El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que una de las primeras iniciativas que presentará ante el Congreso será un proyecto de reforma constitucional para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna del país.
La propuesta no contempla trasladar la capital de Colombia de Bogotá a Barranquilla, sino establecer una segunda sede oficial del Gobierno Nacional desde donde el presidente y parte de su gabinete puedan despachar durante determinados periodos. Según De la Espriella, el objetivo es avanzar hacia una mayor descentralización del Estado y acercar las decisiones del Gobierno a las regiones.
El mandatario electo ha manifestado que Colombia ha sido administrada durante décadas bajo un modelo excesivamente centralista y que es momento de fortalecer el papel de las regiones, especialmente el de la Costa Caribe, en la toma de decisiones nacionales.
Para hacer realidad esta iniciativa será necesario modificar la Constitución mediante un acto legislativo, proceso que deberá surtir ocho debates en el Congreso de la República antes de convertirse en norma. Expertos en derecho constitucional señalan que este cambio no puede realizarse por decreto presidencial.
Como parte del proyecto, el Gobierno entrante también contempla adecuar espacios en Barranquilla para el funcionamiento de la Presidencia durante las jornadas de despacho en la ciudad. Entre los inmuebles que han sido mencionados se encuentran el histórico Edificio de la Aduana y el antiguo Batallón Paraíso.
La iniciativa ha recibido respaldo de diversos sectores de la región Caribe, que consideran que representaría un reconocimiento al papel económico y estratégico de Barranquilla, además de impulsar el desarrollo regional. Sin embargo, algunos expertos han advertido que la propuesta también plantea retos administrativos, logísticos y presupuestales, por lo que deberá ser ampliamente debatida en el Congreso.
De ser aprobada la reforma, Barranquilla se convertiría por primera vez en la historia de Colombia en una capital alterna reconocida por la Constitución, mientras Bogotá conservaría su condición de capital principal de la República.
