Mientras la fiscal general Luz Adriana Camargo recorre el país y el exterior hablando de cooperación, seguridad y lucha contra el crimen, en las regiones persisten preguntas sobre la capacidad de la Fiscalía para investigar, judicializar y poner orden dentro de su propia casa.
La primera reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella y la fiscal general Luz Adriana Camargo, realizada el 13 de agosto en el Palacio de San Carlos, dejó una fotografía institucionalmente correcta: Gobierno y Fiscalía sentados en la misma mesa, hablando de seguridad, justicia y lucha contra el crimen, con un compromiso explícito de respetar la autonomía del ente investigador.
La fotografía es buena.
Ahora vienen los resultados.
La verdadera pregunta no es si el presidente y la fiscal general tendrán una buena relación. Es si Camargo tiene una Fiscalía suficientemente fuerte, organizada y presente para responder a la nueva política de seguridad del Gobierno y enfrentar el crecimiento de las estructuras criminales.
Y esa respuesta todavía está pendiente.
La fiscal viajera
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la gestión de Camargo es su agenda internacional. Según información de la propia Fiscalía citada por El Colombiano, durante su primer año realizó seis grandes desplazamientos, además de un periodo posterior de vacaciones en Estados Unidos. Los viajes oficiales incluyeron destinos como La Haya, Ámsterdam, Palermo, París, Washington, Madrid, Atenas, Montevideo y Londres. Los cinco desplazamientos inicialmente documentados representaron más de 156 millones de pesos en tiquetes y viáticos.
Nadie puede cuestionar que una Fiscalía necesite cooperación internacional. El narcotráfico, el lavado de activos y las organizaciones criminales tampoco tienen fronteras.
Pero la discusión es otra:
¿Qué resultados judiciales concretos produjeron esos viajes?
¿Cuántas investigaciones se fortalecieron? ¿Cuántas redes fueron desmanteladas? ¿Cuánto dinero se recuperó? ¿Cuántos bienes fueron identificados? ¿Cuántos procesos de lavado de activos avanzaron?
Porque en una Fiscalía el viaje no puede convertirse en el resultado; debe ser el instrumento para conseguirlo.
La preocupación está en las regiones
Mientras en el exterior se buscan alianzas contra el crimen transnacional, en las regiones persisten enormes desafíos.
En el Caribe colombiano continúan la extorsión, los homicidios, el narcotráfico y las disputas entre estructuras criminales. La Guajira enfrenta además graves problemas de corrupción y economías ilegales, mientras Atlántico, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y Bolívar tampoco están al margen.
En Barranquilla, las denuncias conocidas por El Espacio Noticias sobre actuaciones dentro de la unidad de Policía Judicial del CTI deben ser investigadas con absoluta seriedad. Existen señalamientos sobre conflictos, traslados, reasignaciones y cambios que podrían haber afectado investigaciones sensibles.
Lo preocupante es que, en una región golpeada por el crimen organizado, la Fiscalía no puede permitirse perder investigadores, continuidad o tiempo por conflictos internos.
También existen denuncias que hablan de investigaciones que presuntamente pierden rumbo, expedientes que se archivan o permanecen durante años sin resultados y decisiones que generan dudas.
Son señalamientos graves.
Y precisamente por eso deben ser investigados.
Si un funcionario de la Fiscalía es señalado de posibles vínculos con estructuras criminales, la respuesta institucional no puede ser el silencio. Tiene que haber controles, investigaciones internas y decisiones transparentes.
La pregunta que hoy se hacen muchos ciudadanos es sencilla:
¿Qué controles existen en la seccional Atlántico para impedir que una investigación sea desviada, paralizada o archivada injustificadamente?
Una Fiscalía que está dejando una peligrosa sensación de impunidad
Más allá de las cifras oficiales, existe una percepción que la Fiscalía no puede ignorar: para muchos colombianos, la justicia parece lenta, distante y desigual.
Hay investigaciones que avanzan, capturas y condenas importantes. Pero también existen procesos que pierden impulso, expedientes que cambian de manos y víctimas que esperan durante años una respuesta.
La gestión de una fiscal general no se mide únicamente por las operaciones exitosas. También se mide por los casos que no avanzan, los funcionarios cuestionados, la continuidad de las investigaciones y la capacidad de poner orden dentro de la propia institución.
Más allá de las cifras oficiales, existe una percepción que la Fiscalía General de la Nación no puede ignorar: para muchos colombianos, la justicia parece cada vez más distante, lenta y desigual.
Hay investigaciones que avanzan con rapidez, capturas que ocupan los titulares y procesos que reciben toda la atención institucional. Pero también existen casos que permanecen durante años sin una respuesta clara, investigaciones que pierden impulso, expedientes que cambian de manos y víctimas que terminan preguntándose por qué sus casos no reciben la misma atención.
De allí surge una sensación todavía más preocupante: que en Colombia sí hay justicia, pero no siempre parece llegar de la misma manera para todos.
Una Fiscalía que no explica por qué algunos procesos avanzan rápidamente mientras otros permanecen estancados termina alimentando la desconfianza.
La situación resulta particularmente delicada cuando se trata de investigaciones contra personas con poder político, económico o vínculos con organizaciones criminales. En esos casos, la ciudadanía espera que la Fiscalía demuestre independencia, rigor y exactamente el mismo compromiso investigativo, sin importar quién esté al otro lado del expediente.
Porque la justicia no puede depender de quién denuncia, quién es investigado o cuánto poder tiene.
El caso Calarcá
El caso de los dispositivos incautados a integrantes de la estructura de alias Calarcá representa uno de los episodios que más preguntas deja.
Según la Fiscalía, esos elementos permitieron judicializar a 28 integrantes del frente 36 de las disidencias. Pero posteriormente se conoció que dentro de la información incautada existían elementos relacionados con una posible infiltración de estructuras armadas en organismos de inteligencia y en el Ejército. La propia Fiscalía abrió nuevas líneas de investigación y reconoció fallas en el manejo del caso.
La pregunta es inevitable:
¿Cómo puede información de semejante gravedad permanecer durante tanto tiempo dentro de la institución sin que se conozca oportunamente todo su alcance?
Aquí ya no estamos hablando solamente de política.
Estamos hablando de liderazgo institucional, controles y capacidad de reacción.
¿Qué pasa con los fiscales que investigan a las estructuras armadas?
Este es quizá uno de los asuntos más delicados.
Colombia necesita fiscales que investiguen a las disidencias, al Clan del Golfo, al narcotráfico, a las redes de corrupción y a quienes desde las instituciones puedan favorecer a esas organizaciones.
Por eso generan preocupación las versiones sobre traslados, concursos, cambios y salidas de fiscales que participan en investigaciones sensibles contra estructuras armadas.
Un cambio administrativo puede ser perfectamente legítimo. Pero cuando se trata de investigaciones estratégicas, debe garantizarse algo fundamental:
la continuidad.
Un fiscal que durante años ha construido una investigación acumula información, contexto y conocimiento que no se reemplazan de la noche a la mañana.
Los fiscales necesitan independencia, pero también necesitan respaldo.
Y quienes enfrentan a las organizaciones criminales deben tener la certeza de que la institución está detrás de ellos y no encima de ellos.
La herencia de la Paz Total
A esto se suma el complejo escenario dejado por la suspensión de órdenes de captura durante la política de Paz Total.
En abril de 2026, Camargo pidió al entonces presidente Gustavo Petro reactivar las órdenes contra alias Calarcá, después de que la Fiscalía considerara que existían elementos para hacerlo.
La suspensión de órdenes de captura también dejó consecuencias y dudas que todavía deben ser aclaradas.
En algunos casos, la medida buscaba facilitar los procesos de diálogo, pero en la práctica significó que personas señaladas de pertenecer a organizaciones armadas pudieran permanecer sin ser capturadas mientras avanzaban las negociaciones.
El caso del Ejército de Liberación Nacional es ilustrativo: después de la crisis de violencia en el Catatumbo, la Fiscalía reactivó las 31 órdenes de captura que habían sido suspendidas para integrantes de esa organización. En el Valle de Aburrá ocurrió una situación similar con 23 órdenes suspendidas contra cabecillas de estructuras criminales, de las cuales 16 fueron posteriormente reactivadas.
Más allá de la discusión jurídica, el episodio deja una preocupación de fondo: si una orden de captura se suspende para facilitar una negociación y durante ese tiempo la organización continúa delinquiendo, ¿quién responde por las consecuencias y qué mecanismos tiene el Estado para evitar que la suspensión termine convirtiéndose en una ventaja para los grupos criminales?
Ese episodio demuestra que la Fiscalía no estuvo simplemente subordinada a la política de paz del Gobierno anterior.
Pero deja una tarea pendiente:
el país necesita saber cuántas órdenes fueron suspendidas, cuáles siguen suspendidas, cuáles fueron reactivadas y qué ocurrió con las investigaciones durante ese periodo.
La nueva etapa
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, el tema adquiere una nueva dimensión. El nuevo Gobierno ha planteado una política de seguridad más dura frente a las organizaciones armadas y criminales, por lo que las órdenes de captura suspendidas durante la administración anterior tendrán que ser revisadas con especial atención.
La pregunta ahora es qué hará el nuevo Gobierno frente a quienes se beneficiaron de esas suspensiones, cuáles órdenes serán reactivadas y qué ocurrirá con las investigaciones que quedaron en curso. Para Luz Adriana Camargo también será una prueba de independencia y de capacidad institucional: deberá coordinarse con el Gobierno de De la Espriella, pero al mismo tiempo garantizar que las decisiones sobre capturas e investigaciones respondan a criterios jurídicos y no a intereses políticos.
El nuevo Gobierno promete combatir la criminalidad con mayor contundencia; ahora tendrá que demostrar, junto con la Fiscalía, que las decisiones tomadas durante la Paz Total no terminaron dejando espacios de impunidad.
La Fiscalía tendrá que responder a ese nuevo escenario sin perder su independencia.
Porque una cosa es coordinarse con el Gobierno y otra muy distinta convertirse en una dependencia política de la Casa de Nariño.
Pero autonomía tampoco significa ausencia de controles.
Camargo debe demostrar que tiene el control de la institución que dirige.
Barranquilla también espera respuestas
Barranquilla ocupa hoy un lugar estratégico para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente ha convertido a la ciudad en uno de los principales escenarios de su agenda nacional, prácticamente en una sucursal de la Casa de Nariño en la Costa Caribe. Pero mientras el Gobierno anuncia una ofensiva contra el crimen, en Barranquilla las organizaciones criminales y las estructuras mafiosas no dan tregua.
La Fiscalía Seccional Atlántico tiene una responsabilidad enorme en este escenario. En apenas tres años, la dirección de la seccional ha cambiado en nueve oportunidades, una rotación que, por su frecuencia, merece una explicación y obliga a preguntarse por sus efectos sobre la continuidad de las investigaciones y la conducción de una de las regiones más complejas en materia de seguridad.
A esto se suman los distintos escándalos y cuestionamientos por presuntas actuaciones irregulares y hechos de corrupción que han rodeado a funcionarios de la entidad y que han puesto en entredicho los mecanismos de control interno.
La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar después de cada homicidio, cada extorsión o cada operación de la Fuerza Pública. Tiene que anticiparse al delito, fortalecer sus equipos de fiscales e investigadores, recuperar la capacidad operativa de la seccional y, sobre todo, garantizar que las investigaciones contra las organizaciones criminales no se queden en los autores materiales, sino que lleguen hasta quienes las dirigen, las financian y se benefician de sus actividades.
En una región donde nuevas estructuras criminales buscan ocupar espacios y ejercer control territorial, la inestabilidad en la dirección, la falta de capacidad investigativa y los cuestionamientos internos no pueden convertirse en otra ventaja para los delincuentes.
El presidente tiene la obligación de exigir resultados a todas las instituciones que hacen parte de su política de seguridad, pero debe hacerlo respetando la autonomía de la Fiscalía. Y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tiene que demostrar que ejerce control sobre sus seccionales y que está en capacidad de corregir las fallas que afectan la administración de justicia.
Porque si el Gobierno anuncia una guerra frontal contra el crimen, pero las instituciones encargadas de investigarlo siguen debilitadas, sin suficientes fiscales, con investigaciones que no avanzan y con cuestionamientos internos que no se resuelven, la estrategia quedará incompleta.
La pregunta ya no es solamente qué hará el presidente frente a los criminales. La pregunta es qué hará el Estado frente a unas estructuras que, en algunos territorios, parecen haber adquirido la confianza suficiente para decir que mandan. Debe De La Espriella depurar la policia Metropolitana de Barrranquilla empezando por sus altos mandos.
Ahora comienza el verdadero examen
La reunión entre el Presidente y la fiscal general ya ocurrió. El compromiso de trabajar coordinadamente también quedó planteado. Ahora corresponde demostrarlo en las calles, en las investigaciones y en los tribunales.
Porque Colombia no necesita solamente anuncios de seguridad. Necesita una Fiscalía que responda, que investigue y que entregue resultados.
Y esa será, finalmente, la medida de la gestión de Luz Adriana Camargo en esta nueva etapa del país. Se necesita una fiscal general presente, al frente de su institución, recorriendo las regiones y escuchando a los fiscales, a los investigadores y, sobre todo, a los ciudadanos que diariamente enfrentan la criminalidad y esperan respuestas de la justicia.
Colombia necesita que la Fiscalía escuche lo que está pasando en las calles, conozca las dificultades de sus seccionales y atienda las denuncias que durante años han quedado sin respuesta. El país espera una fiscal que asuma el liderazgo, que ponga orden donde sea necesario y que convierta las preocupaciones de la gente en decisiones y resultados.
Porque al final, más allá de los viajes, las reuniones y los comunicados, la verdadera medida de una Fiscalía es la confianza que logra recuperar entre quienes esperan justicia.
