El informe presentado ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría relaciona diez casos de alto impacto que, en conjunto, representan más de $4 billones en contratos, proyectos y recursos objeto de cuestionamiento. Reforma agraria, Ciencia y Tecnología, Caminos Comunitarios, la desalinizadora de Santa Marta y la UNP están entre los principales casos.
El cambio de Gobierno dejó sobre la mesa una extensa lista de asuntos que ahora deberán ser revisados por los organismos de control y la justicia.
El denominado “Libro de la Verdad”, elaborado a partir del proceso de empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo de la Espriella, identifica 82 situaciones que requieren revisión, de las cuales 23 son consideradas críticas por posibles irregularidades administrativas, contractuales, fiscales o penales.
El documento fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que deberán determinar si los hechos señalados configuran irregularidades y establecer, si corresponde, las responsabilidades individuales.
Los diez casos de mayor impacto
El capítulo de hallazgos de mayor impacto concentra diez casos que, de acuerdo con los valores aproximados consignados en el informe, representan más de $4,09 billones en recursos, contratos o proyectos cuestionados.
El caso de mayor cuantía corresponde a la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, con aproximadamente $1 billón relacionado con la adquisición de 537 predios para la reforma agraria.
Según el informe, únicamente tres de esos terrenos figuraban debidamente titulados y registrados a nombre de la Nación. El caso registra denuncias penales y actuaciones fiscales reportadas.
Le sigue el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, con cerca de $900.000 millones. El cuestionamiento está relacionado con una sesión prevista para el 6 de agosto de 2026, un día antes del cambio de Gobierno. La Procuraduría pidió suspenderla y finalmente no se realizó por falta de quórum.
El tercer gran expediente corresponde a ESSMAR y la planta desalinizadora de Santa Marta, por aproximadamente $786.000 millones. Allí se cuestionan los estudios, las condiciones técnicas y la estructuración contractual del proyecto. El documento reporta una suspensión provisional por parte de la Procuraduría.
Caminos Comunitarios, otro de los focos
El programa Caminos Comunitarios aparece relacionado con recursos superiores a $612.000 millones.
El cuestionamiento está centrado en la ejecución de recursos entregados a Juntas de Acción Comunal. El informe señala que se encontraron convenios con 100 % de desembolso y 0 % de avance físico, situación que quedó bajo revisión de los organismos competentes.
En materia de contratación tecnológica, aparece Colombia Compra Eficiente, con un proceso de ciberseguridad cercano a $300.000 millones.
Según el documento, el proceso habría aparecido en SECOP II con un presupuesto de cero pesos y también se cuestionaron las condiciones y los tiempos de participación. El proceso fue suspendido antes de la adjudicación.
Colombia Solar y FONTUR
Otro de los casos está relacionado con FENOGE-Colombia Solar, por $165.492 millones, donde se reportan posibles modificaciones de criterios durante el proceso contractual.
El informe registra una investigación disciplinaria y la suspensión del director.
En FONTUR, el documento pone la lupa sobre un proyecto que inicialmente tenía un costo estimado de $68.500 millones y que habría aumentado aproximadamente 82,6 %, hasta llegar a $127.700 millones. El caso fue trasladado a las autoridades competentes.
La UNP también aparece en el informe
La Unidad Nacional de Protección (UNP) figura con cuestionamientos sobre contratación y concentración territorial de los esquemas de protección, por aproximadamente $78.000 millones.
El documento señala que existen revisiones y actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con este caso.
Por tratarse de recursos destinados a esquemas de protección, será particularmente importante establecer si las decisiones contractuales cuestionadas tuvieron algún impacto sobre la prestación de las medidas de seguridad.
Igualdad y sistema antidrones
El informe también pone bajo observación procesos contractuales por aproximadamente $68.000 millones adelantados a través de Fonigualdad mientras estaba en marcha la liquidación del Ministerio de Igualdad.
El caso fue trasladado a la Procuraduría.
El décimo caso de mayor impacto corresponde a CODALTEC, relacionado con un sistema antidrones por unos $60.300 millones.
Aquí se reportan presuntas inconsistencias entre los precios, las especificaciones técnicas y las capacidades de los equipos. El documento señala una denuncia penal y una queja disciplinaria.
Otros asuntos bajo revisión
El “Libro de la Verdad” también incluye asuntos que, aunque no aparecen entre los diez casos de mayor cuantía, forman parte de los 82 hallazgos identificados.
Entre ellos están 66 nombramientos provisionales en el ICBF realizados en siete días, cuestionamientos sobre la nómina y ampliación de planta del Hospital San Juan de Dios, pese a que no estaría atendiendo pacientes, y observaciones sobre los costos y utilidad de nuevas sedes diplomáticas y consulares de la Cancillería.
El documento advierte además sobre un posible patrón de contratación, nombramientos y decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del Gobierno anterior.
¿Qué sigue?
El informe plantea un posible conjunto de debilidades en planeación, contratación, ejecución y control del gasto público, y destaca especialmente los casos relacionados con reforma agraria, Ciencia y Tecnología, la planta desalinizadora de Santa Marta y Caminos Comunitarios.
Pero hay una precisión fundamental: el “Libro de la Verdad” no establece por sí mismo que exista corrupción ni determina responsables.
Los valores señalados corresponden principalmente a contratos, proyectos o recursos que son objeto de cuestionamiento. Por lo tanto, no pueden presentarse automáticamente como dinero perdido, apropiado o robado.
Ahora serán la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las demás autoridades competentes las que deberán verificar los hechos, determinar si existieron irregularidades y establecer quiénes serían responsables, siempre dentro del debido proceso.
El documento fue preparado como un resumen ejecutivo informativo con fecha 19 de agosto de 2026.
La investigación apenas comienza
Más que una sentencia sobre la gestión del anterior Gobierno, el “Libro de la Verdad” representa un listado de asuntos que ahora deberán pasar la prueba de las investigaciones.
La verdadera dimensión de estos hallazgos se conocerá cuando los organismos de control determinen qué ocurrió con cada contrato, proyecto o decisión administrativa y si las actuaciones cuestionadas terminaron generando responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
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