La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la seguridad en varias zonas del departamento. Cerca de 3.000 personas permanecen confinadas y decenas de familias han sido desplazadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.
El departamento del Chocó enfrenta una compleja crisis humanitaria marcada por el avance de los grupos armados ilegales, los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades, la minería ilegal y los daños ocasionados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
La alerta fue emitida por la Defensoría del Pueblo, que informó sobre la situación que atraviesan especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y poblaciones rurales de diferentes municipios del departamento.
De acuerdo con el organismo, desde el 10 de agosto se ha evidenciado un deterioro de las condiciones de seguridad en la subregión del San Juan. En la comunidad de San Agustín, municipio de Sipí, se constató durante tres días la presencia de integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían restringido la movilidad de los habitantes e impedido el desarrollo de actividades tradicionales de producción.
La Defensoría también recibió información sobre el avance de este grupo armado desde Boca de Sipí hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en el municipio de Medio San Juan.
Enfrentamientos y ataques con drones
Uno de los hechos más preocupantes corresponde a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en territorios étnicos del Consejo Comunitario General del San Juan, ACADE-SAN, así como en zonas rurales de Nóvita y Sipí.
Según la Defensoría, en estos enfrentamientos se habría registrado incluso el uso de drones con explosivos.
El pasado 23 de agosto, ataques y enfrentamientos registrados en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón.
La situación también mantiene confinadas a aproximadamente 652 familias, equivalentes a unas 3.000 personas, ubicadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y en Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita-Sipí, la Defensoría verificó graves daños en viviendas y bienes colectivos ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, además de afectaciones psicológicas entre los habitantes.
El terremoto agravó la emergencia
A la violencia se suman los efectos del terremoto del 10 de agosto. La Defensoría informó que acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron hacia otros lugares del país.
También verificó las condiciones del albergue de ACADESAN en Istmina, afectado por el movimiento telúrico, y brindó orientación a una persona herida para garantizar su atención médica.
Minería ilegal, otra amenaza
La crisis no se limita al conflicto armado. La Defensoría advirtió sobre el incremento de entables mineros y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró y Bagadó, además del corredor entre la comunidad negra de Noanamá, en Medio San Juan, y el corregimiento de Cucurrupí, en el Litoral del San Juan.
Según el reporte, esta situación afecta a 11 comunidades afrodescendientes y negras, que agrupan unas 500 familias y aproximadamente 1.756 personas.
También estarían afectadas siete comunidades indígenas, conformadas por unas 420 familias y 2.120 personas.
La expansión de la minería ilegal, además de generar graves daños ambientales, se estaría convirtiendo en un nuevo escenario de disputa territorial entre actores armados ilegales.
Comunidades siguen en riesgo
La Defensoría señaló que los confinamientos continúan en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras permanece un riesgo inminente de desplazamiento y confinamiento para comunidades étnicas de Jurado, Nuquí y Bojayá.
El panorama descrito por el organismo evidencia una crisis que combina violencia armada, desplazamiento, confinamiento, afectaciones ambientales y desastres naturales, dejando a cientos de comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
La situación vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del Estado para garantizar seguridad, movilidad, atención humanitaria y protección de los derechos de las comunidades étnicas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y el abandono institucional.
