Una fuente sostiene que dentro de la Fiscalía existirían funcionarios que tendrían vínculos con la organización criminal y que algunos fiscales temerían avanzar contra su máximo cabecilla. ¿Qué hay detrás de estas graves afirmaciones?
Por: La Unidad Investigativa
Barranquilla vuelve a quedar en el centro de una grave denuncia que compromete la capacidad de la justicia para enfrentar al crimen organizado.
Según información entregada por una fuente que hace parte del entorno de las investigaciones, existirían señalamientos sobre funcionarios de la Fiscalía que supuestamente estarían en la nómina de alias Negrito del Rubí, uno de los hombres señalados por las autoridades y fuentes judiciales como cabeza de una estructura dedicada, entre otras actividades, al robo de tierras, homicidios, microtráfico y cobro de dinero mediante redes de préstamos ilegales.
La versión es de extrema gravedad y requiere ser corroborada por las autoridades competentes. Sin embargo, coincide con varios hechos y reportes periodísticos recientes que muestran que las investigaciones contra esta estructura criminal han enfrentado dificultades.
Una de las afirmaciones más delicadas aparece en una investigación publicada por Semana el 3 de septiembre de 2026.
Según una fuente citada por esa revista, la Fiscalía tendría elementos materiales probatorios suficientes para solicitar órdenes de captura contra alias Negrito del Rubí y otros integrantes de la organización, pero los fiscales no actuarían por temor.
La misma fuente aseguró que, cuando se intentan adelantar actuaciones de Policía Judicial, la información presuntamente termina filtrándose hacia la organización criminal y los investigadores quedan expuestos a problemas e incluso amenazas.
La pregunta es inevitable:
¿Quién está filtrando la información?
Y una pregunta todavía más grave:
¿Hasta dónde habría penetrado esta organización criminal las instituciones?
Los fiscales que aparecen en el radar de los señalamientos sobre Negrito del Rubí
En medio de las versiones que hablan de una presunta red de protección alrededor de alias Negrito del Rubí, varios nombres de funcionarios de la Fiscalía Seccional Atlántico aparecen mencionados en la información que actualmente es objeto de verificación periodística.
Según la fuente consultada, se trataría de funcionarios que, por las responsabilidades que han tenido dentro de la Fiscalía, habrían conocido o tenido bajo su órbita investigaciones relacionadas con hechos atribuidos a estructuras asociadas con Negrito del Rubí.
Entre los nombres mencionados aparecen Javier Zetien Castillo, relacionado por la fuente con el CTI Atlántico; Cristian Arrieta Morales, vinculado a investigaciones de homicidios; Adolfo Niebles Torres, señalado como fiscal coordinador de Vida; Luis Amín Mosquera, fiscal especializado; Carlos Peinado, relacionado con la SAU en la UCJ de la Fiscalía; y Mauricio Chiquillo, fiscal seccional, entre otros.
La fuente sostiene, además, que algunos funcionarios que han tenido conocimiento de investigaciones contra esta estructura criminal habrían mostrado temor de avanzar hacia su judicialización, en un contexto marcado por presuntas filtraciones de información y el poder que tendría la organización en diferentes sectores del Atlántico.
Sin embargo, la versión adquiere preocupación porque coincide con denuncias periodísticas anteriores sobre presuntas filtraciones de información de operativos y dificultades para avanzar en investigaciones contra esta estructura criminal. Además que ponen en riesgo a los informantes que ya han tenido amenazas de muerte.
El interrogante de la ciudadanía Barranquillera:
¿El temor de algunos fiscales a judicializar a Negrito del Rubí obedece únicamente al poder y capacidad de intimidación de la organización o existen funcionarios dentro de las instituciones que estarían favoreciendo sus intereses.
La pregunta es si quienes tienen la obligación de llevarlo ante los jueces están actuando con libertad o si alguien, desde dentro del aparato judicial, está frenando el proceso.
Una Fiscalía que se convirtió en Guarida de criminales?
Los señalamientos adquieren mayor relevancia porque Semana informó el 25 de agosto que la Fiscalía Décima Especializada de Barranquilla se habría convertido en una “papa caliente”.
Según esa publicación, por el despacho habrían pasado al menos tres fiscales y existirían demoras en investigaciones consideradas de alto impacto.
Una fuente del propio ente investigador afirmó que varios de los procesos estaban relacionados con “pesos pesados” del crimen organizado, entre ellos alias Negrito del Rubí, Jorge Luis Alfonso Lopez alias el Gatico, los nuevos freseos incluso los carteles que delinquen en el municipio de Puerto Colombia y sostuvo que no habría garantías para sacar adelante esas investigaciones porque, según su versión, habría funcionarios públicos comprometidos.
La misma información señaló que en las carpetas existirían elementos materiales probatorios que permitirían avanzar en órdenes de Policía Judicial, pero que el despacho también enfrentaría una enorme carga laboral y falta de personal.
Es decir, hay dos posibles explicaciones que deben investigarse: una institucional —sobrecarga, falta de asistentes y dificultades operativas y otra mucho más grave: posibles filtraciones, presiones o corrupción.
Isamar: tres fiscales, un expediente que cambia de manos y ninguna respuesta sobre su desaparición
Han pasado más de dos años desde la desaparición de Isamar Johana Algarín Torres y una de las preguntas que sigue sin respuesta es por qué, pese al paso del tiempo, los videos, testimonios y demás elementos conocidos dentro de la investigación, todavía no se ha logrado esclarecer qué ocurrió con la joven.
La investigación de El Espacio Noticias ha documentado que la joven desapareció después de permanecer bajo custodia durante un procedimiento policial y que existen videos, testimonios y versiones contradictorias alrededor de los hechos.
Otros medios también han documentado imágenes que muestran los últimos momentos conocidos de Isamar y que evidencian que, después de salir de las instalaciones de la Sijín, fue abordada por personas que la obligaron a subir a un vehículo.
El expediente ha pasado de un fiscal a otro. Ninguno, hasta ahora, ha conseguido establecer plenamente qué ocurrió con Isamar después de que salió de las instalaciones de la Sijín en Barranquilla.
Sin embargo, el cambio de funcionarios no ha significado el esclarecimiento del caso.
Su llegada al expediente abre un nuevo capítulo, pero también obliga a revisar los antecedentes de las investigaciones que han estado bajo su responsabilidad y los cuestionamientos que públicamente han rodeado su actuación como fiscal especializado.
El nombre de Rodrigo Restrepo ya había aparecido en otras investigaciones
El nombre de Rodrigo Restrepo Reyes no es nuevo en las investigaciones periodísticas sobre la justicia en el Atlántico.
Una investigación publicada por La Liga, dentro del especial “La toma del Atlántico”, recogió señalamientos realizados en 2022 contra diferentes funcionarios y mencionó a Restrepo entre los altos funcionarios de la Fiscalía que aparecían señalados en versiones relacionadas con estructuras criminales.
El medio consultó a la Fiscalía sobre esos señalamientos y la entidad respondió que no tenía conocimiento de los hechos denunciados. La investigación también señaló que sospechas sobre funcionarios de la Fiscalía habían llevado al traslado de algunos procesos a Bogotá. Por Negligencia
Pero sí forman parte de los antecedentes que deben ser revisados cuando el mismo funcionario termina asumiendo una investigación tan delicada como la desaparición de Isamar.
La trayectoria de Restrepo también aparece en documentos judiciales y oficiales.
Un documento de la Procuraduría registra que Rodrigo Restrepo Reyes estuvo al frente de la Fiscalía Quinta Especializada de Barranquilla y relaciona su despacho con diferentes investigaciones de concierto para delinquir, algunas de ellas provenientes de otras fiscalías y posteriormente conexadas. En varios casos se registraron decisiones inhibitorias o de preclusión.
revisar expediente por expediente.
Entre los casos de alto impacto ocurridos en Barranquilla y el Atlántico aparece el de la familia Vega Daza, cuya masacre ocurrió en Villa Campestre en junio de 2023.
La investigación fue considerada de tal magnitud que fue trasladada a Bogotá y quedó en manos de fiscales especializados en homicidios múltiples y crimen organizado.
Ese antecedente resulta relevante para esta investigación porque alrededor de los casos de crimen organizado en Barranquilla han surgido públicamente cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para investigar estructuras con gran poder económico, criminal y territorial.
Una organización que parece tener información privilegiada
La preocupación aumentó después de un operativo de la Dijín realizado en febrero.
Según Semana, un allanamiento a una vivienda que sería utilizada como casa de seguridad de Negrito del Rubí habría sido afectado por una filtración. La revista informó que dos funcionarios públicos de alto nivel que participaban en consejos de seguridad del Atlántico estaban bajo la lupa de las autoridades y que existirían chats y audios que serían materia de investigación.
La operación terminó con la captura de una persona identificada como alias Druppi Kevin y el hallazgo de dinero en efectivo y otros elementos materiales de prueba.
Si una organización criminal consigue conocer anticipadamente los movimientos de la Policía y de la Fiscalía, la capacidad del Estado para judicializarla queda seriamente comprometida.
¿Hasta dónde llega la red del Negrito del Rubí?
La sombra de Negrito del Rubí no terminaría en Barranquilla: la investigación apunta también hacia Bogotá
Las versiones sobre una presunta red de protección institucional no se limitarían al Atlántico. Fuentes consultadas señalan que algunos procesos trasladados o tramitados en Bogotá también permanecerían estancados, mientras aún se desconoce qué estaría detrás de esas demoras.
La investigación sobre la estructura de alias Negrito del Rubí comienza a tomar una dimensión que va mucho más allá de Barranquilla.
Hasta ahora, los principales cuestionamientos se han concentrado en funcionarios de la Policía, la Fiscalía y, eventualmente, despachos de la Rama Judicial en el Atlántico.
Pero información conocida por El Espacio Noticias plantea una hipótesis todavía más delicada:
las presuntas influencias y filtraciones no se quedarían en la Costa Caribe y podrían haber alcanzado procesos que se encuentran en Bogotá, también se dice que los integrantes de su organización viajan constantemente a Estados Unidos.
La nueva información recibida por este medio señala que habría procesos relacionados con integrantes o actividades de la organización que también permanecen en Bogotá sin avances conocidos.
La pregunta es: ¿Quiénes tienen actualmente esos procesos? ¿Existen decisiones de archivo, preclusión o inhibición?
¿Hubo cambios de fiscal o traslado de expedientes?
La Rama Judicial también debe ser examinada La investigación tampoco puede quedarse solamente en los fiscales.
Si una organización criminal logra evitar una captura, eventualmente tendrá que enfrentar decisiones judiciales.
Por eso será necesario revisar, caso por caso, qué jueces han conocido procesos relacionados con integrantes de la organización y cuáles han sido sus decisiones.
Lo que hasta ahora sí puede sostenerse a partir de hechos conocidos, investigaciones y denuncias públicas es que el fenómeno va mucho más allá de una disputa entre bandas criminales.
Las organizaciones criminales que operan en el Atlántico han demostrado capacidad para buscar información dentro de las instituciones, establecer contactos, conocer movimientos de las autoridades y, según diferentes señalamientos, intentar influir en funcionarios públicos.
Y ese es quizás el aspecto más horroso de esta historia.
