La labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía permitió llevar ante la justicia uno de los homicidios políticos más emblemáticos del sur del Magdalena. La sentencia deja lecciones sobre el valor de investigar con persistencia y sobre el rigor probatorio que exige el proceso penal colombiano.
Por: Amallfi Rosales
Durante más de veinte años, el asesinato del excongresista y dirigente político Fernando Pisciotti Van Strahlen permaneció como una de las heridas abiertas del sur del Magdalena. Ocurrido el 9 de diciembre de 2003, en medio del dominio que ejercían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre amplios sectores de la región, el crimen simbolizó la violencia que marcó la vida política de la Costa Caribe durante los años más intensos del conflicto armado.
Con el paso del tiempo, muchos procesos relacionados con esa época quedaron archivados, prescribieron o nunca lograron superar las dificultades probatorias propias de investigaciones adelantadas años después de ocurridos los hechos. Sin embargo, el expediente por el homicidio de Pisciotti continuó avanzando gracias al trabajo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
Una investigación de largo aliento
Los procesos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos presentan enormes desafíos. El paso del tiempo, la muerte de testigos, el temor de quienes conocen los hechos y la desaparición de evidencias materiales suelen convertirse en obstáculos que ponen en riesgo el esclarecimiento judicial.
En este caso, la Fiscalía mantuvo abierta la investigación y desarrolló una labor de reconstrucción histórica que permitió identificar el contexto político y armado existente en el municipio de El Banco y en otras zonas del Magdalena para la época de los hechos.
La sentencia reconoce que el homicidio de Fernando Pisciotti ocurrió dentro de un escenario ampliamente documentado de presencia y control territorial ejercido por estructuras paramilitares en el Magdalena.
La persistencia investigativa del fiscal Óscar Rodríguez permitió que uno de los homicidios políticos más emblemáticos del Magdalena llegara a una sentencia condenatoria. Tras un extenso juicio, el despacho judicial concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para declarar penalmente responsables a Matías Oliveros del Villar y Rubén Arturo Ruidíaz Ramos como determinadores del homicidio agravado de Fernando Pisciotti Van Strahlen.
La condena fue el resultado de una extensa investigación liderada por el fiscal Rodríguez, quien durante el juicio logró sustentar la responsabilidad penal de Matías Oliveros del Villar y Rubén Arturo Ruidíaz Ramos como determinadores del homicidio agravado de Fernando Pisciotti Van Strahlen.
Para ello, la Fiscalía presentó un robusto acervo probatorio construido durante más de dos décadas, que incluyó los testimonios de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Wilson Poveda Carreño, alias Rafa; Luis Julián Poveda Meneses, alias Niño, quien reconoció su participación como autor material del crimen; además de las declaraciones de Nohora de Jesús Ospino Torrez, asistente de la víctima; Marta Cecilia Gómez Navarro, su viuda; sus hermanos Jorge Luis y Víctor Eusebio Pisciotti Van Strahlen, así como otros testigos e investigadores que permitieron reconstruir el contexto de violencia, las amenazas y la planeación del asesinato.
Tras valorar en conjunto este material probatorio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta concluyó que existían pruebas suficientes para declarar penalmente responsables a ambos procesados y condenarlos a 300 meses (25 años) de prisión.
La Fiscalía presentó una teoría del caso sustentada en ese contexto y en diversos medios de prueba obtenidos durante la investigación.
¿Quién es Matías Oliveros del Villar y Ruben Arturo Ruizdiaz?
Matías Oliveros del Villar es un exalcalde del municipio de El Banco, Magdalena 2003-2007, cuya trayectoria política estuvo marcada por múltiples investigaciones judiciales. En 2009 fue capturado en el norte de Bogotá por orden de la Fiscalía General de la Nación, señalado como presunto responsable del homicidio del ganadero Natalio Escobar Ramírez, ocurrido el 14 de junio de 2004. A lo largo de los años también enfrentó procesos relacionados con sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares que ejercían influencia en el Magdalena durante los años más intensos del conflicto armado.
Hasta antes de conocerse esta sentencia condenatoria, Matías Oliveros del Villar se encontraba en libertad, pese a su historial judicial y a las investigaciones que enfrentó por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y otros hechos delictivos. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta lo condenó. Una vez la decisión quede en firme, deberá hacerse efectiva la orden de captura para el cumplimiento de la pena, salvo que exista una medida judicial que disponga otra situación procesal.
Por su parte, Rubén Arturo Ruidíaz Ramos, conocido en el expediente judicial con el alias de «Rubén Corrupto», fue señalado por la Fiscalía como integrante del aparato organizado de poder que ejercía influencia en los municipios de El Banco y Guamal (Magdalena) durante la expansión del Bloque Norte de las AUC.
Según la sentencia, su papel fue analizado a partir de testimonios de exintegrantes de esa organización armada y de otros elementos probatorios presentados en juicio. Fué declarado como determinador del homicidio agravado del exrepresentante Pisciotti Van Strahlen. En la misma decisión, el despacho dispuso cesar el procedimiento únicamente respecto del delito de concierto para delinquir agravado.
Una verdad que continúa construyéndose
El asesinato de Fernando Pisciotti hace parte de una etapa dolorosa de la historia política del Magdalena y del Caribe colombiano. Cada actuación judicial representa un nuevo paso en la reconstrucción de esa memoria histórica.
Aunque las decisiones judiciales puedan generar diferentes interpretaciones, el proceso demuestra la importancia de mantener vivas las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y reafirma el compromiso institucional de fiscales, jueces y demás operadores judiciales con el esclarecimiento de hechos que marcaron profundamente a las víctimas y a la sociedad colombiana.
Más de veinte años después del crimen, el expediente de Fernando Pisciotti deja una enseñanza clara: la búsqueda de la verdad y la justicia puede ser lenta, pero solo mediante investigaciones rigurosas, independientes y sometidas al control judicial es posible fortalecer la confianza en las instituciones y preservar la memoria de quienes perdieron la vida en medio del conflicto armado.
