MinDefensa confirmó acciones urgentes para esclarecer la retención de dos ciudadanos y combatir las extorsiones de grupos armados ilegales en zonas rurales del departamento.
El Ministerio de Defensa Nacional anunció una ofensiva institucional en el departamento del Caquetá tras las graves denuncias sobre retenciones ilegales, extorsiones, intimidaciones y presiones armadas contra comerciantes, ganaderos y habitantes de zonas rurales.
En un comunicado emitido este 25 de agosto de 2026, la cartera de Defensa rechazó de manera categórica el denominado “constreñimiento ilegal” y aseguró que el Estado no permitirá que grupos armados ilegales restrinjan la libertad personal ni el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones políticas.
Uno de los hechos que concentra la atención de las autoridades es la retención de dos ciudadanos en inmediaciones de Villalobos, zona rural de San Vicente del Caguán, quienes, según la denuncia conocida por las autoridades, habrían sido privados de su libertad después de que en sus teléfonos celulares fueran encontrados adhesivos o stickers y publicidad relacionada con el presidente Abelardo De La Espriella.
El Ministerio de Defensa aclaró que estos hechos se encuentran en proceso de verificación oficial, mientras la Fuerza Pública y los organismos competentes adelantan las labores para establecer qué ocurrió, cuándo se produjeron las retenciones y quiénes estarían detrás de ellas.
Buscan establecer el paradero de los ciudadanos
La prioridad de las autoridades, según el comunicado, es determinar el paradero de los dos ciudadanos y establecer con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron las retenciones.
Paralelamente, las autoridades buscan identificar la estructura armada que estaría detrás de estos hechos y a sus principales responsables. Dentro de las primeras informaciones aparece señalado un presunto cabecilla conocido con el alias de “Juan Carlos”, cuya responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades.
El caso se suma a otras denuncias de presión armada en diferentes zonas del departamento, donde habitantes han reportado extorsiones que alcanzarían entre 100 y 200 millones de pesos, además de amenazas, cobro de las denominadas “vacunas” e imposición de trabajos forzados.
Reunión de emergencia con el gobernador
Ante la gravedad de las denuncias, el ministro de Defensa sostuvo una reunión urgente con el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, con el propósito de conocer los detalles de inteligencia disponibles y coordinar acciones conjuntas.
De acuerdo con el Ministerio, durante el encuentro se acordó fortalecer el dispositivo de las Fuerzas Militares en el departamento y realizar cambios en los mandos regionales con el objetivo de impulsar una nueva ofensiva contra las estructuras ilegales.
El Gobierno busca frenar las extorsiones y recuperar las condiciones de seguridad para que los habitantes puedan denunciar las presiones de los grupos armados sin temor a represalias.
El Ministerio de Defensa reiteró que la protección de la población civil será una prioridad y advirtió que “la ley y la institucionalidad prevalecerán frente al chantaje de los violentos”.
