El asesinato del líder social Freiman David Velásquez y de otras cuatro personas en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, volvió a encender las alarmas sobre la grave situación de seguridad que atraviesa la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas históricamente por el conflicto armado en Colombia.
A través de un comunicado oficial, la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz rechazó el crimen ocurrido el 19 de mayo y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y las comunidades afectadas. En el ataque también murieron Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante del Acuerdo de Paz que se encontraba en condición de discapacidad; y dos escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
UNP condena asesinato de líder social y dos escoltas en ataque armado en Norte de Santander
Freiman David Velásquez era reconocido en el Catatumbo por su trabajo comunitario y campesino. Hacía parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), organización que impulsa proyectos productivos y sociales en esa convulsionada región del departamento de Norte de Santander.
De acuerdo con la Delegación del Gobierno, Velásquez lideraba iniciativas enfocadas en la transformación territorial, especialmente en procesos de reforestación y sustitución de cultivos ilícitos mediante viveros de café y cacao. Su trabajo buscaba generar alternativas económicas legales para las comunidades rurales, promoviendo además la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en territorios históricamente afectados por la violencia.
El crimen ocurre en medio de un contexto complejo de seguridad en el Catatumbo, donde operan distintos grupos armados ilegales y persisten amenazas contra líderes sociales, firmantes de paz y organizaciones campesinas. La zona ha sido escenario de disputas por el control territorial, economías ilícitas y corredores estratégicos para el narcotráfico.
En su pronunciamiento, la Delegación del Gobierno advirtió que hechos violentos como el ocurrido en Ábrego afectan directamente los esfuerzos de construcción de paz y transformación territorial que adelantan las comunidades junto a las instituciones del Estado y autoridades locales.
Asimismo, recordó que la protección de la población civil y el respeto por la vida de los líderes sociales constituyen obligaciones fundamentales contempladas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en territorios donde persisten dinámicas armadas.
El Gobierno Nacional pidió a las autoridades judiciales y organismos competentes avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo sucedido, identificar y judicializar a los responsables y garantizar que este crimen no quede en la impunidad.
El asesinato de Freiman David Velásquez se suma a la preocupante cifra de líderes sociales asesinados en Colombia, situación que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas y organismos internacionales que hacen seguimiento al proceso de paz en el país.
La Delegación del Gobierno reiteró finalmente su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección integral de las comunidades y la continuidad de los diálogos y procesos de construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia.
