Por: El Espacio Noticias
Colombia vuelve a enfrentar una tragedia natural de enormes proporciones. Apenas tres días después de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella recibió su primera gran emergencia nacional: el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que golpeó con especial fuerza a varias zonas del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
La emergencia ha dejado cientos de víctimas, miles de heridos y desaparecidos, además de una enorme afectación en viviendas, colegios, hospitales, vías y otras infraestructuras. Al corte del 12 de agosto, la UNGRD reportaba 239 fallecidos, 287 desaparecidos y 3.755 heridos, mientras el balance presidencial posteriormente elevó las cifras de víctimas.
El terremoto coloca a De la Espriella ante una prueba de gobierno prácticamente desde el primer día y permite recordar cómo enfrentó Gustavo Petro algunas de las principales emergencias naturales de sus cuatro años de administración.
Petro: varias emergencias, distintas respuestas y fuertes cuestionamientos
El gobierno de Gustavo Petro enfrentó, entre otras emergencias, la ola invernal y la crisis de La Mojana, la avalancha de Quetame en 2023, los incendios forestales de 2024, las inundaciones del Chocó y, en 2026, una de las mayores emergencias invernales de los últimos años en Córdoba y otros departamentos del Caribe.
Pero no todas las respuestas fueron iguales ni todas estuvieron rodeadas de las mismas críticas.
En enero de 2024, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó una de las primeras grandes emergencias ambientales de ese año, provocada por una intensa temporada de incendios forestales asociada al fenómeno de El Niño.
En ese entonces el Gobierno de Petro declaró la situación de desastre nacional y activó mecanismos de atención y respuesta, mientras Petro pidió apoyo internacional y puso en marcha acciones para contener el avance de las llamas. La emergencia, sin embargo, también generó cuestionamientos sobre la capacidad de prevención y respuesta del Estado frente a los incendios que afectaron diferentes regiones del país.
Uno de los episodios que más quedó en la memoria política fue la tragedia de Quetame, Cundinamarca, en julio de 2023.
La avalancha ocurrió mientras Petro se encontraba en Bruselas, participando en la cumbre CELAC-Unión Europea. El mandatario se pronunció desde Europa, expresó sus condolencias y ordenó acciones para atender la emergencia. Sin embargo, cuando regresó al país se desplazó a San Andrés para participar en los actos del 20 de julio, en lugar de viajar directamente a Quetame.
La decisión provocó duras críticas. Algunos sectores lo calificaron de indolente y cuestionaron que el presidente estuviera en la isla mientras la búsqueda de desaparecidos continuaba en Cundinamarca.
Petro, por su parte, sostuvo que la emergencia requería no solamente atención inmediata sino soluciones estructurales para una zona históricamente vulnerable a movimientos de tierra y deslizamientos.
Córdoba: el otro episodio que dejó una imagen política difícil de olvidar
En febrero de 2026, pocos meses antes de terminar su gobierno, Petro enfrentó otra emergencia de grandes proporciones: las inundaciones en Córdoba y otros departamentos de la región Caribe.
En esta ocasión el presidente sí se trasladó al territorio y realizó un Consejo de Ministros en Montería para abordar la emergencia.
Pero la reunión terminó convertida también en una controversia política.
Varios alcaldes de municipios afectados por las inundaciones llegaron para intentar exponer directamente la situación de sus comunidades. Sin embargo, no fueron autorizados a ingresar al Consejo de Ministros.
La imagen de algunos mandatarios locales esperando afuera, mientras el Gobierno desarrollaba la reunión, generó críticas.
Petro respondió posteriormente que el Consejo de Ministros tenía reglas y que no era “un foro” ni “una fiesta”. También sostuvo que ese escenario no podía convertirse en una plataforma de campaña política.
La controversia no estuvo entonces en la ausencia física del presidente, como ocurrió en las críticas por Quetame, sino en la manera como el Gobierno manejó la interlocución con los alcaldes de las zonas directamente afectadas.
La magnitud de aquella emergencia fue considerable. La UNGRD llegó a reportar decenas de miles de familias afectadas y, posteriormente, las cifras oficiales consolidaron una afectación aún mayor en Córdoba. UNICEF reportó 202.261 personas afectadas, 80.697 familias damnificadas y 23.863 viviendas no habitables.
La UNGRD, un capítulo aparte del gobierno Petro
Hablar de las emergencias durante el gobierno Petro obliga a hablar también de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una entidad que terminó marcada por uno de los mayores escándalos de corrupción de esa administración.
El caso de los carrotanques para La Guajira y las posteriores investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y utilización política de recursos golpearon severamente la credibilidad de la entidad.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en uno de los mayores episodios de presunta corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.
Aunque no existe hasta ahora una cifra judicial definitiva que permita afirmar que se “robaron” una cantidad determinada, las investigaciones han puesto bajo la lupa contratos y operaciones por cientos de miles de millones de pesos.
La Contraloría llegó a revisar un universo contractual cercano a $5 billones, mientras diferentes investigaciones han identificado operaciones cuestionadas por más de $1 billón y posibles detrimentos que inicialmente superaban los $250.000 millones.
El caso de los carrotanques destinados a La Guajira fue apenas una de las piezas más visibles de un entramado que involucró presuntos sobrecostos, contratos, intermediarios y posibles pagos a congresistas a cambio de respaldo político al Gobierno.
Por eso, más que hablar de un “robo de $5 billones”, resulta más preciso hablar de un escándalo de contratación de enorme magnitud, con más de $1 billón bajo especial escrutinio, mientras la justicia y los organismos de control continúan estableciendo cuánto dinero fue realmente desviado y quiénes fueron sus responsables.
Y eso resulta particularmente relevante ahora porque la UNGRD es precisamente una de las instituciones llamadas a responder frente al terremoto que recibe al nuevo Gobierno.
Durante la emergencia de Córdoba, el entonces director Carlos Carrillo utilizó un tono particularmente directo para advertir sobre la magnitud de la situación. La entidad llegó a reportar que unas 40.000 hectáreas estaban bajo el agua y que la emergencia superaba los escenarios más pesimistas.
Ese estilo de comunicación duro, político y en ocasiones confrontacional, también fue parte del debate sobre la gestión del riesgo durante los últimos años del gobierno Petro.
Y entonces llegó Abelardo de la Espriella
El nuevo presidente no tuvo período de gracia.
El 10 de agosto, apenas tres días después de asumir el poder, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al país.
De la Espriella suspendió actividades previstas y activó la respuesta gubernamental. Posteriormente se desplazó a las regiones afectadas, encabezó reuniones de coordinación y declaró la emergencia económica para disponer de herramientas adicionales frente a la magnitud del desastre.
El Gobierno también decretó tres días de duelo nacional y puso en marcha un esquema de coordinación con las autoridades territoriales y organismos de socorro.
Pero la primera gran dificultad apareció desde el comienzo: el terremoto encontró al nuevo gobierno todavía en proceso de instalación administrativa.
Al momento del desastre, la UNGRD aún estaba dirigida por Javier Pava, funcionario vinculado a la administración anterior. La designación del nuevo director, David Santiago Tamayo Roldán, se oficializó posteriormente y su posesión ocurrió en plena emergencia.
Es decir, De la Espriella recibió la tragedia cuando su gobierno apenas comenzaba a montar su estructura.
La polémica por la ayuda internacional
Otro punto de comparación aparece en la respuesta internacional.
En las primeras horas se generó controversia porque Colombia no aceptó inicialmente determinados equipos extranjeros de búsqueda y rescate. La decisión estuvo relacionada con las recomendaciones de la UNGRD que seguía bajo el poder del saliente gobierno.
Por esa polémica que generó la declaración fue posteriormente relevado por David Santiago Tamayo, designado por el nuevo gobierno en medio de la emergencia.”
Posteriormente, con la nueva conducción de la entidad, el Gobierno comenzó a aceptar y coordinar más asistencia internacional.
Estados Unidos terminó enviando equipos especializados USAR a solicitud de la administración De la Espriella, mientras México movilizó ayuda humanitaria y otros países y organismos internacionales anunciaron recursos.
Esto abre una discusión que apenas comienza: ¿Colombia tenía suficiente capacidad propia para enfrentar una tragedia de esta magnitud o debió aceptar desde el primer momento toda la ayuda internacional disponible?
La respuesta tendrá que evaluarse con evidencia y no únicamente desde la política.
Dos presidentes, dos emergencias y una misma pregunta
La comparación entre Petro y De la Espriella no puede reducirse a quién viajó o quién estuvo presente.
Petro tuvo emergencias en las que fue criticado por encontrarse fuera del lugar de la tragedia, como ocurrió con Quetame, y otras en las que estuvo personalmente en el territorio, como Córdoba.
De la Espriella, por su parte, recibió una emergencia de proporciones extraordinarias prácticamente al comenzar su mandato. La diferencia fundamental es que esta vez el presidente no heredó una emergencia de meses o años: heredó una tragedia que comenzó apenas tres días después de asumir el poder.
La evaluación de su gestión, por tanto, apenas comienza.
Pero hay una diferencia que ya resulta evidente: mientras Petro terminó su gobierno dejando a la UNGRD profundamente cuestionada por el escándalo de corrupción y por las controversias alrededor de su manejo político, De la Espriella recibió esa misma institución en medio de una emergencia y tuvo que cambiar su dirección prácticamente sobre la marcha.
Ahora la prueba no será solamente cuántas ayudas se anuncian.
Será qué tan rápido llegan, cómo se distribuyen, quién controla los recursos, qué municipios son priorizados, cuántas personas pueden ser rescatadas, cómo se reconstruyen las viviendas y, sobre todo, si el nuevo Gobierno logra evitar que una tragedia natural termine convertida en una tragedia administrativa.
Colombia ya conoce ese capítulo.
La historia de las emergencias del gobierno Petro dejó suficientes lecciones para que el gobierno de Abelardo de la Espriella sea medido no por sus discursos, sino por la velocidad, transparencia y eficacia con que responda a quienes hoy lo perdieron todo.
