La administración de Gustavo Petro terminó, pero los procesos de control y las investigaciones sobre actuaciones de sus funcionarios continúan. Contratación, pasaportes, inteligencia, medios públicos y manejo de recursos aparecen entre los principales frentes.
El Gobierno de Gustavo Petro dejó una extensa lista de actuaciones administrativas y decisiones que ahora permanecen bajo revisión de los organismos de control y de la justicia.
Uno de los casos más recientes se encuentra en la Cancillería, donde la Procuraduría advirtió deficiencias relacionadas con la contratación de prestación de servicios. El organismo de control llamó la atención sobre 1.053 contratos por $83.742 millones, suscritos entre agosto de 2025 y febrero de 2026, y pidió adoptar correctivos en la planeación, justificación y supervisión de estos procesos.
El Ministerio Público también ha puesto bajo la lupa otros asuntos de esa cartera, entre ellos el proceso relacionado con la elaboración de pasaportes y el convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional.
Los cuestionamientos no se concentran en una sola entidad.
Durante los últimos meses del gobierno Petro, diferentes organismos de control abrieron investigaciones o indagaciones relacionadas con contratos, convenios, decisiones administrativas y actuaciones de funcionarios.
En algunos casos se trata de investigaciones disciplinarias; en otros, de indagaciones preliminares o procesos judiciales. Ninguna de estas actuaciones equivale por sí misma a una condena, y corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades individuales.
Pero la cantidad y diversidad de expedientes han convertido la gestión del anterior Gobierno en uno de los principales focos de revisión institucional para la nueva administración.
Laura Sarabia, también en el radar judicial
Entre los casos de mayor relevancia se encuentra el de Laura Sarabia, quien ocupó varios cargos de alto nivel durante el gobierno Petro.
La Fiscalía anunció una imputación en su contra dentro del caso relacionado con el polígrafo practicado a Marelbys Meza. La investigación busca determinar las responsabilidades que puedan derivarse de las actuaciones ocurridas alrededor de ese episodio.
La imputación tampoco significa una condena. Será la justicia la encargada de establecer si existieron delitos y quiénes serían responsables.
La inteligencia estatal, otro frente de controversia
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) también quedó en el centro de diferentes actuaciones de control.
Entre los asuntos revisados se encuentran presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales relacionados con el caso de alias ‘Papá Pitufo’, así como denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales.
Los organismos de control deberán establecer si las actuaciones denunciadas ocurrieron, quiénes participaron y si existieron órdenes y soportes legales para las operaciones cuestionadas.
Medios públicos bajo investigación
El manejo de los medios públicos también generó actuaciones disciplinarias.
La Procuraduría abrió investigaciones relacionadas con la gestión de RTVC y el posible uso de medios estatales para favorecer determinadas agendas políticas.
El expediente deberá establecer si desde la administración de la entidad se impartieron instrucciones que pudieran haber comprometido la independencia de los medios públicos.
A estos casos se suman investigaciones relacionadas con otras entidades de la administración Petro, entre ellas el Ministerio del Deporte, donde la Procuraduría revisó posibles irregularidades en convenios y aspectos relacionados con su planeación y ejecución.
El panorama muestra que los cuestionamientos no están concentrados exclusivamente en un funcionario o ministerio. Contratación, convenios, inteligencia, pasaportes, medios públicos y manejo administrativo aparecen en distintos expedientes abiertos por las autoridades.
La nueva administración recibe los expedientes
Con el cambio de Gobierno, buena parte de estas actuaciones continuará su curso independientemente de quién ocupe actualmente los cargos.
Los organismos de control tendrán que determinar cuáles casos corresponden a errores administrativos, cuáles pudieron constituir faltas disciplinarias y cuáles, eventualmente, podrían tener consecuencias penales.
La revisión deberá sustentarse en contratos, documentos, registros presupuestales, actas, testimonios y demás elementos probatorios.
Por ahora, lo jurídicamente correcto es hablar de funcionarios investigados, indagados o cuestionados, no de funcionarios culpables, hasta que existan decisiones definitivas.
Lo que sí deja el cierre de la administración Petro es un amplio conjunto de expedientes que ahora deberán avanzar hasta establecer responsabilidades y determinar si detrás de las irregularidades denunciadas hubo simples fallas de gestión o conductas con consecuencias disciplinarias, fiscales o penales.
