Everth Hawkins Sjogreen es investigado por presuntamente recurrir a la estructura delincuencial conocida como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a dos contratistas de la Gobernación. La Fiscalía también investiga la supuesta retención de una familiar de una de las víctimas.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación llevó a la captura, en Barranquilla, del exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta participación en hechos de extorsión agravada y secuestro extorsivo contra contratistas vinculados a la administración departamental.
La detención se produjo el lunes 19 de octubre de 2026, mediante un operativo de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. El caso genera preocupación por la gravedad de los hechos investigados y por los presuntos vínculos que habrían existido entre un antiguo mandatario departamental y una estructura delincuencial.
Según la información entregada por el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas, las investigaciones apuntan a que Hawkins habría contactado a integrantes del grupo conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a dos contratistas y exigirles, en conjunto, 3.000 millones de pesos.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las exigencias económicas estarían condicionadas a permitir que los afectados continuaran desarrollando sus actividades comerciales y a evitar posibles agresiones contra ellos o sus familiares.
La supuesta retención de una familiar
Uno de los elementos más delicados de la investigación es la presunta retención de una familiar de uno de los contratistas, que habría sido utilizada como mecanismo de presión para conseguir el dinero exigido.
Este hecho, de comprobarse, agravaría la dimensión del caso, pues no se trataría únicamente de una exigencia económica bajo amenazas, sino de una posible acción contra la libertad individual de una persona para presionar a su entorno familiar.
La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de esa presunta retención, la participación que habría tenido cada uno de los involucrados y las pruebas que permitirían determinar si existió una relación directa entre el exgobernador y los integrantes de la estructura delincuencial.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación penal y deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales.
¿Quiénes son ‘Las Salsas Mexicanas’?
La estructura delincuencial denominada ‘Las Salsas Mexicanas’ aparece en la investigación como el grupo al que presuntamente habría acudido el exmandatario para intimidar a los contratistas.
Según la hipótesis de la Fiscalía, sus integrantes habrían sido contactados para ejercer presión sobre las víctimas mediante amenazas contra su integridad y la de sus familiares.
Los investigadores tendrán que precisar qué personas participaron, cuáles fueron sus funciones y si existen otros posibles afectados. También será necesario establecer si la estructura tenía capacidad para actuar de manera coordinada y si los hechos investigados forman parte de una actividad criminal más amplia.
La investigación no solo compromete el esclarecimiento de las presuntas exigencias económicas, sino también la identificación de todos los posibles responsables.
Un exgobernador bajo la lupa judicial
Everth Hawkins Sjogreen estuvo al frente de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2020-2023. Su nombre ya había sido mencionado en actuaciones de los organismos de control y en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante su administración.
En 2024, la Procuraduría anunció una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 13 años contra el exmandatario, según reportes periodísticos. Este antecedente corresponde a un proceso distinto y no demuestra por sí mismo las acusaciones que ahora investiga la Fiscalía.
La captura actual está relacionada con una investigación específica por presunta extorsión y secuestro extorsivo. Por eso, será la justicia la que determine si las pruebas permiten atribuirle responsabilidad penal en estos hechos.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la captura, la Fiscalía anunció que presentaría al exgobernador ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias correspondientes e imputarle los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.
En esa etapa, el ente acusador deberá exponer los hechos jurídicamente relevantes y los elementos que sustentan su investigación. La defensa, por su parte, tendrá derecho a controvertir las pruebas y ejercer las garantías previstas en la ley.
Es importante precisar que una captura y una imputación no equivalen a una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.
Las preguntas que deben responder las autoridades
El caso plantea interrogantes que merecen una respuesta clara: ¿cómo se habrían producido los contactos con la estructura delincuencial?, ¿qué pruebas vinculan al exgobernador con las presuntas exigencias económicas?, ¿qué ocurrió con la familiar que habría sido retenida? y ¿existen otros contratistas que hayan sufrido amenazas similares?
También será necesario establecer si los hechos investigados guardan relación con contratos públicos o si corresponden a presiones ejercidas contra personas por sus actividades comerciales. Esa distinción deberá surgir de las pruebas y de los resultados de la investigación.
La prioridad es esclarecer los hechos, proteger a las presuntas víctimas y garantizar que quienes hayan cometido delitos respondan ante la justicia, sin excepciones por su trayectoria política o su antigua posición de poder.
