La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar el retiro provisional de parte de la publicidad de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo debate político y jurídico en Colombia sobre los límites de la propaganda electoral y el uso de símbolos patrios en campañas políticas.
La medida fue adoptada dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato presidencial, el movimiento “Defensores de la Patria” y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el auto, firmado por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, el Tribunal ordenó que, en un plazo de 24 horas, se retirara de páginas web, redes sociales y demás medios de difusión toda propaganda política en la que aparezcan la bandera de Colombia, el escudo nacional, símbolos representativos de la nación, imágenes alusivas a las Fuerzas Militares y de Policía, así como las expresiones “Firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.
La tutela sostiene que el uso de esos elementos podría representar una infracción al régimen electoral y una utilización indebida de símbolos institucionales con fines políticos. Según el accionante, la situación ya había sido puesta en conocimiento del Consejo Nacional Electoral desde octubre de 2025, sin que se hubiera producido una decisión de fondo.
Aunque la medida ha generado fuertes reacciones, expertos recuerdan que se trata de una decisión provisional y no de un fallo definitivo sobre la legalidad de la campaña de Abelardo de la Espriella.
Las medidas provisionales dentro de una tutela tienen como finalidad prevenir posibles afectaciones mientras el juez analiza el fondo del caso. Sin embargo, mientras estén vigentes, son de obligatorio cumplimiento.
El caso también abrió una discusión sobre los alcances de la libertad de expresión política. Mientras algunos sectores consideran legítimo que se controle el uso de símbolos oficiales del Estado en campañas electorales, otros advierten que restringir expresiones como “Firmes por la patria” podría generar tensiones con derechos relacionados con el debate político y la libre participación democrática.
En Colombia existen normas orientadas a proteger la neutralidad institucional y evitar que campañas electorales puedan transmitir la idea de representar oficialmente al Estado o a la Fuerza Pública. No obstante, el alcance de esas limitaciones suele ser objeto de interpretación judicial y constitucional.
La controversia también vuelve a poner la atención sobre el papel del Consejo Nacional Electoral y su capacidad de respuesta frente a denuncias relacionadas con campañas políticas, especialmente en medio del ambiente preelectoral.
Por ahora, la campaña de Abelardo de la Espriella podrá impugnar la decisión mientras el Tribunal continúa estudiando el fondo de la tutela y define si existió o no vulneración de normas electorales o principios constitucionales relacionados con el uso de símbolos patrios e institucionales en propaganda política.
