La intervención del Departamento de Justicia en una de las disputas electorales más importantes de Estados Unidos genera un enfrentamiento jurídico y político. La controversia gira alrededor de dos candidatos con nombres prácticamente idénticos y podría tener repercusiones en el control del Senado.
La campaña electoral en Estados Unidos enfrenta una nueva controversia en el estado de Alaska. El Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, presentó una demanda para intentar impedir que se certifiquen los resultados de la elección al Senado si el actual senador republicano Dan Sullivan pierde por un margen estrecho.
El argumento del Gobierno estadounidense es que la presencia de otro candidato con un nombre prácticamente idéntico podría generar confusión entre los electores y alterar el resultado de la contienda.
El caso involucra al senador republicano Dan S. Sullivan, quien busca la reelección, a la candidata demócrata Mary Peltola y a Daniel J. Sullivan Jr., un profesor retirado que también aparece en la papeleta electoral.
La administración Trump sostiene que la candidatura de Daniel J. Sullivan podría desviar votos destinados al senador republicano, debido a la similitud de sus nombres.
La controversia tomó mayor dimensión después de que el periódico The New York Times publicara una investigación sobre presuntos esfuerzos de colaboradores de la campaña demócrata para promover candidaturas alternativas que pudieran restarle votos al actual senador.
Ante estas revelaciones, el Departamento de Justicia modificó su demanda y solicitó nuevas actuaciones judiciales. También se conoció la emisión de más de 40 citaciones y solicitudes de documentos relacionadas con la investigación.
Alaska rechaza la intervención del Gobierno federal
Sin embargo, la demanda ha encontrado resistencia incluso dentro de las autoridades republicanas de Alaska.
Los representantes jurídicos del estado solicitaron a un juez federal que desestime la acción del Departamento de Justicia, argumentando que la administración federal no tiene facultades para intervenir de esa manera en la organización y certificación de las elecciones estatales.
La Corte Suprema de Alaska ya había autorizado en junio la inclusión de Daniel J. Sullivan Jr. en la papeleta electoral. Además, las autoridades electorales adoptaron medidas para diferenciarlo del senador republicano, identificando a este último como candidato del Partido Republicano.
Por su parte, Mary Peltola ha negado que su campaña haya participado en la organización de la candidatura del segundo Sullivan. El candidato también ha rechazado que su intención sea confundir a los votantes o perjudicar al senador.
La controversia también provocó la reacción del gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, quien anunció una investigación estatal para establecer si hubo irregularidades y si existen elementos que justifiquen eventuales responsabilidades civiles o penales. Reuters+3
Una disputa que podría afectar el control del Senado
El trasfondo de esta confrontación es el equilibrio de poder en Washington. Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas en el Senado. Por eso, Alaska representa una contienda de especial importancia para ambos partidos.
Las elecciones legislativas están previstas para el 3 de noviembre de 2026 y definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial de Trump.
Expertos en legislación electoral han cuestionado los argumentos jurídicos del Departamento de Justicia y han advertido sobre los riesgos de que el Gobierno federal intervenga en la certificación de resultados electorales estatales.
La demanda continúa en manos de la justicia federal y todavía no existe una decisión definitiva sobre la solicitud del Gobierno. Reuters+2
Una pregunta queda en el centro del debate estadounidense: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para cuestionar un proceso electoral estatal cuando considera que existen circunstancias que podrían afectar el resultado?
El caso de Alaska se convierte así en una nueva prueba para las instituciones electorales estadounidenses y para la relación entre el poder federal y las autoridades de los estados.
