La Fiscalía General de la Nación abrió una línea de verificación luego de que un abogado, cuyo nombre apareció como firmante de un correo electrónico y quién habría nombrado a varios oficiales de la Fuerza Pública en un presunto complot contra el presidente Gustavo Petro, asegura que nunca envió ese mensaje y que fue víctima de suplantación.
Se trata de José Fernando Picalúa Ochoa, quien le dijo formalmente al ente acusador que no se avanzara en la investigación con base a un documento que no le pertenecía. Desde ese momento, la credibilidad del origen del informe quedó en entredicho.
El caso, que ya genera ruido en círculos judiciales y políticos, plantea preguntas de fondo: ¿quién envió realmente el correo?, ¿con qué intención?, ¿y por qué se menciona a Barranquilla como posible punto de origen?
Ese vacío resulta determinante, porque las acusaciones más graves que circularon después no están soportadas en el documento que dio origen a la alerta. En otras palabras, la narrativa fue creciendo, mutando y endureciéndose sin respaldo verificable.
¿Le mintieron al Presidente sobre el general Urrego?
Cada vez toma más fuerza la hipótesis de que Edwin Urrego fue presentado ante el presidente Gustavo Petro como una amenaza con base en información incompleta, distorsionada o directamente falsa. El nombre del general terminó asociado a un relato que, con el paso de los días, adquirió dimensiones que no se corresponden con los documentos que dieron origen a la alerta inicial.
Hasta ahora, no existe una prueba documentada que lo vincule con un plan contra el Presidente. No hay evidencia judicial conocida que respalde los señalamientos más graves que circularon posteriormente.
Las versiones sobre sabotajes, montajes o acciones encubiertas no aparecen en la alerta original que llegó en octubre a los canales institucionales. Ese contraste es el que hoy pone en duda la forma como se procesó y transmitió la información hacia el más alto nivel del Ejecutivo.
Pese a ello, el impacto fue inmediato. El general Urrego fue retirado de la Policía Nacional de Colombia, una decisión de enorme peso institucional que, en la práctica, cerró su carrera y lo expuso públicamente como una figura bajo sospecha.
El retiro se produjo sin que mediara una imputación formal, sin apertura de un proceso penal conocido y sin una explicación sustentada en pruebas verificables ante la opinión pública.
Fuentes cercanas al caso señalan que el general quedó atrapado en una cadena de interpretaciones que fue creciendo a medida que la información subía de nivel. Una alerta genérica terminó convertida en una narrativa de alto riesgo político.
En ese tránsito, su nombre pasó de ser una referencia secundaria a convertirse en el eje de una decisión presidencial de alto impacto.
El episodio deja una inquietud profunda dentro y fuera de la institución policial. Si la información original no contenía los hechos más graves que luego se le atribuyeron, y si esas versiones no están respaldadas por evidencia judicial, la pregunta deja de ser retórica y se vuelve institucional: ¿quién reformuló el contenido y con qué criterios se le presentó al Presidente una historia distinta a la que estaba en los documentos?
Mientras esa respuesta no llegue, el retiro del general Urrego queda marcado por una sombra de duda que trasciende su caso personal y alcanza a los mecanismos de inteligencia, asesoría y toma de decisiones en el Estado.
Otro de los enfoques que aparece en el expediente apunta a documentos de origen administrativo, no judicial. En ellos se menciona al coronel Óscar Moreno por supuestas omisiones en sectores como Las Flores y Sabanilla, en Barranquilla.
Según el medio que tuvo acceso a esos documentos la Fiscalía General de la Nación conserva al menos uno, elaborado por una veeduría tras decisiones de Moreno contra otros oficiales en Puerto Colombia. No se trata de fallos ni sanciones, sino de escritos derivados de conflictos internos, lo que explica por qué su alcance jurídico es limitado.
Las revisiones internas y la consulta de su hoja de vida institucional no arrojan antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales que permitan cuestionar su trayectoria. Aun así, su nombre terminó apareciendo de manera tangencial en el mismo relato que señaló al general Edwin Urrego, sin que hasta ahora se haya explicado con claridad cuál era el nexo real entre ambos oficiales.
Para fuentes consultadas, esta vinculación parece responder más a una construcción narrativa que a hechos comprobables, lo que refuerza la tesis de que los nombres fueron agrupados sin sustento probatorio sólido, alimentando una sospecha que no se corresponde con los antecedentes reales del oficial.
Consultando a exmagistrado expresó “Como magistrado retirado, debo decir que me preocupa profundamente que en Colombia se empiece a normalizar el uso de anónimos y documentos de inteligencia especulativos para afectar la honra y la carrera de servidores públicos.
El Estado Social de Derecho no se construyó para gobernar con sospechas, sino con pruebas; no con inferencias, sino con decisiones judiciales.
Un informe que se apoya en expresiones como ‘no se descarta’ o ‘podría considerarse’ no puede justificar ni un retiro, ni una estigmatización, ni mucho menos la insinuación de conductas terroristas. Eso no es derecho: eso es arbitrariedad.
Si las autoridades administrativas actúan por presión mediática o conveniencia política, los jueces constitucionales tienen no solo la facultad, sino el deber de corregir esas decisiones, incluso ordenando reintegros y reparaciones.
La Constitución no protege cargos, protege derechos. Y cuando el Estado los vulnera, debe responder.” detalló el experimentado togado.
¿Quién pudo estar detrás?
Las hipótesis se mueven lejos del enemigo externo. Las miradas apuntan hacia adentro.
Se evalúa la posibilidad de que un actor cercano al poder haya amplificado el contenido. Un aliado con acceso a información reservada. Un funcionario con agenda propia. Incluso alguien del entorno político asociado a figuras como Armando Benedetti.
Otra línea apunta a un subalterno inconforme. Alguien que se sintió aludido o desplazado por el general Urrego. Alguien que entendió que, en un clima de máxima sensibilidad, una alerta mal planteada podía hacer más daño que una acusación directa.
También aparece Barranquilla en los análisis preliminares sobre el rastro del correo. No como certeza, sino como pista técnica aún por verificar. Los expertos recuerdan que el origen digital puede ser manipulado con facilidad.
Conviene recordar un contexto que suele omitirse. Cuando el general Edwin Urrego llegó a Barranquilla, su gestión produjo tensiones internas evidentes.
De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, tomó decisiones que cerraron espacios a prácticas irregulares dentro de la institución, restringieron contactos informales con actores externos y activaron procesos de depuración en el área metropolitana. Ese giro operativo afectó intereses instalados desde hacía años y tocó fibras sensibles en mandos medios y redes internas.
En ese contexto aparece información sensible que hoy es materia de verificación. Fuentes señalan la existencia de audios en poder de autoridades en los que se escuchan conversaciones del tipo: “Mi general está en Bogotá, pero cuando llega”.
El contenido, aún bajo análisis técnico, sugiere filtraciones internas sobre movimientos de altos oficiales. No se presenta como prueba concluyente, pero sí como un indicio de que sectores infiltrados dentro de la institución habrían estado entregando información a bandas criminales para anticipar operativos o ajustar sus acciones.
Para investigadores consultados, ese antecedente ayuda a entender por qué el nombre de Urrego genera reacciones encontradas. Su llegada a Barranquilla alteró equilibrios informales, incomodó a quienes se beneficiaban de la opacidad y expuso una vulnerabilidad crítica: la fuga de información desde dentro de la propia fuerza. En ese escenario, no resulta extraño que surgieran intentos de desacreditar liderazgos o de asociarlos a relatos que no estaban sustentados en documentos formales.
Por su parte la Fiscalía está evaluando si efectivamente hubo suplantación de identidad y quién podría estar detrás del documento anónimo.
El general Edwin Urrego podría tomar acciones legales para limpiar su nombre y dejar constancia de que los señalamientos no tenían sustento. Aun así, el daño ya está hecho. El retiro y la sospecha pública pesan más que cualquier decisión judicial posterior.
