacionados con los mecanismos de vigilancia.
La dimensión del problema también se refleja en los números.
El INPEC tiene bajo su responsabilidad 124 establecimientos de reclusión del orden nacional, con una capacidad de 81.025 cupos a marzo de 2026.
Pero la infraestructura continúa sometida a una fuerte presión.
El último boletín consolidado citado en esta investigación reportó un hacinamiento nacional del 28,6 % en septiembre de 2025, frente al 26,5 % registrado un año antes.
La distribución de los cupos tampoco es uniforme. El 67,7 % de los ERON —84 establecimientos— tenía menos de 500 cupos y concentraba apenas el 17,2 % de la capacidad nacional. En contraste, 11 establecimientos con más de 2.000 cupos concentraban el 45,5 % de los cupos del país.
El problema, por tanto, no se reduce a construir más espacios.
También exige una clasificación mucho más rigurosa de la población privada de la libertad según su nivel de peligrosidad y capacidad de afectar la seguridad exterior.
Colombia y la verdadera máxima seguridad
Existe otro elemento que merece atención.
El propio INPEC ha explicado que dentro del sistema penitenciario existen establecimientos con pabellones de alta seguridad, pero esto no equivale necesariamente a contar con una red de establecimientos diseñados integralmente como cárceles exclusivamente destinadas a los máximos responsables del crimen organizado.
La diferencia es fundamental.
Un pabellón de alta seguridad dentro de un complejo penitenciario general no necesariamente ofrece las mismas condiciones de aislamiento, tecnología, inteligencia y control que tendría una instalación concebida desde su origen para los internos de mayor peligrosidad.
Colombia tiene miles de personas privadas de la libertad, pero sus niveles de riesgo no son iguales.
No puede recibir el mismo tratamiento penitenciario una persona condenada por un delito común que un cabecilla con capacidad para mantener una estructura de narcotráfico, extorsión o crimen organizado funcionando desde el interior de un establecimiento.
Lo que advierten los expertos
Los organismos de control y especialistas que han estudiado la situación penitenciaria coinciden en que el problema es estructural.
La Corte Constitucional ha advertido que ampliar cupos no constituye por sí solo una solución al hacinamiento y que el crecimiento de la infraestructura debe estar acompañado de servicios de salud, alimentación, educación y programas de resocialización.
La Defensoría del Pueblo también ha documentado deficiencias de infraestructura, hacinamiento, salud y condiciones de reclusión.
La Procuraduría, por su parte, ha advertido sobre la persistencia de problemas estructurales dentro del sistema.
Los especialistas en seguridad penitenciaria agregan otro componente: una prisión no es verdaderamente segura solamente porque tenga muros altos.
La seguridad depende de la capacidad de controlar las comunicaciones, los movimientos, las visitas, los ingresos, los funcionarios y las conexiones de los internos con el exterior.
Lina Porras, coordinadora de la línea de investigación sobre sistema carcelario de Temblores, ha cuestionado modelos que pretendan solucionar la crisis únicamente mediante mayor presencia de fuerza sin formación especializada en custodia y tratamiento penitenciario.
El investigador Luis Fernando Trejos también ha advertido sobre la necesidad de revisar las vulnerabilidades relacionadas con la corrupción dentro del INPEC frente al manejo de cabecillas de organizaciones criminales.
El mensaje de fondo es claro: la seguridad penitenciaria moderna requiere personal especializado, tecnología, inteligencia y controles institucionales.
¿Un buque-cárcel para los grandes cabecillas?
En medio de este escenario aparece una propuesta que rompe con el modelo tradicional: utilizar buques de alta seguridad para aislar a los internos considerados de mayor peligrosidad.
La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), plantea utilizar embarcaciones bajo control de la Armada Nacional para reducir las posibilidades de comunicación de determinados cabecillas con las estructuras criminales que permanecen en tierra.
La propuesta tampoco parte de cero.
Colombia ya utilizó buques de la Armada en 2007 para mantener bajo custodia a los narcotraficantes Diego León Montoya, alias Don Diego, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, mientras avanzaban sus procesos judiciales y de extradición.
La experiencia internacional, sin embargo, muestra resultados diferentes.
En Nueva York funcionó durante décadas el Vernon C. Bain Correctional Center, una cárcel flotante creada como respuesta al hacinamiento. La embarcación amplió temporalmente la capacidad del sistema, pero terminó enfrentando cuestionamientos por infraestructura, mantenimiento y condiciones de reclusión antes de su cierre.
El caso estadounidense deja una lección: poner una cárcel sobre el agua no resuelve automáticamente los problemas penitenciarios.
El aislamiento geográfico solamente funciona si está acompañado de una estructura institucional capaz de mantener el control.
Un buque-cárcel llevaría ese principio a otro escenario, pero con una diferencia fundamental: ya no se trataría solamente de impedir una fuga física.
El objetivo sería impedir que un cabecilla continúe manejando una organización criminal desde su lugar de reclusión.
Para lograrlo se necesitarían sistemas modernos de vigilancia, bloqueo y detección de comunicaciones, controles biométricos, inteligencia penitenciaria, monitoreo permanente y protocolos rigurosos para funcionarios, visitas y proveedores.
También serían indispensables garantías judiciales y condiciones dignas de reclusión.
Por eso, un buque-cárcel no debería presentarse como la solución a toda la crisis penitenciaria.
Sería una herramienta excepcional para casos excepcionales.
La antigua Gorgona pertenece a la historia y hoy cumple una función ambiental que debe ser protegida. Pero no se debe descocer que Gorgona funcionó con las herramientas de hace más de medio siglo .Colombia no necesita regresar a 1960.
Necesita diseñar la seguridad penitenciaria que exige el crimen organizado de 2026.
Tal vez llegó el momento de abrir nuevamente la discusión sobre una prisión de máxima seguridad para los criminales que han pretendido convertir las cárceles colombianas en oficinas del crimen.
