El director del CTI, general (r) José Luis Ramírez, advirtió que la corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios está permitiendo que cabecillas de organizaciones criminales continúen manejando redes delictivas desde las cárceles.
Las cárceles colombianas volvieron a quedar en el centro del debate sobre seguridad luego de que el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, general en retiro José Luis Ramírez, revelara detalles de la ofensiva adelantada contra estructuras criminales que continúan operando desde los centros de reclusión.
En entrevista con Noticias RCN, el funcionario señaló que uno de los principales problemas está relacionado con la corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios, situación que facilita el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos utilizados por los delincuentes para mantener contacto con sus organizaciones en el exterior.
Celulares de hasta $20 millones
Una de las revelaciones más llamativas del director del CTI fue el elevado precio que pueden llegar a pagar algunos delincuentes para ingresar un teléfono celular a una cárcel.
Según Ramírez, un celular puede alcanzar un valor de entre $15 y $20 millones de pesos dentro de un establecimiento penitenciario, debido a las redes de corrupción que permiten su ingreso.
El problema va mucho más allá de tener un teléfono ilegal. De acuerdo con el funcionario, estos dispositivos se convierten en una herramienta fundamental para que los cabecillas mantengan comunicación con sus estructuras criminales y continúen impartiendo órdenes desde prisión.
Extorsiones y homicidios ordenados desde las cárceles
El director del CTI fue contundente al explicar que las cárceles no son solamente utilizadas para realizar llamadas extorsivas.
Desde algunos centros penitenciarios, los investigadores han encontrado indicios de que se estarían coordinando extorsiones, homicidios, secuestros y otras actividades criminales.
La situación quedó nuevamente expuesta tras los operativos realizados en diferentes establecimientos penitenciarios del país, entre ellos centros ubicados en Barranquilla, Valledupar y Boyacá.
Durante estas operaciones fueron encontrados más de 20 teléfonos celulares, cargadores, libretas y documentos que contendrían información relacionada con estructuras criminales como ‘Los Costeños’, señalada por las autoridades de participar en actividades de extorsión en el Atlántico.
La información de los celulares, una pieza clave para las investigaciones
Para la Fiscalía, la incautación de estos dispositivos representa una oportunidad para conocer cómo funcionan las redes criminales y establecer quiénes estarían detrás de las órdenes impartidas desde las cárceles.
El CTI realizará la extracción y análisis de la información contenida en los teléfonos, siempre bajo los procedimientos y órdenes correspondientes de policía judicial.
Esta información podría permitir identificar contactos, instrucciones, movimientos de dinero y posibles integrantes de las estructuras que continúan operando fuera de las cárceles.
Operativos buscan cortar las comunicaciones
La ofensiva del CTI se produce en medio de una serie de medidas adoptadas por las autoridades para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.
En días recientes también fueron realizados registros simultáneos en seis centros de reclusión, entre ellos El Bosque y La Modelo, en Barranquilla; La Tramacúa, en Valledupar; Picaleña, en Ibagué; Bellavista, en Medellín, y El Barne, con el propósito de encontrar dispositivos y elementos utilizados para mantener comunicaciones ilegales.
La situación ha generado preocupación especialmente en el Caribe colombiano, donde las autoridades han relacionado comunicaciones desde centros penitenciarios con redes de extorsión.
El reto: acabar con la corrupción
Las declaraciones del director del CTI dejan planteado uno de los mayores desafíos para el sistema penitenciario: no basta con trasladar a los cabecillas si estos mantienen la capacidad de comunicarse con sus organizaciones criminales.
La corrupción dentro de las cárceles se convierte, en este escenario, en un factor que permite que las estructuras criminales mantengan su capacidad de intimidación y operación pese a que sus principales integrantes se encuentren privados de la libertad.
El Gobierno y las autoridades penitenciarias han anunciado diferentes medidas para enfrentar esta situación, mientras la Fiscalía continúa investigando quiénes facilitan el ingreso de equipos de comunicación y otros elementos prohibidos.
La advertencia del CTI es clara: estar tras las rejas no necesariamente significa que un cabecilla haya perdido el control de su organización criminal.
Vea aquí la entrevista completa del director del CTI en Noticias RCN.
