Caso UNGRD: Corte Suprema ordena mantener bajo custodia a la senadora Marta Peralta durante su indagatoria
El monumental escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó en las últimas horas su capítulo más tenso tras una drástica determinación judicial contra la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta Epieyú. El despacho de la magistrada Cristina Lombana, perteneciente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, determinó que la congresista permanezca bajo custodia para garantizar la continuidad de su diligencia de indagatoria.
La decisión se adoptó debido al riesgo detectado de una posible no comparecencia de la investigada, luego de que su comparecencia inicial requiriera de una orden de conducción forzada ejecutada por la Policía Judicial. Tras suspenderse la sesión nocturna, se ordenó el traslado preventivo de Peralta a las instalaciones de la DIJIN de la Policía Nacional con el fin de asegurar su presencia a primera hora de la mañana, cuando se reanudará la audiencia.
Un expediente que salpica las regiones y el Congreso
La indagatoria formal contra la presidenta del partido MAIS se desprendió de los testimonios clave entregados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. De acuerdo con las líneas de investigación de la Corte, se indaga el presunto interés y presión de Peralta para el direccionamiento de un contrato superior a los 2.170 millones de pesos destinado al mantenimiento de pozos y suministro de «maquinaria amarilla» en el departamento de La Guajira, presuntamente para favorecer a empresarios de su círculo cercano.
A la par de estas declaraciones, pesquisas periodísticas regionales divulgaron supuestos audios y chats que vincularían la ejecución de otros programas bandera de la entidad, como las «ollas comunitarias» y obras de mitigación hídrica (jagüeyes), con presuntas dinámicas de financiación y logística electoral en el norte del país durante los comicios locales de 2023. El alto tribunal también busca establecer si existió una estrategia paralela coordinada para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Gobierno nacional a cambio de este reparto contractual.Ha negado de manera reiterada haber participado en el direccionamiento de contratos, en la asignación indebida de recursos públicos o en la selección manual de fundaciones en La Guajira u otras regiones.
Sostiene que sus comunicaciones y acercamientos con exfuncionarios de la UNGRD (como Olmedo López y Sneyder Pinilla) se limitaron exclusivamente al ejercicio legítimo de sus funciones como congresista, buscando gestionar soluciones ante la crisis humanitaria, alimentaria y de escasez de agua en su departamento.
La senadora descarta categóricamente haber sostenido acuerdos con contratistas o directivos para favorecer a terceros, así como cualquier vinculación con esquemas de financiación ilegal para campañas políticas con dineros del Estado.
Frente a la aparición de los chats, audios y las recientes medidas restrictivas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, la congresista y sus allegados afirman que el proceso responde a una «persecución política» y a un montaje orquestado por sus enemigos políticos para afectar su nombre y su rol visible dentro de la coalición del Pacto Histórico.
Ha reiterado su total voluntad de comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para defender su inocencia, bajo el argumento de que las acusaciones de los exdirectivos de la entidad carecen de sustento real y documental.
Las pruebas del entramado: Chats y audios que contradicen a la defensa
A pesar de las reiteradas declaraciones de la senadora Marta Peralta Epieyú insistiendo en que sus acercamientos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fueron puramente institucionales, una serie de chats y audios inéditos obtenidos por Metropolitano Noticias, la periodista Diana Saray – revela lo que sería una alianza sistemática y coordinada con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Estas comunicaciones exponen cómo se habrían instrumentalizado programas de asistencia humanitaria con fines políticos y de financiación electoral.
La logística de la «Marcha del Agua» y desvío de fondos comunitarios
Uno de los hallazgos más comprometedores sitúa la planeación de la marcha del 27 de septiembre de 2023 denominada en la región como la Marcha en Defensa del Agua— como una operación presuntamente financiada con recursos públicos de la UNGRD. Según el registro de los chats, Peralta y Pinilla coordinaron directamente una logística que incluyó el pago de tarimas, buses, desayunos y refrigerios por un valor estimado de 434 millones de pesos.
Paralelamente a las movilizaciones, las comunicaciones muestran el cuidado de la congresista por mantener un bajo perfil en público para evitar el escrutinio de la prensa local. En un intercambio explícito, tras declinar una cita en un restaurante por la presencia de periodistas, Peralta acordó un encuentro privado a las 8:00 p. m. con candidatos de su línea política en el conjunto residencial Santorini, en Riohacha, manifestando textualmente: «No puedo desaparecer en público».
Contratos «a dedo»: El caso de las Ollas Comunitarias en Manaure
El material probatorio detalla cómo semanas antes de los comicios regionales de 2023, Sneyder Pinilla le expuso a la senadora la distribución de las llamadas «ollas comunitarias», enviándole incluso esquemas hechos a mano y explicándole la duplicación de asignaciones en municipios como Albania, Barrancas, Dibulla y Hatonuevo.
El punto más álgido de la negociación contractual se evidencia cuando Pinilla le solicita a la senadora los documentos y requisitos del contratista que ella misma elegiría:
«Del contratista se necesita que envíe lo siguiente (…) al correo g-serviciossmd@gestiondelriesgo.gov.co… Cuando mandes todo eso, me mandas pantallazo de los correos».
En respuesta, la senadora suministró el nombre de la Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Wayúu y coordinó la entrega de los 20 sitios específicos para operar en Manaure. Solo seis días después de este cruce de mensajes, la UNGRD emitió una orden de proveeduría por 2.400 millones de pesos a favor de la fundación designada por Peralta.
El nexo con Santa Marta: Maquinaria y pozos artesanales (Jagüeyes)
Las indagaciones también salpican los proyectos destinados a mitigar la escasez hídrica mediante la construcción de jagüeyes. De acuerdo con los audios recopilados, Pinilla operaba bajo las directrices directas de la parlamentaria, a quien llegó a referirse bajo el apelativo de «jefe».
Las evidencias muestran que Peralta citó de urgencia a Pinilla a altas horas de la noche en su propia residencia para presentarle a Álvaro Andrés Celedón, entonces aspirante al Concejo de Santa Marta por la coalición ADN (de la cual formaba parte el partido MAIS). Al día siguiente, Pinilla solicitó formalmente el contacto de los delegados para «presionarlo, para que me entregue hoy los datos de los jagüeyes». Quince días posteriores a esta reunión, la firma Equipos y Construcciones Celedón S.A.S., vinculada al candidato recomendado, recibió un contrato superior a los 1.700 millones de pesos, el cual, según las denuncias, no llegó a ejecutarse en el territorio.
Este entramado de pruebas y chats inéditos, que ya se encuentran bajo la lupa de la Sala de Instrucción, constituyen los pilares fundamentales que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a ordenar la comparecencia y custodia de la senadora Marta Peralta en el marco de su indagatoria formal.
Por su parte, antes de ingresar al alto tribunal, la senadora Marta Peralta rechazó de forma tajante los señalamientos por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio que pesan en su contra. En declaraciones públicas y a través de sus redes sociales oficiales, la congresista desmintió los rumores iniciales de un allanamiento o captura con fines de reclusión permanente, catalogando el proceso como una «persecución política» motivada por su rol visible dentro de la coalición de gobierno.
Peralta insistió en que sus acercamientos con la UNGRD correspondieron de manera exclusiva a gestiones de carácter institucional para atender las necesidades históricas de escasez hídrica y alimentaria en La Guajira, sin que esto implicara participación directa en la selección de fundaciones o direccionamiento de recursos públicos.
El panorama judicial
Mientras la Fiscalía General de la Nación mantiene el rastreo administrativo sobre los contratistas y los particulares vinculados al desfalco de la UNGRD, el expediente de los aforados constitucionales sigue concentrado en la Sala de Instrucción. La permanencia bajo custodia de Peralta marca uno de los puntos más críticos del proceso, abriendo una profunda expectativa política en el Congreso de la República de cara a las decisiones definitivas que adopte la Corte Suprema una vez concluya la etapa de indagatorias.
