Las disidencias de las antiguas FARC, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, anunciaron un alto el fuego unilateral de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo en Colombia. El anuncio fue difundido a través de un comunicado atribuido al Estado Mayor Central, estructura armada que no se acogió al Acuerdo de Paz firmado en 2016.
En el documento, el grupo ilegal aseguró que suspenderá acciones ofensivas contra la fuerza pública y la población civil durante el periodo electoral, argumentando que buscan “garantizar condiciones” para el desarrollo de la jornada democrática en las regiones donde mantienen presencia armada.
El pronunciamiento ocurre en medio de un ambiente de alta tensión política y de preocupación nacional por la seguridad de candidatos, líderes sociales y equipos de campaña, especialmente en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado como Meta, Guaviare, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Asesinato de miembros del equipo de campaña de Espriella
Pese al anuncio de cese al fuego, la violencia política volvió a golpear al país en las últimas horas. Dos integrantes del equipo político del candidato presidencial Abelardo de la Espriella fueron asesinados a tiros en el departamento del Meta.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas se movilizaban por una vía rural cuando fueron interceptadas por hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban. El ataque ocurrió en una zona donde operan estructuras ilegales vinculadas a grupos disidentes y bandas criminales.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar los responsables y establecer si el crimen estaría relacionado con actividades políticas o con disputas territoriales en la región.
El candidato Espriella condenó el hecho y pidió mayores garantías de seguridad para todos los movimientos políticos que participan en la contienda electoral. A través de un pronunciamiento público, afirmó que “la democracia colombiana no puede seguir desarrollándose bajo amenazas y asesinatos”.
Crece la preocupación por la seguridad electoral
El anuncio de las disidencias ha sido recibido con cautela por sectores políticos y organismos de seguridad. Analistas consideran que, aunque un cese al fuego podría reducir temporalmente algunos hechos violentos, persiste el riesgo de acciones armadas aisladas, extorsiones y presiones ilegales sobre comunidades rurales.
La situación ha encendido las alertas de organismos internacionales y misiones de observación electoral, que siguen de cerca el desarrollo del proceso presidencial colombiano.
En varias regiones del país se han denunciado amenazas contra líderes políticos, restricciones a la movilidad y presencia armada cerca de puestos de votación, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar los operativos militares y policiales.
Un proceso electoral marcado por la violencia
Las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollan en uno de los momentos más complejos de seguridad de los últimos años. La expansión de grupos armados ilegales, las disputas por rutas del narcotráfico y la fragmentación de estructuras criminales han incrementado los niveles de violencia en distintas zonas del país.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar en procesos de diálogo y sometimiento con grupos ilegales, sectores de oposición cuestionan la efectividad de las políticas de paz y advierten sobre el deterioro del orden público.
Por ahora, las autoridades mantienen máxima alerta ante posibles nuevos hechos de violencia política durante los días previos a las elecciones presidenciales.
