El proceso judicial contra Jorge Alexander Pérez Torres, conocido como ‘El Chatarrero’, uno de los principales investigados por el desfalco de los recursos destinados a los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de Ibagué 2015, continúa avanzando lentamente, mientras crece la preocupación por el paso del tiempo y una eventual prescripción de algunas de las conductas investigadas.
La investigación se remonta al contrato 074 de 2015, relacionado con la construcción y remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42, cuyo valor ascendía a cerca de $37.000 millones. La Fiscalía ha señalado a Pérez Torres por delitos relacionados con la contratación y el manejo de los recursos públicos.
El expediente ha estado marcado por sucesivos aplazamientos. En enero de 2019, la Fiscalía informó que por quinta vez había sido aplazada la audiencia preparatoria contra Pérez Torres. En aquella oportunidad, el proceso acumulaba alrededor de 25.000 folios y más de 600.000 archivos de evidencia.
Meses después, en abril de 2019, nuevamente se suspendió la audiencia preparatoria, esta vez por una incapacidad médica presentada por el abogado defensor. Era ya el sexto aplazamiento reportado públicamente.
El paso del tiempo se convirtió en uno de los elementos más sensibles del expediente. De hecho, en 2021 Pérez Torres obtuvo la libertad por vencimiento de términos, después de que transcurrieran más de 240 días sin que fuera llevado a juicio, según reportó entonces El Tiempo. Posteriormente fue recapturado en 2023 en un proceso relacionado con nuevos delitos que la Fiscalía le atribuyó.
Diez años después, el proceso todavía no termina
El escándalo ocurrió alrededor de 2015. Sin embargo, casi una década después, el proceso principal contra ‘El Chatarrero’ seguía activo.
En noviembre de 2024, El Cronista informó que el proceso más antiguo, tramitado ante el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito, todavía se encontraba en etapa de presentación de pruebas y testimonios. En esa oportunidad se escuchó al exasesor del IMDRI Leonardo Valero González.
En abril de 2025, además, compareció como testigo el exgerente del IMDRI Carlos Heberto Ángel, quien entregó declaraciones dentro del juicio y se refirió a presuntos acuerdos alrededor de los contratos de los escenarios deportivos.
La situación plantea una pregunta que deberá ser resuelta jurídicamente: ¿cuánto tiempo le queda al Estado para obtener una decisión definitiva antes de que pueda operar la prescripción de alguno de los delitos investigados?
La respuesta no puede establecerse simplemente contando los años transcurridos desde 2015. El término de prescripción depende del delito concreto, la pena prevista, la etapa procesal, las actuaciones realizadas y las reglas de interrupción o suspensión aplicables al caso.
Actualmente existe una alerta por la prolongación de un proceso que lleva cerca de una década en los despachos judiciales.
Mientras tanto, los recursos públicos destinados a los escenarios deportivos siguen formando parte de uno de los capítulos más cuestionados de la contratación pública de Ibagué. El contrato de la Unidad Deportiva de la calle 42 no terminó convirtiéndose en la obra deportiva que esperaba la ciudad y, según la Fiscalía, más de $18.000 millones del anticipo habrían sido objeto de apropiación en el entramado investigado en el proceso más reciente.
La justicia tendrá ahora el desafío de evitar que el paso del tiempo termine convirtiéndose en un obstáculo para establecer las responsabilidades penales que correspondan.
El proceso judicial contra ‘El Chatarrero’, volverá a tener movimiento a partir del próximo 30 de noviembre, cuando están previstas nuevas audiencias desde las 8:00 de la mañana.
De acuerdo con la programación conocida, las diligencias tendrán como siguiente calendario el 13 de enero de 2027, una agenda que refleja la necesidad de darle continuidad al proceso y avanzar con celeridad frente al tiempo transcurrido.
