El activista de 30 años recibió una nueva condena por presunta colaboración con fuerzas extranjeras, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Estados Unidos y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la decisión, mientras China rechazó las críticas internacionales.
Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves 5 de noviembre al reconocido activista prodemocracia Joshua Wong a diez años adicionales de prisión, tras declararlo responsable de conspirar para colaborar con fuerzas extranjeras, en un proceso adelantado bajo la Ley de Seguridad Nacional que China impuso en 2020.
Wong, de 30 años, ya se encontraba privado de la libertad desde 2020 y cumplía una condena de cuatro años y ocho meses por su participación en una primaria no oficial del movimiento prodemocracia. Antes de este nuevo proceso, se esperaba que recuperara su libertad en enero de 2027. Con la nueva sentencia, su permanencia en prisión podría extenderse hasta finales de 2036, según reportes de agencias internacionales.
La acusación sostuvo que Wong habría participado en una conspiración con el activista exiliado Nathan Law y otras personas para solicitar a gobiernos, organizaciones e individuos extranjeros la imposición de sanciones, bloqueos u otras medidas contra Hong Kong y China.
El activista se declaró culpable en septiembre. Durante la lectura de la sentencia, el juez William Tam calificó las actuaciones atribuidas a Wong como graves y consideró que la pena debía reflejar la naturaleza de los hechos.
De líder estudiantil a referente internacional
Joshua Wong alcanzó reconocimiento internacional cuando todavía era adolescente. En 2012 participó en las movilizaciones estudiantiles contra una propuesta educativa del Gobierno de Hong Kong y, posteriormente, se convirtió en una de las figuras más visibles del llamado Movimiento de los Paraguas de 2014.
Aquellas protestas reclamaban mayores garantías democráticas y elecciones con participación ciudadana efectiva para escoger a las autoridades de la ciudad.
En 2019 volvió a ocupar un lugar destacado durante las movilizaciones contra un proyecto de extradición que habría permitido trasladar personas desde Hong Kong hacia China continental. Las manifestaciones evolucionaron hasta convertirse en un movimiento más amplio de oposición política.
En 2020, Pekín impuso una Ley de Seguridad Nacional que contempla delitos relacionados con secesión, subversión, terrorismo y colaboración con fuerzas extranjeras. Las autoridades chinas defendieron la norma como una herramienta para recuperar la estabilidad; sus críticos sostienen que ha servido para restringir la oposición política, la libertad de expresión y la actividad de organizaciones civiles.
Reacciones internacionales y controversia
La nueva condena provocó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones defensoras de derechos humanos. El consulado de Estados Unidos en Hong Kong condenó la decisión y pidió la liberación inmediata del activista.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también cuestionaron el fallo. Sus representantes consideran que la legislación de seguridad nacional está siendo utilizada para castigar expresiones de disenso político.
Por su parte, el Gobierno chino rechazó las declaraciones extranjeras y sostuvo que los asuntos judiciales de Hong Kong deben ser respetados, en defensa de su soberanía y de su sistema legal.
El caso vuelve a poner en el centro del debate internacional el alcance de la autonomía de Hong Kong y las garantías de libertades que debían mantenerse bajo el principio de “un país, dos sistemas”, establecido tras la transferencia de soberanía del territorio del Reino Unido a China en 1997.
La condena de Wong se convierte así en un nuevo episodio de la confrontación entre las autoridades de Pekín y los sectores que reclaman mayores libertades políticas en Hong Kong.
