La captura de Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘El Gatico’, se produjo en la mañana de este 29 de octubre en Barranquilla, durante un operativo en el que participó un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, 4 funionarios de la DIJIN y al parecer Ejercito. El procedimiento se habría realizado en cumplimiento de una orden solicitada por la Fiscalía 77 de la Unidad de Derechos Humanos, cuyos funcionarios se desplazaron desde Bogotá.
Por: ROMAROSA
La nueva detención al temible hombre conocido por el alias de El Gatico volvió a poner su nombre en el centro de la atención pública, debido a los antecedentes judiciales que registra y a las controversias que han rodeado las decisiones relacionadas con su permanencia en prisión y los beneficios que ha recibido durante el desarrollo de sus procesos.
Alfonso López es hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como alias ‘La Gata’. Su trayectoria judicial está marcada por una condena por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en Magangué, Bolívar, en febrero de 2005, además del delito de concierto para delinquir agravado.
En 2014, un juez lo condenó inicialmente a 39 años de prisión. Posteriormente, en 2017, el Tribunal Superior de Bogotá redujo la pena a 29 años y tres meses, equivalentes a 351 meses. La decisión estableció su responsabilidad como determinador del asesinato del comunicador, quien había publicado denuncias sobre presuntas irregularidades durante la administración municipal de Magangué.
Desde entonces, su permanencia en prisión ha sido limitada, en medio de una serie de estrategias judiciales que han sido cuestionados.
La nueva captura y el expediente por el asesinato de Guillermo Montero Carpio
Según versiones extraoficiales, la reciente captura de Alfonso López estaría relacionada con la investigación por el asesinato de Guillermo León Montero Carpio, dirigente campesino y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Sucre, ocurrido el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.
Montero Carpio fue una figura representativa del movimiento campesino en el departamento. Su homicidio se convirtió en uno de los casos que las autoridades han intentado esclarecer en el contexto de la violencia ejercida contra dirigentes agrarios en Sucre durante la década de los noventa.
La investigación volvió a cobrar relevancia en julio de este año, cuando el exdirigente político y ganadero sucreño Víctor Antonio Guerra de la Espriella se presentó voluntariamente ante las autoridades, después de conocer que existía una orden de captura en su contra. Guerra es investigado por su presunta participación en el homicidio y por otros delitos relacionados con estos hechos. En agosto, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
La coincidencia temporal entre las actuaciones judiciales contra Guerra y la nueva detención de Alfonso López constituye un antecedente relevante para reconstruir el desarrollo del expediente. Sin embargo, la relación concreta entre ambos procedimientos y los elementos probatorios que sustentan la actuación contra Alfonso López deben establecerse a partir de información oficial de la Fiscalía.
La libertad condicional concedida por Carmen Luisa Terán
Uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria judicial ocurrió el 29 de diciembre de 2025, cuando la jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le concedió la libertad condicional.
La decisión tuvo en cuenta el tiempo computado de la pena, las redenciones obtenidas por trabajo y estudio, su comportamiento penitenciario y el arraigo familiar. Estos factores hacen parte de la evaluación jurídica que corresponde realizar al estudiar una solicitud de libertad condicional.
No obstante, la determinación generó cuestionamientos y, en enero de 2026, se conoció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico había compulsado copias para investigar la actuación de la funcionaria.
La apertura de una investigación disciplinaria no constituye una declaración de responsabilidad ni demuestra, por sí sola, que la decisión haya sido ilegal. Sin embargo, el caso mantiene bajo escrutinio público los fundamentos de la libertad concedida, la aplicación de los requisitos legales y los mecanismos institucionales de control sobre las decisiones que inciden en el cumplimiento de condenas por delitos graves.
Las denuncias de hostigamiento contra periodistas
Las controversias por los beneficios judiciales concedidos a Alfonso López también han estado acompañadas de denuncias de periodistas que han investigado y cuestionado las decisiones relacionadas con su situación jurídica.
En diciembre de 2025, los comunicadores Amalfi Isabel Rosales Rambal y Jacobo Solano Cerchiaro solicitaron la intervención de la Procuraduría frente a la concesión de la libertad condicional. Asimismo, denunciaron presuntas amenazas, hostigamientos y actos de persecución que, según manifestaron, estarían relacionados con el ejercicio de su labor informativa.
Este antecedente adquiere especial relevancia en un caso marcado por la condena de Alfonso López por el asesinato de un periodista. El seguimiento a sus procesos judiciales, a los beneficios penitenciarios otorgados y a las decisiones institucionales que lo involucran constituye un asunto de interés público.
Uno de los episodios más delicados de esta historia ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando fue asesinado en Barranquilla el fiscal Norbey Ruiz Correa, quien tenía a su cargo la denuncia por injuria y calumnia presentada por Jorge Luis Alfonso López contra los periodistas Amalfi Isabel Rosales Rambal, Jacobo Solano Cerchiaro y Juan David Díaz.
El crimen generó inquietudes por los expedientes que llevaba el funcionario y por las circunstancias en las que ocurrió el ataque. En diciembre de 2025, la Fiscalía imputó a José Ignacio Londoño Cordero, alias ‘Nacho’, como presunto responsable del homicidio. El acusado no aceptó los cargos.
Otros homicidios y expedientes que requieren esclarecimiento
Otro caso relevante es el del comunicador Mardonio de Jesús Mejía Mendoza, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, asesinado el 24 de enero de 2024 en San Pedro, Sucre. Según la información conocida, un hombre armado ingresó al lugar donde funcionaba la emisora y le disparó.
En mayo de 2026, Ledinwint Yesith Díaz Mercado fue condenado a 43 años y seis meses de prisión por este homicidio. Sin embargo, según informaciones relacionadas con el caso, algunas fuentes habrían señalado una presunta autoría de Jorge Luis Alfonso López. Esta hipótesis debe mantenerse en el terreno de la investigación mientras no existan decisiones judiciales o pruebas oficiales que permitan establecer responsabilidades.
Otro episodio que forma parte del contexto de las controversias alrededor del entorno de Enilce López, alias ‘La Gata’, es el asesinato de Miguel Segundo Maza Álvarez, hijo del general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez.
El abogado fue baleado el 18 de julio de 2016 dentro de un establecimiento comercial en Magangué, Bolívar, cuando participaba en diligencias relacionadas con bienes sometidos a procesos de extinción de dominio.
Según informaciones publicadas en ese momento, Maza Álvarez había intervenido en asuntos relacionados con predios vinculados a Enilce López y a su hijo, Jorge Luis Alfonso López. Además, había acompañado labores de inventario de bienes que se encontraban bajo administración estatal.
Las autoridades investigaron si el crimen podía estar relacionado con su actividad profesional. No obstante, los reportes iniciales no establecieron de manera concluyente el móvil del homicidio ni la identidad de sus autores intelectuales.
Hasta la fecha, no se ha establecido con la información disponible una resolución judicial definitiva que permita esclarecer plenamente este crimen.
En su expediente existen varios homicidios donde su nombre ha sido mencionado pero la lexitud de la rama judcial lo ha vuelto poderoso.
Los expedientes que siguen esperando respuestas
El desafío institucional consiste en esclarecer los hechos que motivaron el nuevo procedimiento, garantizar el debido proceso y evitar que otros expedientes de interés público permanezcan sin respuestas conocidas.
En enero de 2026 se conoció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico había compulsado copias para investigar la actuación de la funcionaria que le concedió la libertad condicional.
Esta controversia se suma a lo ocurrido en 2023, cuando otro juez de ejecución de penas permitió temporalmente que Alfonso López saliera de su lugar de reclusión bajo el argumento de que actuaría como facilitador de paz. La Procuraduría y distintas publicaciones periodísticas cuestionaron la legalidad de esa determinación y promovieron actuaciones contra el funcionario. La medida posteriormente fue revocada.
La sucesión de estas controversias ha convertido los beneficios judiciales concedidos a Alfonso López en un asunto de interés público que exige seguimiento documental, transparencia y respuestas de las instituciones involucradas.
Los vínculos políticos y los señalamientos sobre Antonio José Correa
Otro capítulo de esta historia corresponde a las relaciones políticas de Alfonso López y de su entorno.
Durante años, diferentes publicaciones periodísticas han documentado su cercanía con el senador Antonio José Correa Jiménez y han informado sobre aportes económicos relacionados con campañas electorales. Aunque el congresista ha negado cualquier vínculo con alias ‘El Gatico’, los antecedentes publicados sobre su relación con el entorno de Alfonso López ameritan una revisión documental que permita precisar el alcance de esos contactos.
En abril de 2026, Raúl Antonio Montes Jiménez, antiguo colaborador de Enilce López, formuló señalamientos públicos sobre presuntas relaciones entre Correa, Alfonso López y hechos relacionados con financiación ilegal y violencia. El senador rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus campañas.
Por otra parte, el exjefe de seguridad de la familia López señaló a Alfonso López como posible responsable de un atentado contra su vida y aseguró que pretendían silenciarlo. Según lo denunciado, el hecho violento habría dejado sin vida a un escolta de la empresa de seguridad Atena. La Fiscalía debe esclarecer las circunstancias del ataque, las posibles responsabilidades y el avance de las investigaciones correspondientes.
Estos señalamientos no equivalen a hechos judicialmente probados. Corresponde a las autoridades investigar las denuncias, contrastar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal.
El atentado en una clínica y las condiciones de seguridad
El 23 de mayo de 2024, Alfonso López fue víctima de un ataque armado mientras recibía atención médica en una clínica del norte de Barranquilla. El episodio dejó dos personas muertas y generó cuestionamientos sobre las condiciones de custodia y seguridad que estaban bajo responsabilidad de las autoridades penitenciarias.
Un aspecto que llama la atención en el procedimiento de este 29 de octubre es que la nueva captura de Alfonso López se habría realizado en esa misma clínica donde, según lo denunciado en su momento, estuvo a punto de perder la vida durante el ataque armado.
La nueva detención de Jorge Luis Alfonso López vuelve a poner bajo escrutinio su trayectoria judicial, los beneficios penitenciarios que recibió y las decisiones adoptadas por los funcionarios que intervinieron en sus procesos.
También reaviva el interés público por las investigaciones relacionadas con sus presuntos vínculos con estructuras criminales. Estos asuntos deben examinarse a partir de expedientes, pruebas y decisiones oficiales. En ese contexto, resulta pertinente establecer qué actuaciones adelantan las distintas fiscalías de la seccional Atlántico y si existen investigaciones documentadas sobre posibles nexos con alias ‘El Negrito del Rubí’.
La pregunta es inevitable: ¿quién responde por las decisiones que le permitieron recuperar la libertad y qué ocurrió con las demás investigaciones que lo rodean? ¿Se evaluaron con el rigor necesario los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado frente a los procesos judiciales pendientes?.
El interrogante no se limita a Alfonso López. También alcanza a otros actores cuestionados de la Costa Caribe que, durante el gobierno de Gustavo Petro, algunos personajes con condenas o bajo investigación se volvieron intocables.
Ahora se espera que Alfonso López sea trasladado a Bogotá, si así lo disponen las autoridades competentes, y que se revisen las investigaciones que, según las denuncias y cuestionamientos conocidos, podrían permanecer sin avances suficientemente esclarecidos en la Fiscalía de Barranquilla.
