El retiro del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza de la Policía Nacional de Colombia fue oficializado mediante el Decreto 0147 del 11 de febrero de 2026 bajo la figura administrativa de “llamamiento a calificar servicios”.
La decisión se produjo después de que el presidente Gustavo Petro hablara públicamente en un consejo de ministros en Montería, de un supuesto plan para “sembrar drogas” en el vehículo presidencial y afectar una reunión con el presidente Donald Trump. Posteriormente, medios identificaron a Urrego como el oficial aludido en declaraciones.
El supuesto complot y las dudas operativas
El señalamiento presidencial describe la posible “siembra” de drogas en un vehículo oficial del jefe de Estado. Se trata de una acusación de alta gravedad institucional.
Según expertos en seguridad presidencial consultados por este medio, el esquema de protección del mandatario colombiano funciona bajo protocolos estrictos y escalonados. Los vehículos oficiales son blindados y permanecen bajo custodia permanente. El acceso físico está limitado al personal autorizado. Existen controles internos sobre el parque automotor y revisiones técnicas periódicas.
El vehículo presidencial no opera como un automotor convencional. No puede ser intervenido libremente. No es objeto de requisas ordinarias por parte de patrullas regulares. Cualquier procedimiento de inspección implicaría coordinación institucional de alto nivel.
Los especialistas explican que para que ocurriera una “siembra” de drogas tendrían que coincidir varios factores críticos: Acceso directo al vehículo bajo custodia, Fallas simultáneas en los protocolos interno, .Ausencia de control en el anillo de seguridad, Posible participación o negligencia dentro del esquema de protección. Cada uno de estos escenarios supone una vulneración grave del sistema.
En desplazamientos internacionales, el mandatario viaja en aeronaves oficiales. A su llegada al país anfitrión, los traslados se realizan bajo logística coordinada con autoridades diplomáticas y de seguridad del país receptor. El control del entorno es más riguroso.
Hasta el momento no se ha explicado públicamente en qué punto del protocolo habría ocurrido la supuesta manipulación. Tampoco se ha informado qué autoridad habría detectado la sustancia ni bajo qué procedimiento formal se habría realizado una eventual inspección.
Los expertos señalan que una alerta de inteligencia puede activar revisiones preventivas internas. Un señalamiento público requiere un nivel de verificación superior. La diferencia entre una advertencia preliminar y una acusación formal es sustancial.
La magnitud del hecho descrito contrasta con la ausencia de detalles técnicos conocidos. La investigación institucional deberá determinar si existían elementos operativos concretos o si se trataba de una hipótesis en fase inicial de análisis.
Un elemento adicional ha llamado la atención en medio de la controversia. Según fuentes consultadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría estado inicialmente invitado a acompañar al presidente Gustavo Petro en el viaje donde supuestamente se habría producido el intento de entrampamiento.
Finalmente, no hizo parte de la comitiva. No existe información oficial que explique si su ausencia obedeció a ajustes logísticos, razones de agenda o cambios de última hora.
Sin embargo, en el contexto de las tensiones políticas previas y de su protagonismo en la defensa del señalamiento, el dato ha despertado interrogantes en sectores políticos.
La pregunta que algunos se hacen.
¿Fue una coincidencia de agenda o existía algún contexto adicional detrás de esa ausencia?
Por ahora, no hay respuesta oficial que permita ir más allá de la especulación.
La pregunta no es si el Gobierno puede retirar a un general. Puede hacerlo.
La pregunta es si el contexto que rodeó esa decisión estuvo plenamente verificado.
La versión del general
La entrevista concedida por el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza a Caracol Radio abrió un nuevo frente en la controversia que rodea su salida de la Policía Nacional de Colombia.
Más allá del supuesto complot denunciado por el presidente Gustavo Petro, el oficial reveló que existieron “otras situaciones” relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que también generaron inconformidad.
El general confirmó que esos episodios fueron tratados institucionalmente, pero evitó entregar detalles. Urrego negó categóricamente cualquier participación en un complot. Dijo no haber tenido contacto con el vehículo presidencial. Afirmó no haber sido notificado de proceso penal alguno. Se mostró dispuesto a someterse a verificaciones.
Durante la conversación radial, Urrego afirmó que el allanamiento realizado en Barranquilla no fue el único episodio que generó tensión.
“No fueron las únicas situaciones que se presentaron”, dijo al ser consultado por el periodista Julio Sanchez.
Ante la pregunta directa sobre si esas circunstancias tenían relación con el ministro Benedetti, respondió afirmativamente, aunque reiteró que no podía ampliar la información.
“Por ahora no puedo hablar al respecto”, sostuvo en varias oportunidades.
El general explicó que esos hechos fueron informados a sus superiores dentro de la Policía y que se manejaron por el conducto regular. Indicó que no se judicializaron y que quedaron en el ámbito institucional. Según su relato, fueron situaciones que “acontecieron” y que “fueron aclaradas en su momento”, aunque reconoció que generaron incomodidad.
Urrego también dejó abierta la posibilidad de acudir a la justicia si considera que su retiro fue injustificado.
Señaló que defenderá su nombre y su honra, y afirmó que las declaraciones del presidente tienen “trascendencia penal”, por lo que deberán aclararse.
En la misma entrevista recordó que, durante su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, se adelantaron investigaciones que derivaron en capturas relevantes, entre ellas la de “Papá Pitufo” en España.
La investigación ordenada por el Ministerio de Defensa Pedro Sanchez será clave para establecer el sustento de los señalamientos y el contexto completo en el que se produjo la salida del oficial.
Fuentes consultadas por este medio señalan que el general venía manteniendo una línea operativa estricta frente a estructuras criminales y que existían tensiones previas con sectores políticos.
La sombra de la duda
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió públicamente a las declaraciones del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza con señalamientos directos.
Benedetti aseguró que la salida del oficial no tuvo relación con el allanamiento practicado en su residencia el 11 de noviembre, diligencia que ha calificado como ilegal.
“A él lo votan es por un informe de inteligencia donde quería hacer un entrampamiento al señor Presidente de la República”, afirmó.
El ministro agregó que el retiro también estaría relacionado con su paso por la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, aludiendo a “actos sospechosos en ese pasado”.
Algunos sectores interpretan que la firmeza del ministro frente al caso refleja una convicción institucional. Otros consideran que el tono y la insistencia generan serias dudas.
Esas versiones no constituyen prueba de retaliación. Sí configuran un contexto donde surgen interrogantes:
¿En qué momento específico se habría ejecutado la supuesta “siembra”?
¿Qué autoridad habría tenido competencia para inspeccionar el vehículo presidencial?
¿Bajo qué procedimiento habría sido detectada la sustancia?
¿Existía información concreta de una operación planificada o solo una alerta preventiva?
Sin claridad sobre estos puntos, el supuesto complot queda en el terreno de lo hipotético.
No existe prueba de que el ministro del interior haya presionado indebidamente en la salida del General Urrego de la institución pero existe, sin embargo, una percepción creciente de tensión previa.
Benedetti vs. Urrego
Benedetti es uno de los políticos más investigados en Colombia en la última década, enfrentando múltiples procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento y tráfico de influencias, muchos de ellos aún en curso o en etapas preliminares. Algunas investigaciones han generado polémica por la actitud confrontacional del funcionario ante la justicia, lo que ha ampliado el debate en medios y redes.
En algunos reportes periodísticos se mencionan escándalos en su vida personal o insinuaciones de comportamientos controversiales, si bien no siempre vinculados a procesos judiciales concluidos. Pero lo delicado es que existen serios rumores que estaría supuestamente investigado por autoridades Americanas e incluido en la lista Clinton.
También es investigado por escándalos por audios y confrontaciones internas. Durante su carrera Benedetti ha estado en el centro de filtraciones de audios y confrontaciones públicas con colegas y funcionarios.
Incluyen presuntos delitos como: Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo). Se le acusa de posible tráfico de influencias o intervención indebida, Presunta compra de votos. procesos por supuestas maniobras para beneficiar a terceros con permisos o contratos estatales, favorecimiento irregular a empresas y otros actos de corrupción, por presunto enriquecimiento ilícito.
Según medios, el ministro afronta al menos siete investigaciones penales ante la Corte Suprema de Justicia que surgieron de su época como senador.
Benedetti ha sido una figura de confrontación pública constante. Su estilo político es directo. Su trayectoria ha estado marcada por investigaciones y controversias.
Por su parte en mas de tres décadas al servicio en la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza es descrito por subalternos y compañeros como un comandante exigente en lo operativo y cercano en el trato personal. Oficiales que trabajaron bajo su mando lo señalan como un jefe de carácter firme, enfocado en resultados, pero respetuoso de la cadena de mando y del bienestar de su equipo. Durante su paso por unidades como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y otras dependencias, consolidó una imagen de liderazgo técnico y disciplinado, con énfasis en la lucha contra estructuras criminales complejas. En el ámbito interno, su perfil ha sido asociado a la rigurosidad, la planificación estratégica y el cumplimiento estricto de la ley, rasgos que, según quienes lo conocen, marcaron su estilo de comando a lo largo de su carrera.
Según información oficial, Urrego ha recibido más de 217 felicitaciones y 62 condecoraciones, que destacan su liderazgo, vocación de servicio y contribución al cumplimiento de la misión de la Policía Nacional. En medio de los recientes señalamientos públicos, fuentes oficiales y análisis periodísticos han destacado que no existe actualmente denuncia penal formal o proceso judicial conocido contra Urrego en la Fiscalía General de la Nación.
Medios también han reportado que varios sectores interpretan su trayectoria como la de un oficial con experiencia en inteligencia, investigación judicial y operaciones de alto impacto, y que el señalamiento reciente generó una ola de reacciones sobre la posible necesidad de mayor transparencia en el manejo de inteligencia.
Durante su comandancia en Barranquilla, Urrego lideró operativos contra estructuras criminales urbanas y redes asociadas a economías ilegales. Sectores locales señalan que impulsó capturas de cabecillas, fortaleció inteligencia y aumentó la presión operativa en zonas críticas.
Fuentes institucionales sostienen que mantuvo una línea estricta frente a intentos de acercamientos informales por parte de estructuras ilegales. Según esas versiones, no sostuvo reuniones extrainstitucionales ni abrió canales ambiguos de interlocución.
En la ciudad, varios sectores consideran que su estrategia debilitó estructuras que mantenían control territorial en sectores del área metropolitana. Este recorrido es uno de los elementos que hoy citan quienes resaltan la experiencia investigativa del general Urrego y su perfil operativo frente a estructuras criminales de alto nivel.
Actualmente se había nombrado como comandante en Santiago de Cali, un nuevo reto complejo ya que la capital del Valle es considerada una de las ciudades más complejas del país en materia de seguridad, donde se concentra dinámicas asociadas a economías ilegales, presencia histórica de estructuras criminales y disputas por control territorial. La Policía Metropolitana de Cali maneja uno de los mayores pies de fuerza del país y enfrenta retos permanentes en homicidios, narcotráfico urbano, microtráfico y redes de crimen organizado. Ser designado en esa comandancia implica asumir una responsabilidad operativa de alto nivel, con presión institucional y política constante, además de coordinación directa con autoridades locales, Fiscalía y organismos de inteligencia.
El costo de un error
Si en el futuro se llegara a establecer que la información que motivó el retiro era errónea o insuficientemente verificada, el escenario jurídico podría ser complejo.
Especialistas en derecho administrativo advierten que una decisión basada en información defectuosa podría abrir la puerta a una demanda por nulidad del acto y restablecimiento del derecho. El Estado podría enfrentar reclamaciones por daño reputacional y perjuicio profesional. No sería la primera vez que una decisión administrativa termina costándole recursos al erario.
Más delicado aún sería el impacto sobre el sistema de inteligencia. Si la percepción pública se instala en la idea de que la inteligencia puede ser utilizada en medio de tensiones políticas, el daño institucional sería profundo.
La inteligencia existe para anticipar amenazas reales contra la seguridad nacional. No para alimentar controversias sin desarrollo técnico claro.
El presidente recibe información estratégica. Esa información debe ser rigurosamente verificada. Los filtros técnicos son fundamentales. Un error en ese nivel no solo afecta a una persona. Afecta la estabilidad institucional.
La seguridad presidencial es asunto serio.
La reputación de un oficial también.
El uso responsable de la inteligencia es un deber del Estado.
La investigación ordenada por el Ministerio de Defensa deberá esclarecer si la alerta tenía sustento sólido o si se trató de una interpretación que no superó los estándares necesarios.
Si todo estuvo correctamente verificado, el Gobierno quedará respaldado.
Si no lo estuvo, el país enfrentará un debate mayor sobre controles y responsabilidades.
El caso no se resuelve con declaraciones fuertes ni con insinuaciones. Se resuelve con evidencia.
La salida del general Urrego deja una inquietud institucional:
¿Se actuó con información plenamente corroborada o se tomó una decisión que aún necesita explicación técnica detallada?
El tiempo, y eventualmente la justicia, dirán si se trató de una medida preventiva legítima o de un error que podría costarle al Estado en reputación y en recursos.
