La circulación de videos y fotografías que muestran a varios internos celebrando una fiesta dentro de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla volvió a encender las alarmas sobre el control que ejercen algunas estructuras criminales desde las cárceles del país.
Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, muestran a reclusos compartiendo en lo que aparenta ser una celebración con música, celulares y bebidas alcohólicas, elementos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros penitenciarios.
De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, los protagonistas de la celebración serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños, organización señalada por las autoridades de participar en homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades delictivas en Barranquilla y su área metropolitana.
La divulgación del material audiovisual generó indignación ciudadana y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y vigilancia dentro del establecimiento penitenciario.
Tras conocerse los videos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desplegó operativos de registro y control dentro del penal.
Durante las inspecciones fueron hallados diversos elementos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, cargadores, audífonos, baterías, armas cortopunzantes de fabricación artesanal e incluso una nevera que presuntamente era utilizada por los internos involucrados en la celebración.
Como consecuencia de estos hallazgos, la entidad anunció la apertura de investigaciones disciplinarias para identificar plenamente a los reclusos que aparecen en las grabaciones. Entre las medidas que se estudian figuran cambios de pabellón y traslados a otros centros penitenciarios del país, con el propósito de romper posibles redes de coordinación criminal al interior de la cárcel.
La polémica también reabre el debate sobre la presunta corrupción dentro del sistema penitenciario. Para muchos observadores resulta difícil explicar cómo ingresaron al penal elementos como licor, dispositivos electrónicos y otros artículos restringidos sin la eventual participación o negligencia de funcionarios encargados de la vigilancia.
Precisamente, una de las líneas de investigación busca establecer si existieron complicidades que facilitaron el desarrollo de la fiesta y el ingreso de estos elementos.
El episodio no es aislado. Durante los últimos años, distintos operativos han permitido incautar decenas de celulares en cárceles de Barranquilla utilizados para coordinar extorsiones, amenazas y otros delitos desde los centros de reclusión. La situación ha generado reiterados llamados de organismos de control para fortalecer la seguridad y evitar que las cárceles continúen siendo centros de operación de organizaciones criminales.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar quiénes participaron en la celebración, cómo ingresaron los elementos prohibidos y qué responsabilidades disciplinarias o penales podrían derivarse de este nuevo escándalo que golpea la credibilidad del sistema penitenciario colombiano.
Las cárceles fueron concebidas para la resocialización y el cumplimiento de las penas, no para convertirse en centros de reuniones clandestinas de estructuras criminales. El caso de El Bosque vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta el Estado para recuperar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios».
