Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron enviados a prisión preventiva por su presunta participación en un caso de tortura contra un privado de la libertad en el oriente antioqueño, en un hecho que vuelve a poner en entredicho los límites del uso de la fuerza y los controles institucionales sobre los procedimientos policiales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían sacado al detenido mediante engaños de la estación de Policía de San Vicente Ferrer el 9 de julio de 2025 y lo trasladaron a una zona rural de La Ceja, donde presuntamente lo sometieron a amenazas extremas con el fin de obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero.
Según el material probatorio recaudado, el hombre fue esposado y llevado fuera del entorno oficial de custodia sin justificación aparente. En el lugar, los policías le habrían mostrado una pala y una pica, insinuando que sería enterrado si no entregaba la información que exigían. En medio de la presión, la víctima logró escapar y llegó hasta una finca en La Unión, donde recibió ayuda de civiles. Posteriormente, fue puesto en contacto con unidades de la Dijín de la Policía Nacional, ante las cuales se presentó voluntariamente, lo que permitió reconstruir lo ocurrido.
Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Rodolfo Herrera Hernández, quien se desempeñaba como subcomandante de la estación de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el detenido se había fugado durante un traslado médico, versión que hoy es cuestionada por los investigadores y que dio lugar a un cargo adicional en su contra por falsedad ideológica en documento público. Junto a Herrera Hernández fueron imputados los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, así como la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez, todos señalados de participar en los actos de tortura.
Un fiscal especializado de la Seccional Antioquia les imputó el delito de tortura, y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. No obstante, la defensa apeló la decisión ante un juez de segunda instancia, por lo que la situación jurídica de los uniformados aún no está en firme. El caso, que se encuentra en etapa preliminar, reabre el debate sobre posibles abusos de autoridad en procedimientos de custodia y traslado de personas privadas de la libertad, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión interna dentro de la institución policial.
