El asesinato del comunicador Julián Hincapié vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones en las que periodistas y comunicadores ejercen su labor en Colombia.
Antioquia, especialmente en zonas rurales y territorios donde existe presencia de grupos armados ilegales, enfrenta un escenario particularmente preocupante. Sin embargo, el riesgo no se limita a este departamento. En distintas regiones del país, periodistas locales, comunitarios e independientes han denunciado amenazas, intimidaciones, presiones y agresiones por informar sobre corrupción, criminalidad, política y otros asuntos de interés público.
El caso de Hincapié debe ser esclarecido de manera urgente. Además de determinar quiénes fueron los responsables de su muerte, las autoridades tienen el deber de establecer si existe alguna relación entre el crimen y su actividad como comunicador.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por la desaparición y posterior asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario de Anorí, Antioquia, y pidió a las autoridades esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si su labor como comunicador tuvo alguna relación con el crimen.
La organización también ha advertido sobre el grave riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la comunicación en territorios donde operan grupos armados, una situación que no solo afecta a periodistas, sino también a camarógrafos, reporteros gráficos y demás integrantes de los equipos de prensa, quienes viven en constante zozobra mientras cumplen con su trabajo.
No se puede normalizar que informar tenga un precio tan alto.
El caso de Hincapié se suma al de Mateo Pérez, otro comunicador asesinado, y evidencia un escenario que debería generar una respuesta mucho más contundente por parte de las autoridades.
A esto se agregan las amenazas que reciben constantemente reporteros y equipos periodísticos. En muchas ocasiones, quienes están detrás de una cámara son los primeros en llegar al lugar de los hechos y también quienes quedan expuestos frente a actores armados, delincuentes o personas que pretenden impedir que una situación sea registrada.
La zozobra se convierte entonces en parte del oficio.
Salir a cubrir una noticia, realizar una transmisión, tomar fotografías o grabar un operativo puede significar enfrentarse a amenazas, intimidaciones, agresiones o presiones para entregar material periodístico.
Y existe una realidad que pocas veces se visibiliza: cuando un periodista es amenazado, muchas veces todo su equipo queda expuesto.
Por eso, las medidas de protección no deberían concentrarse exclusivamente en quienes aparecen como titulares de una investigación o firman una publicación. También deben tenerse en cuenta las condiciones de seguridad de quienes los acompañan y hacen posible el trabajo periodístico.
El periodismo cumple una función esencial en una democracia: investigar, preguntar, denunciar, contrastar información y poner en conocimiento de la ciudadanía aquello que algunos sectores preferirían mantener oculto.
Cuando un periodista es amenazado, silenciado o asesinado, no solamente se ataca a una persona. También se afecta el derecho de toda una comunidad a estar informada.
Por eso, el Estado debe fortalecer las medidas de prevención y protección, especialmente para quienes trabajan en regiones apartadas y donde las instituciones tienen dificultades para garantizar su presencia efectiva.
Pero también es necesario que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Un crimen contra un periodista que queda en la impunidad puede convertirse en un mensaje de intimidación para todos los demás comunicadores.
Desde Antioquia hasta La Guajira, desde el Caribe hasta el sur del país, ejercer el periodismo no debería significar exponerse a perder la vida.
Informar no es un delito. Investigar tampoco. Colombia necesita garantías reales para quienes ejercen el periodismo y resultados contundentes contra quienes intentan silenciarlo.
