El proyecto de ley estatutaria plantea crear un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, endurecer penas, golpear las finanzas de estas estructuras y establecer un régimen especial para sus principales cabecillas.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley estatutaria denominado “Estatuto Antiterrorista”, una de las principales apuestas de su política de seguridad.
El borrador, conocido por medios de comunicación, tiene 116 páginas y será socializado este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal, antes de avanzar hacia el Congreso de la República.
La iniciativa busca dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas y operativas para enfrentar a organizaciones y actores considerados terroristas.
Una lista nacional de organizaciones y actores terroristas
Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, mecanismo que el propio proyecto compara, en su exposición de motivos, con instrumentos utilizados por Estados Unidos.
La inclusión en este registro tendría consecuencias importantes: las personas u organizaciones incluidas podrían quedar impedidas para contratar con el Estado y para acceder a determinados subsidios, beneficios, programas y recursos públicos.
El borrador contempla además un procedimiento para solicitar la salida del registro. La petición debería ser resuelta por el Consejo de Seguridad Nacional dentro de un plazo de 90 días. En caso de una respuesta negativa, el interesado podría acudir al Consejo de Estado.
Congelamiento de activos y golpe a las finanzas
Otra de las apuestas del estatuto es atacar las fuentes económicas de las estructuras señaladas como terroristas.
El borrador contempla medidas relacionadas con el congelamiento de cuentas y bienes, además de restricciones para acceder a recursos públicos. La intención del Gobierno es afectar las rentas que permiten operar a organizaciones armadas y criminales.
Nuevos delitos y aumento de penas
El proyecto también propone crear nuevos delitos y modificar las sanciones existentes para conductas relacionadas con el terrorismo.
Entre las actividades mencionadas aparecen el uso de drones, minería ilegal, explotación y comercialización de oro, hidrocarburos, secuestro, contrabando, trata de personas, narcotráfico, extorsión, delitos informáticos, delitos electorales, asonadas y ataques contra infraestructura crítica.
En determinadas circunstancias, cuando la conducta favorezca a una organización o persona incluida en el Registro Nacional, las penas podrían aumentar hasta en una tercera parte.
Un Alto Comisionado contra el Terrorismo
El estatuto plantea también la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
De acuerdo con el borrador, el funcionario sería designado directamente por el Presidente para un período de cinco años, sin posibilidad de reelección.
Además, el proyecto contempla facultades extraordinarias para que el presidente reglamente durante seis meses la estructura y funcionamiento de esta nueva oficina.
Régimen especial para los cabecillas
Otro de los puntos que genera atención es la propuesta de establecer un régimen penitenciario especial para los cabecillas de organizaciones terroristas.
El borrador contempla establecimientos o pabellones exclusivos, restricciones en las comunicaciones —salvo aquellas relacionadas con el ejercicio de la defensa— y limitaciones a las visitas, entre otras medidas.
También plantea mecanismos para inhibir las señales de telecomunicaciones dentro de estos pabellones.
Beneficios para quienes colaboren con la justicia
Aunque el proyecto endurece las medidas contra las organizaciones terroristas, también contempla beneficios para integrantes que colaboren de manera efectiva con las autoridades.
Según el borrador, quienes entreguen información relevante que contribuya a la desarticulación de estas estructuras podrían obtener reducciones de hasta el 60 % de la pena, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la iniciativa.
Operaciones militares y lucha contra organizaciones terroristas
El proyecto busca además facilitar la utilización de capacidades militares contra organizaciones consideradas terroristas. Entre las herramientas mencionadas en el borrador aparecen bombardeos y ataques aéreos, en el marco de las operaciones contra estas estructuras.
Este punto podría convertirse en uno de los principales focos del debate jurídico y político durante el trámite del proyecto.
El debate constitucional
Por tratarse de una ley estatutaria, la iniciativa requiere una mayoría absoluta en el Congreso y debe ser aprobada durante una sola legislatura. Posteriormente tendrá revisión previa de la Corte Constitucional.
El proyecto ya genera posiciones encontradas.
Sectores de oposición han cuestionado especialmente que el registro pueda incluir no solamente organizaciones sino también personas, por las posibles consecuencias sobre sus derechos, patrimonio y buen nombre. El senador Iván Cepeda ha expresado públicamente fuertes críticas al contenido conocido del borrador.
Desde el Gobierno, por su parte, la iniciativa es presentada como una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado frente a organizaciones armadas y criminales.
El proyecto apenas comienza su recorrido
El llamado Estatuto Antiterrorista de Abelardo de la Espriella no es todavía una ley. El texto conocido corresponde a un borrador que será discutido primero en las instancias correspondientes y posteriormente deberá superar el trámite en el Congreso y el examen de constitucionalidad.
El debate que se abre ahora será determinar hasta dónde pueden llegar las nuevas facultades del Estado en la lucha contra el terrorismo sin afectar las garantías y derechos establecidos por la Constitución de 1991.
El Espacio Noticias seguirá el trámite del proyecto y analizará los artículos más controvertidos una vez el Gobierno presente oficialmente el texto ante el Congreso.
